Cupulas empresariales mexicanas dan visto bueno a López Obrador
CIUDAD DE MÉXICO. MX. — Las aguas bajan notablemente más tranquilas en la áspera disputa entre el gran empresariado mexicano y el máximo favorito para las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador.
Ambas partes están condenadas a entenderse: si, como pronostican todos los sondeos, el líder de Morena gana el próximo 1 de julio, el nuevo Gobierno y el sector privado tendrán que tender puentes por el bien de la segunda mayor economía de América Latina. Algo parece haberse empezado a mover ya en los últimos días: el choque de trenes entre el cabeza de cartel de la formación de izquierdas y algunos de los más destacados empresarios mexicanos ha dado paso a un tono mucho más conciliador.
La mejor muestra de ese giro de 180 grados en la actitud pública de ambas partes -que, no obstante, siguen manteniendo serias discrepancias en lo que a política económica se refiere- es el intento de entendimiento para que salga adelante uno de los grandes proyectos de infraestructuras en marcha: el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, una obra de 13.300 millones de dólares que promete poner fin a los retrasos del actual. “[En la reunión de ayer] Encontramos una postura de Andrés Manuel López Obrador de que es viable y conveniente el nuevo aeropuerto, que veamos cómo lo podemos financiar”, ha dicho este miércoles el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. “Enriquece la visión de un México moderno y con futuro”. Ni el líder de Morena ni su entorno han confirmado ni desmentido este extremo.
El nuevo aeródromo de la capital mexicana lleva meses sembrando la discordia entre Andrés Manuel López Obrador -respaldado por un buen número de académicos que critican su emplazamiento, en pleno lecho del otrora lago de Texcoco- y los principales representantes empresariales mexicanos, que apuestan sin fisuras por un proyecto que, a su juicio, detonará la inversión y situará al país latinoamericano en el siglo XXI, reemplazando a la ya vetusta instalación actual. Durante semanas, el líder de Morena hizo del ‘no’ al aeropuerto una de sus banderas de campaña más allá del argumento de la localización elegida. “Es un símbolo de despilfarro y corrupción que no toleraré”, afirmó el candidato en pleno choque con Carlos Slim, el hombre más rico de México y uno de los empresarios que ha defendido a capa y espada la obra, en la que tiene intereses como financiador y como constructor. “Si quiere el aeropuerto”, dijo en respuesta a una dura intervención del empresario que le metió de lleno en la pugna electoral, “que lo haga con su dinero”.
Y algo de eso parece que habrá en la resolución del conflicto. Justo en el momento en el que el enfrentamiento parecía más enconado, López Obrador abrió la puerta a una tercera vía que solo algunos articulistas y financieros habían mencionado hasta entonces: que, una vez construido, el aeropuerto acabase siendo explotado por una empresa de titularidad 100% privada y no por una sociedad estatal, como dicta el proyecto original del Gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI). Una fórmula nada extraña en México -donde casi la mitad de los aeródromos están concesionados a grupos que cotizan en Bolsa- y que permitiría al líder de Morena anotarse el punto político -el Estado no pondría ni un peso más de dinero público- y a los empresarios no perder el dinero prestado y asegurar una obra que se presume vital para el futuro del país norteamericano, que tiene en las exportaciones y en el turismo a dos pilares clave de su economía.
El camino que escogerán ambas partes para poner punto y final a la polémica todavía no está claro, tal y como ha dejado caer este miércoles Castañón. Si -como tan probable parece a la luz de las encuestas- se concreta la victoria de López Obrador, ambos bloques tendrán que sentarse para alumbrar un pacto que asegurase la continuidad del proyecto y que dejaría, necesariamente, de lado el proyecto alternativo propuesto por el candidato izquierdista: mantener el aeropuerto actual en operación tras un lavado de cara y convertir la base aérea militar de Santa Lucía (50 kilómetros al norte de la Ciudad de México) en el segundo aeródromo de la capital mexicana.
Bajo el actual esquema de desarrollo del nuevo aeropuerto, el 70% del dinero involucrado en su construcción es privado —a través de bonos a 10 y 30 años— y el 30% —casi 4.000 millones de dólares— proviene del erario federal. La idea del Gobierno de Enrique Peña Nieto es que las propias tarifas que pagan los viajeros, tanto en el actual como en el nuevo una vez que esté operativo, acaben pagando la totalidad de la obra, que sería «autofinanciable» y «rentable» y que. La cancelación del proyecto arrojaría, según sus cálculos, una pérdida total de 6.500 millones de dólares. El equipo económico de López Obrador, en cambio, no ve viable que esas tasas aeroportuarias puedan, por sí solas, repagar todo el dinero invertido en los plazos previstos.
La nueva instalación, que lleva un avance superior al 30%, será, si nada se tuerce, uno de los diez mayores aeropuertos del mundo, con 70 millones de pasajeros solo en su primera fase. Ajenos a las vicisitudes políticas, en el vasto terreno que ocupará, se emplean día y noche 40.000 operarios. Todo apunta a que su trabajo no será en balde y que las dos partes en disputa -empresarios y López Obrador- podrán alumbrar un acuerdo que satisfaga a todos.
(Fecha de publicación 07062018 /ELPAÍS-MÉXICO)
