Cienfuegos «básicamente amenazó al poder civil»: Dresser

CIUDAD DE MÉXICO.MX.JOSÉ ANTONIO GUEVARA Y JUAN OMAR FIERO.ARISTEGUI.— Las fuerzas armadas y en particular el Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, están chantajeando al Poder Legislativo con su amenaza de que la tropa se va sublevar en caso de que no se apruebe la Ley de Seguridad Interior, advirtieron el Secretario General de México Unido Contra la Delincuencia, Juan Francisco Torres Landa, y la politóloga Denise Dresser.

Durante una conferencia de prensa para exigir a los senadores y diputados para que no se legisle al vapor y sin evidencia a favor de las fuerzas armadas, Torres Landa agregó qué ante ese tipo de expresiones amenazantes, el Presidente de la República debió ordenar el cese inmediato del General Cienfuegos, puesto que se trata de una amenaza inédita para la estabilidad del país.

“El Secretario de la Defensa ya dijo que de no haber esta modificación, anticipa una posible sublevación en la tropa. Nunca habíamos escuchado en la vida institucional del país que lo dijera el mismo General Secretario, por lo que esa sola aseveración era suficiente motivo para cesarlo del mando de las fuerzas armadas, cosa que no ha sucedido. No se puede amenazar al poder civil y menos al Poder Legislativo para que se legisle de esta manera diciendo que la tropa ya no va a funcionar como ha venido funcionando.”, sentenció.

Torres Landa añadió que en los dos últimos sexenios se ha incrementado el presupuesto para la milicia más de un 30 ciento, recursos que no han dado resultados y en los que se debe investigar la posibilidad de moches, comisiones y licitaciones opacas.

“Hemos tenido un enorme uso de presupuesto para comprar balas, tanques, helicópteros artillados, etc. Es un crecimiento al ritmo de tres dígitos en los últimos 10 años. Parece que hay un interés fenomenal en hacer uso de ese presupuesto, a pesar de que los resultados son fatalmente miserables. ¿Dónde están parando todos esos recursos, no habrá moches, beneficios, comisiones y licitaciones opacas? Hay un enorme cúmulo de abusos porque ante una política pública tan poco rentable, nada explica que sigamos en la misma ruta de perdición y de nulos resultados”, respondió.

Se revierten controles civiles sobre militares: Dresser

Por su parte, Denise Dresser consideró que las reformas propuestas por el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, en materia de seguridad, otorgan mayor poder a los mandos militares y achican los controles civiles sobre las fuerzas armadas, aprovechando que las fuerzas castrenses cuentan ahora con mayores recursos y mayor autonomía para actuar al margen de las autoridades civiles.

La académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) recordó que las fuerzas armadas de nuestro país estuvieron subordinadas al poder civil desde finales de la Revolución, situación que se intenta revertir con las iniciativas de Seguridad Interior que se busca aprobar mientras los mexicanos están preocupados por las políticas antiinmigrantes del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“El General Milfuegos básicamente amenazó al poder civil, dijo que si no le daban la protección constitucional vía la Ley de Seguridad Interior, el Ejército regresaría a los cuarteles, esto es un chantaje y creo que habría que llamarlo por su nombre, pero ante ello lo único que vimos es que se adelantó la discusión para esta ley en lugar de cuestionarse el comportamiento del general de colocar al poder civil de espalda contra la pared. Entonces la pregunta es ¿quién realmente está gobernando aquí?

Evidencia demuestra que presencia de fuerzas armadas, incremento homicidios en estados: Alejandro Madrazo

El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Alejandro Madrazo, explicó los malos resultados que han tenido las fuerzas armadas en el combate a la violencia están documentados hasta en el Senado de la República y con las cifras oficiales de homicidios dolosos, evidencia que los legisladores se niegan a tomar en cuenta para tratar de aprobar una ley por conveniencia política y ante la desesperación de la población que busca sentirse más segura

Agregó que desde la implementación de los operativos conjuntos o regionales entre las fuerzas armadas y policías locales bajo el mando militar, las muertes violentas pasaron de ocho asesinatos por cada 100 habitantes, la tasa más baja que haya tenido nuestro país, a 24 mil por cada 100 mil habitantes.

Otra cifra que llama la atención es que el 90 por ciento de las muertes producidas en enfrentamientos, se dan cuando intervienen el Ejército y la Marina, a pesar de que este tipo de refriegas equivalen al 37 por ciento de las que se registraron entre fuerzas del orden de todos los niveles con grupos civiles armados.

El Presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara, recordó que en la última década se han presentado mil 273 denuncias por tortura, violaciones, asfixia, toques en genitales y golpes contra militares y marinos; 200 de las cuales se han comprobado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Además, se ha demostrado que las fuerzas castrenses participaron en 25 casos de desaparición forzada. Entre las víctimas, se encuentran mujeres menores de edad que fueron atacadas sexualmente por elementos navales. Por todo lo anterior, Guevara consideró que nuestro país vive una catástrofe en materia de derechos humanos, impunidad que se pretende normalizar con la nueva Ley de Seguridad Interior.

La titular de Amnistía Internacional Sección México, Tania Reneaum, dijo que las iniciativas de ley que avalan priistas y panistas en el Congreso de la Unión no contempla ningún contrapeso para vigilar al Ejército en casos de violaciones a derechos humanos y tampoco se le exige la rendición de cuentas, por lo que es urgente que el Poder Legislativo se abra al diálogo antes de dictaminar cualquier propuesta en la materia.

Por último, el abogado del Centro de Derechos Humanos, Agustín Pro-Juárez, Santiago Aguirre, rechazó que exista una campaña de la sociedad civil contra las fuerzas armadas y calificó como reduccionista esta postura que se difunde entre mandos castrenses, destacando que siempre se ha reconocido el esfuerzo de soldados y marinos en una situación de emergencia.

Dijo que también es falsa la postura de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)N validará la presencia de militares en labores de seguridad pública, ya que el antecedente que se cita en materia de jurisprudencia es anterior al 2008, cuando el artículo 21 de la Constitución fue reformado para garantizar que las labores de seguridad pública corresponden a las instituciones civiles.

(Fecha de publicación 15022017)