Daniel Ortega y la ley para excluir a sus críticos de las elecciones
MANAGUA, NICARAGUA. — La nueva legislación deja a interpretación del Estado nicaragüense quiénes podrán o no participar de un proceso electoral. Oposición y comunidad internacional denuncian un evidente deterioro democrático en el país centroamericano.
En menos de 24 horas luego del visto bueno de la Asamblea Nacional de Nicaragua, entró en vigencia la ‘Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz’ que inhibe a los nicaragüenses que sean considerados “traidores de la patria” de participar en una contienda electoral u optar a cargos públicos.
La mayoría sandinista del Parlamento aprobó con 70 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones, esta nueva legislación durante una sesión extraordinaria el 21 de diciembre que interrumpió sus vacaciones de fin de año tras el pedido del mandatario nicaragüense. La ley, que ha sido ampliamente rechazada por la oposición local y la comunidad internacional por considerarla “inconstitucional”, tan solo contiene dos párrafos y usa el mismo lenguaje con el que el Gobierno acostumbra referirse a la oposición local: “terroristas, vende patrias”.
El artículo uno dicta que los nicaragüenses que “encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas”, así como aquellos que “pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”, serán considerados como “traidores a la patria”.
La nueva ley que deja a interpretación de las autoridades decidir quiénes serán “traidores de la patria”, agrega que automáticamente quedan vetados de participar en una contienda electoral, esto a un año de celebrarse las próximas elecciones generales, en noviembre de 2021, y abre la posibilidad de penalizar a quienes sean considerados como tal.
“Por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua para los “Actos de Traición”, los “Delitos que comprometen la Paz” y los “Delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua”, dicta la controversial ley.
El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, agregó durante la sesión plenaria que “cuando vos lees el delito de terrorismo, la sanción es de 15 a 20 años de prisión; el financiamiento al terrorismo, la sanción es de 15 a 20 años de prisión; los delitos actos de traición, la sanción dice, será penado con prisión de 10 a 15 años e inhabilitación absoluta, eso dice el Código Penal”.
Ortega tilda de “criminales y vende patrias” a opositores
El presidente Daniel Ortega compareció días antes de ser aprobada la ley y aseguró que “el que no defiende a Nicaragua, el que pide sanciones en contra de Nicaragua, ese no merece llamarse nicaragüense. Y bueno, no podemos expulsarlo porque nació aquí pero automáticamente de acuerdo con lo que manda la Constitución y las leyes está perdiendo sus derechos. Ya perdió esos derechos de optar a cargo público cuando vienen elecciones en este país”
El mandatario pronunció su acostumbrado discurso en contra de Estados Unidos y “algunos” países de la Unión Europea, a quienes acusó de mantener una política de injerencia contra Nicaragua y sentenció a la oposición local: “Y se alegran cuando anuncian una sanción, lo celebran, esos no son nicaragüenses. No sé ni cómo se les ocurre pensar que con esa actitud van a poder participar en unas elecciones, si no son nicaragüenses”.
El experto en derecho constitucional José Pallais aseveró a France 24 que la nueva ley es “inconstitucional, nula y sin ningún valor” y que está hecha a la medida de Ortega como preámbulo de un “fraude electoral” en 2021. “Esta ley no debería ser aplicable por ninguna autoridad ni por el Consejo Electoral, pero como aquí no hay independencia de los poderes del Estado, lo que el régimen pretende es escoger él quien va a ser la competencia”, dijo Pallais.
El jurista afirma que la ley contiene conceptos que no corresponden a los supuestos jurídicos de la legislación penal y que el oficialismo busca argumentarla sin sustento técnico o jurídico. Pallais brindó como ejemplo el artículo 51 de la Constitución, donde las únicas inhibiciones son aquellas que están en la Carta Magna y no se puede crear causales de inhibición por medio de una ley ordinaria.
En referencia a los “Actos de Traición”, el Código Penal de Nicaragua en su artículo 409 (que evoca la nueva ley), menciona las penas contenidas pero las ubica en contexto de un conflicto armado internacional. “El nicaragüense que en un conflicto armado internacional tome la armas contra Nicaragua o se una a sus enemigos prestándole ayuda, colaboración o facilite el avance o progreso de las fuerzas enemigas o dificulte la defensa del Estado, será penado con prisión de diez a quince años e inhabilitación absoluta, para el desempeño de función, empleo o cargo público por el mismo período”, dice el Código Penal.
OEA y UE reaccionan contra los límites a la libre democracia.
Josep Borrell, el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), reaccionó a la aprobación de la ley y aseguró que “tiene por objetivo evitar las candidaturas de la oposición”. El diplomático agregó que “la legislación reciente, como la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, así como el proceso en curso de una reforma constitucional para instaurar cadena perpetua por “crímenes de odio” definidos de manera imprecisa, endurecen las restricciones a los derechos civiles y políticos y libertades fundamentales”.
Los diputados del Congreso de España aprobaron una resolución donde exigen al Gobierno español el condicionamiento para reconocer la legitimidad de la Administración Ortega y solicitan a la Unión Europea impulsar nuevas sanciones. “Actuar en el ámbito de las instituciones de la Unión Europea (UE) para que se pronuncie en términos similares y para que condicione el reconocimiento de las elecciones presidenciales que se celebrarán en 2021 en Nicaragua al cumplimiento de las mínimas garantías democráticas exigibles”, dice la resolución.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), hizo un llamado al Gobierno de Nicaragua a derogar esta ley, al tiempo que advirtió que la iniciativa limita a los nicaragüenses el “derecho a elegir libremente a sus representantes, transformando los comicios de 2021 en una imposición en lugar de una elección”.
La Asamblea General de la OEA aprobó en octubre pasado una resolución que insta a Nicaragua a realizar reformas electorales para celebrar elecciones generales en 2021, garantizando un proceso participativo y observado por la comunidad internacional. Pese a que Ortega prometió realizar las reformas, el periodo legislativo culminó sin ellas y todo apunta a que serán retomadas en mayo de 2021, cuando vence el plazo impuesto por la OEA.
Nicaragua vive una crisis social y política que inició en abril de 2018 cuando decenas de protestas contra una reforma a la seguridad social mutaron a pedidos democráticos y fueron reprimidas violentamente con un saldo de más de 300 fallecidos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
En noviembre de 2018, un informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aseveró que policías y civiles armados cometieron “crímenes de lesa humanidad” en su afán de reprimir a los manifestantes. Actualmente varios líderes opositores denuncian tener casa por cárcel y vivir en asedio constante por afines al Gobierno.
(Publicada el 26/12/2020)
