SOCIEDAD: Crónica de una dictadura anunciada

Con el arribo de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República se otorgó la oportunidad al partido tricolor de reescribir un nuevo capítulo de abusos de poder, reformas estructurales −no han sido transformadoras, no generan desarrollo económico y no benefician en nada a las mayorías−, crímenes de lesa humanidad, bajo poder adquisitivo, inflación desproporcionada, impunidad, nepotismo, tráfico de influencias, descaro, cinismo, escándalos y vergüenza internacional, que deriva de su escasa inteligencia y enorme torpeza para ubicarse en el tiempo y el espacio… entre otras.

No se inadvierte que en la comisión de estas afrentas cometidas en perjuicio de la sociedad civil no ha estado solo, ha ido acompañado de los responsables de tomar decisiones en las principales fuerzas políticas –PAN, PRI, PRD y PVEM−, quienes respondiendo a intereses grupales y personales, suscribieron −2 de diciembre de 2012− un acuerdo político en el nombre de México, que –en su momento− se presumía profundizaría el proceso democrático con base en tres ejes rectores:

a) El fortalecimiento del Estado Mexicano
b) La democratización de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales
c) La participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas públicas

De los ejes rectores, a su vez, se desprenden cinco grandes acuerdos y 95 compromisos particulares que son la fuerza del Pacto por México, así como, también son la sobrecarga que conduce a los mexicanos al despeñadero con el consabido riesgo de no levantarse de ésa estrepitosa caída.
En este breve, aunque sustancial análisis, se aprecia que los resultados de la gestión peñista no son nada halagüeños, el descrédito hacia su mandato se incrementa de manera considerable, propios, extraños, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales han intentado una y otra vez apelar a su cordura, lamentablemente, sin éxito alguno.

Por lo tanto, a cinco años de la gestión presidencial de EPN, las masas sociales aglutinadas en sectores, siguen padeciendo las consecuencias de las malas decisiones, actos y omisiones de un personaje que se negó a visibilizar la precariedad, la necesidad y la vulnerabilidad en que millones de personas sobreviven en el país, sin dejar de mencionar la inseguridad que se padece a lo largo y ancho del territorio nacional, no sólo por miembros de la delincuencia organizada, sino también por elementos de los cuerpos policiacos, paramilitares y el Ejército mexicano, Tlatelolco, Acteal, Tlatlaya, Ayotzinapa y Aguas Blancas, son sólo algunos ejemplos de las arbitrariedades en que ha incurrido el Estado mexicano en franca oposición a las garantías y derechos humanos de la población.

Los pactos y los acuerdos se vislumbran oscuros con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que se infiere tiene la finalidad de acallar las protestas de la sociedad ante los notorios y desproporcionados incrementos a los energéticos, los paupérrimos salarios, la corrupción que priva en las dependencias de os tres órdenes de gobierno y, por supuesto, para restringir la participación de las personas ante el presunto fraude electoral que se cree está preparando el gobierno federal.

Desde luego, para conseguir dicho propósito el Partido Revolucionario Institucional se preparó con antelación, por ello, en agosto del presente año, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), le otorgó un premio como el instituto político más transparente de México.

Es oportuno mencionar, que la Ley de Seguridad Interior, obedece a intereses mezquinos, concebidos desde la perspectiva del neoliberalismo, que ha avanzado durante el presente sexenio a ritmo vertiginoso, para desgracia de los mexicanos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la primera meta –son cinco−, denominada México en Paz, señala expresamente el interés de Peña Nieto por garantizar el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de la población, incluso, enfatiza que esta intención responde “a un nivel de inseguridad que atenta contra la tranquilidad de los mexicanos y que, en ocasiones, ha incrementado los costos de producción de las empresas e inhibido la inversión de largo plazo”.

Por ello, en términos de seguridad pública, la prioridad será abatir los delitos que más afectan a la ciudadanía mediante programas de prevención, buscando disminuir los factores de riesgo asociados a la criminalidad, fortalecer el tejido social y las condiciones de vida para inhibir las causas del delito y la violencia.

Con el ánimo de que los derechos de los mexicanos transiten del papel a la práctica, en el tema de defensa exterior y seguridad interior, expone en el Plan, que “la misión de las Fuerzas Armadas de México es emplear el poder militar de la Federación para la defensa exterior y para coadyuvar en la seguridad interior del país.

En este sentido, “la colaboración de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior ha tomado un papel predominante en los últimos años, debido a la violencia generada por las organizaciones delictivas.

Luego entonces, aprovechando la experiencia que el ejército y la marina adquirieron durante la administración de su antecesor en la Residencia Oficial de Los Pinos, se ocupó en transitar por el mismo camino, sólo que previniendo se diera este desacuartelamiento de las Fuerzas Armadas bajo el amparo del marco jurídico para que la actuación de sus integrantes se realice dentro de la legalidad.
¿Incertidumbre…?

La iniciativa de Ley presentada por el Coordinador Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, la cual, posteriormente aprobada con 262 votos a favor y 25 en contra –sin discutir una sola modificación efectuada por el Senado de la República−, tiene como finalidad reglamentar la acción de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública que son competencia de la policía: preventiva –sin efectos jurídicos−o judicial −posee la acción persecutoria del delito− derivado del artículo 21 constitucional.

En consecuencia, la propuesta de ley amplifica el horizonte de la presencia militar en la vida pública, injerencia que ha sido una de las causas del ensangrentamiento del suelo nacional. La Ley en principio es inconstitucional, criminosa y tiene la marca de la política institucional en México.

La ONU y la CIDH rechazan la ley

Aún cuando, éstas organizaciones solicitaron no se votase a favor de la aprobación de dicha ley, incluso, propusieron a los legisladores un foro abierto para escuchar a todas las voces, fueron ignorados en su petición a pesar de haber alertado que la Ley contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos, y no aportaría soluciones reales al problema de seguridad del país. La Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentan particular preocupación por 14 rubros de la Ley de Seguridad Interior, entre los que se encuentran:

1. Ambigüedad de conceptos.
2. Violación al principio de necesidad.
3. Papel indebido de las Fuerzas Armadas.
4. Sometimiento de la autoridad civil al mando militar.
5. Ausencia de controles.
6. Ausencia de políticas de fortalecimiento de las instituciones
7. Indebida regulación del uso de la fuerza.
8. Indebida protección y garantía de los derechos humanos.
9. Afectaciones a la protesta social.
10. Ausencia de transparencia.
11. Lesión a la autonomía.
12. Inconstitucionalidad e Inconvencionalidad.
13. Ámbito de excepción del derecho procesal administrativo.
14. Ausencia de explicitud de los principios rectores.

Sin lugar a duda, México no necesita de leyes retrógradas, que causan violaciones a derechos fundamentales de la población, aquí, se precisa de invertir mayor presupuesto en programas de prevención del delito, de procurar una política educativa acorde a las necesidades de los miembros de la sociedad, transformación del modelo económico y atención oportuna de la violencia en cualquiera de sus modalidades para efecto de disminuir los índices de inseguridad en el país, la militarización de las comunidades sólo expone a la colectividad a sufrir atentados a sus derechos fundamentales.

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