Armoniza Congreso del Estado la Constitución local al marco jurídico nacional en materia de combate a la corrupción
HERMOSILLO, SONORA. MX.— Con la medida legislativa aprobada en sesión ordinaria, relativa a la armonización de la Constitución local al marco jurídico nacional en materia de combate a la corrupción, el Congreso del Estado garantiza a la ciudadanía el pleno respeto al estado de Derecho que debe prevalecer en cualquier sociedad democrática.
Sobre todo para que las autoridades locales competentes prevengan, detecten y sancionen a todos aquellos servidores públicos que incurran en una responsabilidad administrativa o por hechos de corrupción, de acuerdo al dictamen presentado por la Comisión Anticorrupción y aprobado por unanimidad, con proyecto de ley que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora.
Se le da autonomía plena al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, cuyo titular será nombrado por el Comité de Evaluación del Desempeño Legislativo, mientras que el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública hará la propuesta del Fiscal General de Justicia, aunque se aclaró que el titular actual será ratificado.
El diputado David Homero Palafox Celaya, quien dio lectura al dictamen, calificó esta Ley como adecuaciones de segunda generación para que la Constitución local esté preparada, armonizada y homologada a las leyes federales, y en el ámbito local continuará el trabajo de este Poder Legislativo en relación a siete leyes secundarias que se tienen que reformar, en su caso, y crear otras nuevas.
Agregó que todo lo anterior deberá estar listo antes del 19 de julio de 2017, con lo cual podrá iniciar su vigencia el Sistema Estatal Anticorrupción, como lo dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El dictamen se fundamenta en la iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo estatal, quien al proponer la autonomía para el ISAF, estableció lo siguiente:
“Vendrá a eficientar el trabajo que desempeñará el mismo, ya que se eliminará cualquier tipo de subordinación o vínculo con cualquier ente obligado a rendir cuentas por el ejercicio de recursos públicos a su cargo, y con esto nos referimos a los poderes del Estado, dependencias y entidades estatal o municipales, entre otros más”.
El encargo de Fiscal General de Justicia del Estado será de nueve años, disposición que es coincidente con lo que establece el Artículo 102 de la Constitución Federal, y deberá ser ratificado por las dos terceras partes del Congreso.
En cuanto a la integración del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción también constituye una homologación a la forma en que se integra el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Destaca además elevar a rango constitucional la creación de un órgano jurisdiccional autónomo en materia de justicia administrativa, propuesta que es congruente a lo que dispone el Artículo 116, fracción V, párrafo primero de la Constitución Federal, y se dispondrá de una sala especializada dentro del Tribunal de Justicia Administrativa.
Esta vendrá a eficientar la carga de trabajo que tendrá el órgano jurisdiccional y dará atención especial para la solución de controversias suscitadas con motivo de las faltas administrativas graves investigadas y substanciadas por el órgano fiscalizador.
Se elimina cualquier intervención por parte del Poder Ejecutivo en la designación y remoción de los fiscales especiales que haga el Fiscal General de Justicia del Estado; el Poder Legislativo podrá objetar la designación de éstos cuando no reúnan los requisitos establecidos
en las disposiciones legales aplicables.
Y en atención a lo que dispone la Ley del Servicio Civil, el Tribunal de Justicia Administrativa continuará conociendo de los asuntos previstos en el Artículo 112 de dicha legislación, hasta en tanto se instala y constituye el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
También se agrega un Artículo Décimo Segundo Transitorio con la finalidad de establecer que el Tribunal de Justicia Administrativa seguirá conociendo de los juicios y recursos en materia fiscal administrativa, responsabilidad administrativa, responsabilidad objetiva y de servicio civil, que actualmente se encuentra en trámite ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
A nombre del grupo parlamentario del PAN, el diputado Ramón Díaz Nieblas, presidente de la Comisión de Transparencia, presentó un posicionamiento al finalizar la lectura del dictamen, en el que destacó que esta Ley incluye las propuestas presentadas por su partido, que tienen por objeto satisfacer las exigencias ciudadanas de contar con gobiernos transparentes y funcionarios públicos honestos.
Nueva Ley de propiedad en condominio
En esta primera sesión del mes de diciembre, presidida por la diputada Iris Fernanda Sánchez Chiu, la asamblea aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, con proyecto de Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Sonora.
Esta nueva legislación dará respuesta a las necesidades de un gran número de sonorenses que viven bajo la figura del condominio, al crear un marco jurídico que les otorga certeza legal para regular las relaciones entre los copropietarios y la manera de administrar los bienes de uso común, de manera acorde al contexto habitacional actual, establece.
Al dictamen, que se fundamenta en una iniciativa presentada por el diputado Jesús Epifanio Salido Pavlovich, le dieron lectura los diputados José Ángel Rochín López, Lisette López Godínez, José Armando Gutiérrez Jiménez, Karmen Aída Díaz Brown Ojeda y Flor Ayala Robles Linares. Consta de once capítulos, 84 artículos y seis transitorios.
El segundo transitorio establece que se abrogará la Ley número 293, sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, número 4, Sección II, del 12 de julio de 1993.
La Ley define diversos conceptos, clasificaciones y figuras necesarias en la materia; contempla la utilización de los mecanismos alternativos de solución de controversias, otorgando facultades a los centros de justicia alternativa dependientes del Poder Judicial del Estado de Sonora, para que puedan conocer este tipo de controversias y apliquen los mecanismos alternativos que sean más adecuados para caso.
Establece los lineamientos y requisitos para constituir un régimen de propiedad en condominio sobre un inmueble; dispone los derechos, obligaciones y prohibiciones de los propietarios y poseedores del condominio; erige la figura del administrador del condominio, como representante legal en todos los asuntos comunes relacionados con el condominio, así como los requisitos que deberán reunir quienes pretendan desempeñar ese cargo.
También plantea la creación de un padrón de administradores profesionales de condominios, a cargo del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, ICRESON, con inscripción obligatoria para quienes pretendan desempeñar dicha actividad.
Al continuar con el orden del día, el Pleno aprobó el Acuerdo por medio del cual la mesa directiva resuelve enviar a publicación la Ley número 93, que reforma la fracción VIII del Artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Sonora, en virtud de que ha sido aprobada por 40 ayuntamientos.
De esta manera, el Congreso del Estado tendrá facultad para legislar en materia de combate a la drogadicción, la ludopatía y otras adicciones, como lo propusieron en su momento los diputados Luis Gerardo Serrato Castell y Carlos Manuel Fu Salcido, quien dio lectura al Acuerdo.
La importancia de modificar la fracción VIII del Artículo 64 estriba en el hecho de que, actualmente, la Ley fundamental local sólo considera el alcoholismo como la materia sobre la que este Poder tiene facultad de legislar, por lo que una vez publicada la Ley en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, también lo podrá hacer en las referidas materias.
El Pleno también aprobó un Decreto para que el recinto oficial del Congreso del Estado se traslade, provisionalmente, a la Unión Ganadera Regional de Sonora el martes 6 de diciembre, con la finalidad de celebrar una sesión ordinaria con motivo de la conmemoración de los 100 años de la creación de la industria militar.
A nombre de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, el diputado Fermín Trujillo Fuentes le dio lectura al Decreto, que en su parte toral establece que “el Poder Legislativo debe formar parte de las celebraciones en reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas”.
Agregó que en la Unión Ganadera Regional de Sonora se encuentra instalada la exposición “Fuerzas Armadas: pasión por servir a México”, con el propósito de conmemorar los 100 años de la industria militar mexicana, donde a través de la exposición de juegos y actividades interactivas se busca acercar a la ciudadanía al trabajo que desarrolla el Ejército Mexicano en el país.
El siguiente punto del orden del día fue la presentación de una iniciativa con proyecto de ley que establece las bases para el funcionamiento y operación de las casas de empeño en el Estado de Sonora, a cargo del diputado José Ángel Rochín López, quien expuso lo que busca es proteger los intereses de los usuarios de las casas de empeño, ante las condiciones de usura a que son sometidos por una gran cantidad de ellas.
“Esta regulación estatal no se contrapone a lo establecido por las disposiciones federales referidas; por el contrario, beneficia y protege a la población, ya que se le otorga certeza en el funcionamiento y operación de dichos establecimientos que estarían vigilados por el Gobierno del Estado”, expuso.
La iniciativa se turnó para su estudio a la Primera Comisión de Hacienda, mientras que a la de Presupuestos y Asuntos Municipales se envió la presentada por el diputado Carlos Alberto León García, con punto de acuerdo para exhortar al Presidente Municipal de Hermosillo y a los integrantes del Ayuntamiento, a no concesionar el servicio municipal de alumbrado público.
“La premura con la que se pretende aprobar decisiones de esta magnitud, y la ausencia del Alcalde en la sesión de Cabildo, ponen en duda las intenciones y la transparencia que deben acompañar estos procesos. El concesionar a particulares el servicio de alumbrado público marca un estilo de gobierno que se niega a escuchar y tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos”, aseveró.
Como penúltimo punto del orden del día, el diputado Juan José Lam Angulo presentó un posicionamiento en relación a la iniciativa con proyecto de decreto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal de 2017, respecto a la asignación hacia los pueblos y comunidades indígenas de Sonora.
Indicó que no existe congruencia con la importancia de atención de sus necesidades, por lo que como poderes Legislativo y Ejecutivo, y los ayuntamientos, sus intenciones de ayuda deben reflejarse en partidas presupuestarias para que crezca la infraestructura en estas comunidades y así mejorar la calidad de vida de quienes ahí habitan.
La próxima sesión del Pleno se citó para el martes 6 de diciembre, a las 11:00 horas, en la Unión Ganadera Regional de Sonora.
(Fecha de publicación 01122016)
