Menosprecia gobierno de Sonora exhorto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
HERMOSILLO, SONORA. MX.— El pasado 20 de diciembre de 2017, se dio a conocer a través del órgano informativo del Senado, el punto de acuerdo propuesto por Virgilio Dante Caballero y Delfina Gómez Álvarez, -diputados del Grupo Parlamentario de MORENA- por el que se exhorta al Gobierno de Sonora a instruir al durante la Secretario de Educación y Cultura para que procedan a la reinstalación inmediata de los 53 docentes injustamente cesados implementación de la retrógrada reforma educativa.
Este par de diputados, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con el propósito de detener las arbitrariedades que derivaron de la aplicación de una reforma laboral y administrativa, por demás injusta, transgresora del Estado de Derecho, la progresión de los derechos sociales y violatoria de Derechos Humanos, con las facultades que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -artículo 78, fracción III- y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos -artículos 58 y 59-, sometieron a consideración del pleno una proposición con punto de acuerdo.
En la exposición previa a dicho planteamiento se ofreció un acucioso y exhaustivo análisis sobre las consecuencias que trajo consigo la reforma al artículo 3o. constitucional y la posterior aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, entre ellas, la defensa de los derechos laborales de los docentes, lucha que se ha durante los últimos cinco años en las diferentes entidades federativas del país.
Durante este lapso, los profesores, obligados por las circunstancias han puesto en práctica distintas acciones con el propósito de exigir respeto a derechos adquiridos y manifestar su inconformidad por la violación a su esfera jurídica, entre ellas: mesas de negociación con autoridades, foros de análisis, eventos culturales, conferencias de prensa y ocupado edificios públicos, puentes fronterizos y vialidades, marchas, plantones y suspendido labores, todas las actividades han tenido el genuino interés de solucionar la problemática social que afecta no sólo al magisterio, sino a la sociedad en su conjunto.
La convicción se mantiene firme e inalterable, el magisterio exige la derogación de la reforma educativa y sus leyes secundarias, son violatorias de sus derechos laborales.
En el contexto nacional, Sonora no ha sido la excepción.
La profesora Zazueta Pillado, vocera de los maestros cesados señala que el movimiento magisterial en esta región se ha distinguido por su resistencia y firmeza, destaca que a partir de su aprobación -en diciembre de 2012-, los trabajadores de la educación se dieron a la tarea de emprender distintas acciones -foros, conferencias y diversas actividades académicas- con el propósito de difundir las implicaciones que tendría en los derechos laborales, la vida profesional y la estabilidad en el empleo de los docentes con el nuevo marco legal.
También en la recapitulación de los hechos, referentes a la lucha emprendida por los maestros, se reconoce que en Sonora la defensa de los derechos laborales se extendió a lo largo y ancho de sus límites geográficos, creando espacios para la libre manifestación de las ideas y la incorporación de docentes que habían estado reacios a participar e involucrarse en movimientos sociales.
Desde luego, en este oscuro pasaje de la historia en México y Sonora, NO PUEDE, NI DEBE PASAR INADVERTIDO el lamentable papel que han jugado el Comité Ejecutivo Nacional y Comités Ejecutivos Seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) al traicionar no sólo los ideales que dieron origen a su constitución en 1943 para el estudio, defensa y mejoramiento de sus intereses comunes, sino que a ultranza ha permitido el despojo descarado de los derechos de los agremiados a la organización, NADA más vergonzoso por parte de los que “dicen” representar los derechos de los trabajadores de la educación.
Pues, está visto que pusieron precio a sus puestos, a sus personas y “sobre todo a su libertad… para empujar al “despeñadero” al magisterio nacional”.
Es necesario traer a colación, mientras los maestros han organizan diversas acciones contra los intereses lesivos del gobierno federal y la SEP, los dirigentes de la sección 28 del SNTE “se tendían de tapete” para que la gobernadora coloque sus extremidades inferiores sobre ellos, sin cortapisa alguna…
¡Así cómo… pues!
Por otro lado, la desorganización sigue imperando en la SEC, la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente y el SNTE, los intereses son inocultables, no se respeta la prelación en la asignación de plazas, crece la disputa entre las partes, los “ganones” siempre son aquellos que poseen un “buen” padrino o madrina, situación similar se experimenta con los periodos establecidos en los nombramientos para personal interino asignado a los planteles, TODO, está peor que antes, la Ley General del Servicio Profesional Docente sólo ha servido para legitimar los intereses oscuros que mueven a los funcionarios que están en el primer círculo que “controla los hilos” en la dependencia educativa, manipulando el poder y a servidores públicos de mandos medios hacia abajo…
Durante este difícil trance, los docentes deben sentirse respaldados y fortalecidos con la solidaridad expresada por cientos de padres de familia, quienes embargados por la indignación y la inconformidad se han volcado en fehacientes muestras de apoyo hacia los docentes en la entidad, participando activamente en el paro nacional de una semana convocado –en su momento- por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Cabe destacar, que, durante las movilizaciones se han coreado múltiples consignas que aluden a la situación por la que atraviesan los docentes en México y la localidad, como: Gobernadora, Sonora no acepta maestros encarcelados y Oaxaca aguanta, Sonora se levanta.
En este orden de ideas, el recuento de la violencia y la represión en Nochixtlán, Oaxaca tuvo como resultado ocho muertos, más de 100 lesionados y 21 detenidos, escenario que conmovió a todo el país y detuvo la ofensiva del secretario de Educación Aurelio Nuño, obligándolo a negociar una solución al conflicto magisterial.
La represión no se detuvo, el 19 de septiembre suspendieron de la guardería a la hija de la profesora Marcela Zazueta afectando su derecho a la educación. De igual manera suspendieron definitivamente a la niña Selene Ceberos, hija de un matrimonio de maestros cesados de Cd. Obregón.
A dieciocho meses de su despido los profesores mantienen vivo su movimiento, han sostenido reuniones con el Secretario de Educación del Estado de Sonora, Ernesto de Lucas Hopkins y ante la falta de soluciones han tomado en dos ocasiones las instalaciones de la Secretaría, han recorrido las principales poblaciones del estado y de las entidades vecinas e incluso presentaron una demanda laboral en Washington denunciando que la reforma educativa pretende acabar con sus derechos como trabajadores de la educación.
El despido de los profesores que se oponen a la reforma educativa se ha realizado en forma arbitraria y discrecional en los diferentes estados de la República. Durante la presentación de los Resultados de la Evaluación 2015-2016, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño dio a conocer que de los 150 mil 86 docentes y directivos que fueron convocados a evaluarse, 15 mil 946 no lo hicieron. En Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero estados donde la CNTE tiene mayor presencia se concedió a 12 mil 586 profesores una “nueva oportunidad” para evaluarse y no fueron despedidos.
De la misma forma, mediante una negociación política el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) obtuvo la reinstalación de más de 600 docentes, argumentando que su inasistencia a la evaluación no fue atribuible a ellos, por lo que se presentarán cuando se “abra otra oportunidad”.
Incluso, funcionarios de la propia SEP informaron que en varios estados se suspendió el proceso de despido, establecido en el artículo 76 de la Ley del Servicio Profesional Docente, para evitar que aumentara la crispación magisterial a nivel nacional.
En el estado de Sonora, la gobernadora Claudia Artemiza Pavlovich decidió mantener cesados a los maestros inconformes con la reforma educativa. Como una medida de castigo la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha decidido prolongar el juicio por la reinstalación de los maestros cesados; promoviendo un incidente de incompetencia ante el Tribunal Contencioso Administrativo, por lo que la audiencia programada para realizarse el 5 de diciembre del presente año, en donde debían presentarse las pruebas y los alegatos, se difirió hasta el mes de febrero de 2018.
Es conveniente señalar que los profesores cesados por la SEP, son excelentes profesionistas, comprometidos con su trabajo, queridos por sus alumnos y por los padres de familia. La solidaridad con que se les ha cobijado así lo demuestra. Esos maestros son reconocidos como parte de los mejores y más dignos docentes que integran el sistema educativo estatal, por lo que deben ser reinstalados.
La decisión de reinstalar a los 46 docentes cesados la tiene la gobernadora, Claudia Pavlovich, por ello, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, para que instruya al secretario de Educación y Cultura la reinstalación inmediata de los 53 maestros cesados injustamente.
La lucha sigue… por ello, a partir del próximo 6 de febrero los docentes cesados instalarán un plantón en la Secretaría e Educación y Cultura en Sonora, las exigencias son: reinstalación, pago de sueldos caídos, disculpa pública por los represivos actos de que fueron víctimas en 2016, sin interrupción de las actividades propias de la dependencia, es decir, los accesos al inmueble permanecerán libres para no causar afectaciones a las operaciones educacionales y administrativas.
Marcela Zazueta, subraya que en México son 800 docentes cesados y Sonora será la primera entidad en instalar un plantón en 2018 en caso de no recibir una respuesta favorable a sus demandas sociales, cabe recordar que la reforma implementada en el sector educativo es esencialmente laboral y administrativa, además, injusta, transgresora del Estado de Derecho y violatoria de Derechos Humanos.
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(Fecha de publicación 03022018)
