PGR cierra cerco en torno a presuntos cómplices del ex-gobernador de Veracruz

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.— Karime Macías Tubilla, esposa de Javier Duarte de Ochoa, es señalada por uno de los operadores financieros del ex mandatario como parte de la red de corrupción que realizó desvíos de recursos del erario.

José Juan Janeiro Rodríguez, quien presuntamente era el contador encargado de realizar los pagos de las actividades de inversión de compra-venta de inmuebles para el ex gobernador y quien sirvió como prestanombres de la pareja veracruzana, declaró en España ante la Procuraduría General de la República (PGR), que Macías Tubilla obtuvo recursos del gobierno de Veracruz para beneficio personal.

Según la versión que la PGR entregó al gobierno de Guatemala para la lograr la detención provisional del ex gobernador con fines de extradición, Janeiro Rodríguez refirió, entre otras cosas, que su comparecencia “era para señalar de manera clara y precisa, datos y hechos que involucran en forma directa a Javier Duarte de Ochoa y la esposa de éste, de nombre Karime Macías Tubilla, en la obtención de recursos del gobierno de Veracruz para beneficio”.

Esa versión se presentó ante la defensa y Duarte durante la primera audiencia, en donde el fiscal de la Unidad Especializada en Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Guatemala le enumeró los cargos que se le imputan.

De las nueve órdenes de aprehensión liberadas a la PGR por delincuencia organizada y lavado de dinero, faltan cuatro por cumplimentar y corresponden a Moisés Mansur Cysneiros, empresario señalado por ser presuntamente prestanombres del ex gobernador y quien es investigado por los gobiernos de México y España, al sumar un patrimonio de 7.2 millones de dólares y tres viviendas por más de 400 metros cuadrados.

Otro es Rafael Gerardo Rosas Bocardo, involucrado en la compra de inmuebles; Santa Bartolo Acuña y Miguel Velázquez Nieva, también relacionados con la triangulación de recursos para la adquisición de propiedades.

La búsqueda de los cómplices de Duarte de Ochoa se ha extendido a nivel internacional, a fin de lograr la captura de los cuatro implicados que aún restan por ubicar de los nueve colaboradores a los que inicialmente se les giró órdenes de aprehensión.

“Estamos a nivel de inteligencia acortando su margen de maniobra para provocar elementos que nos permitan identificar dónde están y solicitar su detención provisional con fines de extradición en caso de que estén en el extranjero”, dijo Alberto Elías Beltrán, subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales a EL UNIVERSAL.

En la audiencia, el fiscal realizó la lectura de la solicitud de detención provisional con fines de extradición de Duarte de Ochoa enviada por la Procuraduría al gobierno guatemalteco para explicar los motivos por los cuales solicitó la notificación roja a la Interpol.

Las declaraciones leídas durante la audiencia figuran en el expediente de la causa penal 97/2016, en el que tres presuntos colaboradores y prestanombres de Duarte de Ochoa relataron los actos delictivos que cometió el ex priísta durante su gestión que comprendió el periodo 2010-2016: Alfonso Ortega, Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública, y Janeiro Rodríguez, el contador.

En la nota verbal identificada como UA2011 de fecha 15 de abril que la embajada de México presentó en la causa que se le sigue a Duarte de Ochoa, durante la primera audiencia se señala cómo Janeiro Rodríguez, quien presuntamente se encargaba de estructurar y realizar los pagos que correspondían a las actividades de inversión y venta que se ejecutaran y que sirvió como prestanombres, rindió su declaración jurídica desde España e involucró a la esposa del ex gobernador, Karime Macías, en el uso de recursos públicos.

Para su declaración Janeiro Rodríguez se apegó a los mecanismos alternativos de controversia, que le permiten seguir el proceso en su contra en libertad, gracias al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

El subprocurador de la PGR señaló, en días anteriores, que Macías Tubilla no era perseguida por la justicia mexicana. “[Karime] no tiene ninguna solicitud de detención provisional dentro del proceso de extradición que se está llevando, por lo que ellos están libres, no tienen ninguna situación de enfrentar a la justicia mexicana. Entonces, ellos pueden moverse libremente en México y en el país que corresponda”, aclaró Elías Beltrán refiriéndose a la familia de Duarte en una conferencia realizada desde Guatemala.

Esto no descarta que la mujer se encuentre bajo investigación; sin embargo, no existen elementos suficientes para girar una orden de aprehensión.

Macías Tubilla, sus padres Jesús Antonio Macías Yazegey y María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, su hermana y su cuñado Mónica Ghihan Macías Tubilla y José Armando Rodríguez Ayache, son señalados como parte de la red de corrupción y han estado en una investigación que no ha culminado, confirmaron autoridades federales.

Crimen

Lanzado con fuerza por miembros de un cuerpo policial de élite de Guatemala para eludir el enjambre de periodistas, camarógrafos y fotógrafos, y esposado, Javier Duarte de Ochoa cayó como un costal en la celda de la patrulla.

El golpe del reo 28 resonó en el vehículo listo para abandonar raudo una calle de acceso y de salida de la Torre de Tribunales, en el corazón de esta ciudad: el político mexicano acusado de presunta corrupción quedó acostado —de frente a sus perseguidores de cámaras, luces y grabadoras— y exhibido impotente, con las piernas abiertas en una jaula móvil.

Javier Duarte rechazó ayer, en una audiencia ante un tribunal, la opción preliminar de “allanarse” para ser extraditado a México y, con la condición de conocer primero la solicitud formal de extradición que el gobierno mexicano remitirá a Guatemala, se reservó el derecho de acogerse después a un trámite expedito para ser repatriado y sometido a la justicia de su país por los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en el piso 11 de la Torre de Tribunales, el ex gobernador de Veracruz dijo:

“En este momento no puedo allanarme, sino hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea evaluada por mi defensoría».

“Esto no quiere decir que no lo vaya a hacer [a allanarse], sino que me reservo ese derecho hasta que llegue la solicitud formal de extradición y una vez siendo evaluada por la defensoría que está a cargo de este caso, pueda determinar el que me pueda allanar, por lo cual en este momento me reservo este derecho hasta que llegue la solicitud por parte del gobierno mexicano de la solicitud de extradición”, contestó Duarte de Ochoa al ser cuestionado sobre el particular por el abogado guatemalteco César García, presidente del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

Duarte de Ochoa hizo el anuncio luego de escuchar un abultado recuento del fiscal guatemalteco José Galdámez, de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de Guatemala, sobre los supuestos delitos que cometió como gobernador de Veracruz, de 2010 a 2016.

La lectura de todos los delitos y propiedades adquiridas de manera presuntamente ilegal se llevó más de 30 minutos.

Llevaba 6 meses en Guatemala. Llamó la atención el hecho de que cuando se le preguntó al ex gobernador cuánto tiempo llevaba en Guatemala, éste respondió: “Seis meses”.

Tras consultar a puertas cerradas con sus abogados defensores guatemaltecos —Óscar Hassán y Amarilis Navas— en un receso de la vista judicial en la que estuvieron presentes al menos dos delegados de la embajada de México en Guatemala, Duarte reveló su determinación frente a la vía de allanar o la de rechazar la extradición y abrir una fase con fecha incierta.

No quiere volver

Javier Duarte rechazó este miércoles, en una audiencia ante un tribunal, la opción preliminar de “allanarse” para ser extraditado a México y, con la condición de conocer primero la solicitud formal de extradición que el gobierno mexicano remitirá a Guatemala, se reservó el derecho de acogerse después a un trámite expedito para ser repatriado y sometido a la justicia de su país por los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en el piso 11 de la Torre de Tribunales, el exgobernador de Veracruz dijo:

“En este momento no puedo allanarme, sino hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea evaluada por mi defensoría”.