De cada 100 detenidos por venta de droga solo 40 van a la cárcel

CIUDAD DE MÉXICO. MX.— Menos del 14% de los presos por delitos contra la salud han sido procesados por la posesión de drogas que superen el millón de pesos, según datos recolectados por el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Esos datos muestran que en México se criminaliza a los usuarios de droga y cómo, en el tema, los consumidores se han convertido en el objetivo del sistema de procuración de justicia.

En el país el consumo de drogas no se persigue pero la posesión, sí. La Ley General de Salud indica el gramaje máximo permitido para no cometer un delito.

En el caso de la mariguana —la droga por la que hay más detenidos por posesión de drogas, el 63%—, se permiten hasta cinco gramos, cuando el estándar internacional es de 28.

El mismo secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció en febrero pasado que las bajas cifras de posesión permitidas implican la constante detención (y criminalización) de los consumidores.

“Las dosis máximas permitidas por la Ley General de Salud son, digamos, pequeñas, que a la gran mayoría de los casos puede considerarse como narcomenudeo, a pasar de ser de autoconsumo. Los consumidores suelen adquirir dosis de aprovisionamiento, no solo para su consumo inmediato, y entonces al ser detenidos, los detienen por dosis mayores, que incluso es la venta que se les ofrece”, dijo Osorio Chong durante el segundo Debate Nacional sobre el uso de la Mariguana.

7 de cada 10 averiguaciones previas iniciadas por delitos contra la salud están vinculadas al delito de posesión, según datos de la Procuraduría General de la República; lo que refleja, según el Programa de Política de Drogas del CIDE, que los consumidores son de facto criminalizados y equiparados a narcomenudistas.

La posesión puede ser castigada hasta con tres años de prisión cuando se supera el gramaje permitido y se confirma que la portación de droga no es para venta o comercio.

Pero cualquier consumidor se enfrenta a un proceso de criminalización y privación de la libertad: al ser detenido por posesión, los policías lo presentan ante el Ministerio Público y pueden pasar hasta 48 horas para determinar si lleva o no más del gramaje que indica la Ley General de Salud.

“La criminalización que de facto existe en México hacia los usuarios de sustancias ilícitas favorece su marginación y la transgresión de sus derechos fundamentales, incluidos el derecho a la autonomía, a la no discriminación, a la salud, a la información y al debido proceso. Significa también el gasto de recursos institucionales para el procesamiento penal de consumidores”, señala el Programa de Política de Drogas del CIDE en el informe “El Estado frente al consumo y los consumidores de drogas ilícitas en México”.

En ese contexto, este jueves el presidente Enrique Peña Nieto anuncia en la Secretaría de Salud el plan de su gobierno para frenar la criminalización de consumidores.

Peña Nieto adelantó este martes en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre el tema de drogas que el país buscará un enfoque “que combata decididamente a los criminales, pero en lugar de criminalizar a los consumidores les de oportunidades y alternativas”.

Esta es la primera vez que el Estado mexicano reconoce que la legislación vigente criminaliza a los consumidores de drogas.

El presidente también dijo que “en los delitos relacionados con las drogas se deben privilegiar penas proporcionales y alternativas al encarcelamiento, que incorporen también una perspectiva de género. Las sanciones desproporcionadas, que castigan a mujeres y niños en condiciones de vulnerabilidad, lejos de resolver un problema, generan círculos viciosos de marginación y criminalidad”.

Los datos oficiales y de organizaciones civiles muestran que 8 de cada 10 mujeres detenidas en penales federales lo están por delitos vinculados a las drogas.

El 99% de estas mujeres son primodelincuentes, nunca antes habían cometido un delito; y cuando se trata de mujeres indígenas, el 43% esta presa por transportar drogas en una situación de necesidad económica o violencia.

En ese sentido, el mensaje de Peña Nieto en UNGASS fue recibido por sociedad civil como una oportunidad para que la política de drogas vigente en México de un primer paso para avanzar del enfoque de seguridad y prohibicionismo hacia uno de salud pública y derechos humanos.

En el anuncio de este jueves, se espera también la hoja de ruta para autorizar en México el uso de mariguana con fines médicos y científicos, mientras en el Senado ya existe una iniciativa que va más allá y apuesta también por la regulación de esa droga para fines recreativos.

(Fecha de publicación 12092017)