Congreso autoriza la construcción de una desaladora para Guaymas-Empalme
HERMOSILLO, SONORA. MX.— Por unanimidad de las seis fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, este día aprobaron el Decreto que autoriza la elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción, equipamiento, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la planta desaladora que solucionará de fondo el grave y añejo problema de desabasto de agua para los municipios de Guaymas y Empalme, Sonora.
Bajo la modalidad de Alianza Público-Privada y en términos del Artículo 3°, fracciones I y XI de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora, esta Legislatura escuchó la petición de los habitantes de ambos municipios, atendió a sus presidentes municipales y apoyó el proyecto presentado por la Gobernadora del Estado, con lo cual se resolverá el día a día de miles de familias de esa región, además de crear las condiciones para el desarrollo económico.
El dictamen respectivo con el proyecto de Decreto fue presentado por las comisiones Primera y Segunda de Hacienda, y del Agua, en forma unida, para la construcción de la planta desaladora en el municipio de Empalme, Sonora, por un plazo de hasta 18 años y seis meses, a partir del inicio del periodo de operación establecido en el contrato de Alianza Público-Privada.
La lectura del Decreto estuvo a cargo del diputado Manuel Villegas Rodríguez, quien expuso que el Congreso del Estado deberá aprobar las asignaciones presupuestales suficientes, cuyo destino será cumplir con las obligaciones y contingencias de pago bajo dicho contrato de prestación de servicios en la modalidad de Alianza o Asociación Público-Privada que documente el proyecto. La inversión inicial de la planta desaladora tendrá un costo de 704 millones de pesos.
La Comisión Estatal del Agua deberá asegurarse que se lleven a cabo todas las actividades preliminares a la operación de la planta desaladora en un plazo máximo de 24 meses a partir del inicio de vigencia de este Decreto. Las actividades preliminares comprenderán la licitación, construcción, periodo de pruebas y de pre-operación, así como cualquier actividad previa al inicio de la operación de la planta.
Hicieron comentarios a favor del Decreto los diputados Carlos Manuel Fu Salcido, Juan José Lam Angulo, José Luis Castillo Godínez, Fermín Trujillo Fuentes y Manuel Villegas Rodríguez. El diputado Fu Salcido dijo que el grupo parlamentario del PAN hizo propuestas que modificaron de forma importante la iniciativa original, en la búsqueda de que existan mejores condiciones para los habitantes de la región Guaymas-Empalme.
“En esas propuestas exigimos que las tarifas de agua no dependan de ese proyecto, cuidando el bolsillo de los ciudadanos”, expresó.
El diputado Juan José Lam Angulo sostuvo que este Decreto es el inicio de muchas cosas más que se tendrán que hacer para garantizar el vital líquido a todas las poblaciones del Estado de Sonora, ya que es un convencido de que deben explorarse nuevas alternativas.
“En mi calidad de representante parlamentario del PRD mi voto será a favor, pero quiero aprovechar que está el representante de CONAGUA, para que le ponga lupa a la comunidad del ejido Lázaro Cárdenas, del municipio de Guaymas, que tienen tres meses sin agua, y el ejido Las Águilas, de Huatabampo, con la misma cantidad de meses por problemas de pago con la Comisión Federal de Electricidad”, expresó.
A nombre de la representación parlamentaria de Movimiento Ciudadano, el diputado Carlos Alberto León García afirmó ser un convencido de que el tema relacionado con obras que abastezcan de agua a la población sonorense debe ser un asunto serio y tratado con seriedad, y de ninguna manera convertirse en un tema político, como ha sido abordado históricamente en Sonora.
“En Movimiento Ciudadano estaremos atentos que el tema del agua no sea un negocio; apoyaremos cada obra que tenga que ver con otorgar el vital líquido a los sonorenses, incluyendo Hermosillo, que en su futuro y debido a su crecimiento, no tiene garantizado de manera definitiva su abasto, considerando el acueducto”, exteriorizó.
El proyecto de la desaladora para los habitantes de los municipios de Empalme y Guaymas viene a resolver un añejo problema de desabasto, sostuvo el diputado José Luis Castillo Godínez, quien a nombre del grupo parlamentario del PRI agradeció a la Gobernadora del Estado por entrarle con todo para resolver este principal problema en la región.
“En mi región el pozo se secó desde hace mucho años. Como habitante de la región les puedo confirmar que la falta de agua es un problema real y urgente; tenemos mucha agua de mar pero no tenemos agua potable; tenemos llaves pero no sale agua; podemos estar sin luz pero no podemos estar sin agua. Cuesta tener agua pero cuesta más no tenerla”, aseveró.
El diputado Fermín Trujillo Fuentes, a nombre del grupo parlamentario de Nueva Alianza, aseguró que este es un día histórico para la LXI Legislatura, ya que todas las fuerzas políticas se han puesto de acuerdo en un tema que en otro tiempo no pudo alcanzar el consenso necesario.
“Por eso Nueva Alianza quiere reclamarlo como un día histórico para Sonora. Para que más allá de la LXI Legislatura, siempre que se toque el tema del agua, se esté hablando de la unidad y el progreso de los sonorenses; que esa sea la gran contribución de este día”, expresó.
La seguridad de que este mensaje de unidad va a ser bien recibido por los habitantes de Guaymas y de Empalme dijo tener el diputado Manuel Villegas Rodríguez, ya que en esta ocasión el agua une a los sonorenses, además de agradecer a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, ya que la obra de la desaladora traerá agua para la región, pero también mucho progreso.
“Sonora inicia una nueva era en las tecnologías hidráulicas a beneficio de los ciudadanos y, sobre todo, del desarrollo económico y social”, externó la diputada Flor Ayala Robles Linares, presidenta de la Primera Comisión de Hacienda, tras agradecer a sus compañeros diputados y a los presidentes de la Segunda Comisión de Hacienda y del Agua, Moisés Gómez Reyna y Rodrigo Acuña Arredondo, respectivamente, así como a los funcionarios y técnicos de las diversas dependencias que les acompañaron en el proceso y análisis de este Decreto.
Aprueban Ley que regula el uso de la fuerza pública de las instituciones policiales
En esta sesión ordinaria, el Pleno aprobó por unanimidad la Ley que regula el uso de la fuerza pública de las instituciones policiales en el Estado de Sonora, la cual tiene por objeto regular el uso de la fuerza pública que ejercen las instituciones policiales en cumplimiento de sus funciones, con el fin de salvaguardar la integridad, los derechos y bienes de las personas; preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como la seguridad ciudadana.
El dictamen, al que dieron lectura los diputados Célida Teresa López Cárdenas, Lina Acosta Cid y Omar Guillén Partida, se fundamenta en una iniciativa presentada por el diputado Luis Gerardo Serrato Castell, y establece prevenir la comisión de delitos e infracciones; investigar y perseguir los delitos del orden común cometidos en el uso de la fuerza pública, incluidas las acciones de seguridad en el interior de los centros de retención y reinserción social.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en atención al espíritu que tiene la iniciativa, que consiste en dotar de una herramienta a las instituciones policiacas para darles certeza a los agentes policiacos sobre lo que deben y no deben hacer durante su actuación, entre otros aspectos, consideró que la misma constituye una herramienta necesaria para regular el uso de la fuerza pública.
Se destacan los principios que deberán regir, como la prevención, legalidad, racionalidad, congruencia, oportunidad y proporcionalidad, además que se les dará certeza jurídica a los ciudadanos, por el hecho de que en la misma se delimitan de manera clara los supuestos hipotéticos por los cuales las instituciones policiacas harán uso de la fuerza pública en casos de riesgo inminente, en reuniones públicas y en los centros penitenciarios.
La dictaminadora también consideró muy positiva la creación de la Comisión de Registro, Control y Supervisión del Uso de la Fuerza Pública de las Instituciones Policiales del Estado de Sonora, como órgano encargado de revisar que el uso de la fuerza se haya realizado justificadamente, pero sobre todo, con respeto a los derechos humanos. La Ley consta de 68 artículos y seis transitorios.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos también dictaminó la iniciativa presentada por el diputado Carlos Alberto León García, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Sonora, con el objeto de proteger los bienes jurídicos tutelados de todos los sonorenses y disminuyendo la posibilidad de impunidad de los delincuentes, así como procurar que el sistema de justicia atienda las demandas ciudadanas.
Se reforma el Artículo 240 del Código Penal, a fin de incrementar, de manera sustancial, las penas que se imponen por el delito de allanamiento de morada, que actualmente van de un mes a cuatro años de prisión y de diez a 150 días multa, para quedar en pena corporal mínima de dos años y la máxima hasta diez años, mientras que la pena pecuniaria sólo incrementa su parte mínima para quedar desde los 100 a los 150 días multa.
“No obstante y atendiendo a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, lo procedente es que en lugar de días multa, la pena monetaria se cuantifique con base en la Unidad de Medida y Actualización, por lo que la sanción pecuniaria debe de quedar de los cien a las ciento cincuenta unidades de medida y actualización”, leyó Alberto León García.
Además se introduce un nuevo párrafo con diversas modalidades que agravan este delito, con prisión de tres a doce años y hasta mil días multa, cuando se realicen conductas específicas que pongan en desventaja a las víctimas y hagan aún más difícil la protección de los bienes inmuebles allanados.
Y a publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado se envió la Ley 181, que reforma la fracción III del Artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Sonora, en relación al requisito de vecindad y residencia para quienes deseen contender al cargo de diputado local, aprobada el 29 de octubre de 2014 por los integrantes de la LX Legislatura.
La Ley ha sido aprobada por 38 ayuntamientos y no hubo ningún pronunciamiento en contra hasta la fecha. Estos son: Carbó, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto, Arizpe, Bacanora, Bacerac, Huachinera, Bacadéhuachi, Nácori Chico, Empalme, Guaymas, Moctezuma, Arivechi, Cumpas, Oquitoa.
También los de Bácum, Santa Ana, Etchojoa, San Javier, Rayón, Granados, Villa Pesqueira, La Colorada, General Plutarco Elías Calles, Nacozari de García, Mazatán, Huásabas, Altar, Rosario, Ures, Villa Hidalgo, Yécora, Banámichi, Magdalena de Kino, Sáric, San Pedro de la Cueva, Benjamín Hill y Cajeme.
La Presidencia turnó a la Comisión de Transporte y Movilidad una iniciativa presentada por el diputado Javier Dagnino Escobosa, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Sonora, la cual busca dar respuesta al problema social y lleguen a una conciliación entre las autoridades estatales responsables, taxistas tradicionales, socios Uber y futuras aplicaciones de redes de transporte que puedan operar en el Estado, indicó.
El Pleno sesionará de nuevo el martes 18 de abril a las 11:00 horas.
(Fecha de publicación 06042017)
