Demandan garanticen los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información en Sonora

HERMOSILLO, SONORA. MX. — En medio de la efervescencia política que traen consigo los próximos comicios electorales en México y Sonora, se presenta un episodio más de inseguridad en la localidad, asignatura que a todas luces el gobierno local ha dejado pendiente −voluntaria o involuntariamente−, de acuerdo con datos expuestos por el Proyecto Social Ciudadano “Semáforo Delictivo” en Sonora los delitos denunciados durante enero de 2018, son: homicidio, secuestro, narcomenudeo, robo –a vehículo, casa habitación y negocio−, lesiones, violación, violencia intrafamiliar y homicidio, aún cuando la información no está actualizada, los hechos ocurridos en las últimas semanas arroja que los índices delictivos no han disminuido, consecuentemente situación no ha mejorado en la entidad, mientras tanto, la población sigue aspirando a que el nivel de reacción de las autoridades sea más eficiente en cuanto a la prevención, sanción y erradicación del delito atendiendo a las circunstancias sociales, culturales, políticas y económicas imperantes en la entidad.

Lo anterior, sale a colocación por el atentado sufrido por un grupo de 5 periodistas independientes que fueron arbitrariamente detenidos y encañonados el 12 de marzo (2018) por varios hombres que expresaron proteger los intereses de Rafael Pavlovich Durazo −tío de la gobernadora de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano− en Caborca.

Cabe mencionar, que según información contenida en el comunicado de prensa difundido por “Periodistas de a Pie” −organización que busca elevar la calidad del periodismo en México, a través de la capacitación y del intercambio de técnicas de investigación, experiencias, estrategias de reporteo, estilos narrativos y formas de abordaje que, a partir de 2010, incorpora a sus objetivos de trabajo la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información, así como las coberturas en zonas de conflicto, la protección y autocuidado de periodistas−, los comunicadores realizan una investigación sobre la industria minera en Sonora, razón por la que acudieron al ejido El Bajío, en el municipio de Caborca, donde ejidatarios fueron desaparecidos y amenazados por su oposición a la explotación minera en el lugar, información que fue difundida por la autora de esta columna en octubre de 2017 a través del presente medio de comunicación.

En el boletín informativo, se advierte una severa transgresión al Estado de derecho que debe prevalecer en una sociedad plagada de instituciones, cuya esencia reside en regular conductas con carácter obligatorio y coercitivo.

Luego entonces, surge imparable una interrogante ¿dónde quedan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución mexicana y los Tratados Internacionales de los que México forma parte?

Luigi Ferrajoli −traducción de Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM –, expone que “los derechos fundamentales establecidos por las constituciones estatales y por las cartas internacionales deben ser garantizados y concretamente satisfechos: el garantismo, en este aspecto, es la otra cara del constitucionalismo, en tanto le corresponde la elaboración y la implementación de las técnicas de garantía idóneas para asegurar el máximo grado de efectividad a los derechos constitucionalmente reconocidos”.

También, en dicho texto Ferrajoli refiere que el paradigma de la democracia constitucional, debe ser extendido en una triple dirección: en primer lugar, hacia la garantía de todos los derechos, no solamente de los derechos de libertad sino también de los derechos sociales; en segundo lugar frente a todos los poderes, no sólo frente a los poderes públicos sino también frente a los poderes privados; en tercer lugar a todos los niveles, no sólo en el derecho estatal sino también en el derecho internacional.

En este orden de ideas, resulta por demás evidente que la conducta adoptada por el grupo de sujetos armados y encapuchados que llegaron a bordo de una camioneta Suburban de color negro y que posteriormente colocaron a los comunicadores sobre su automóvil, obligándolos a identificarse y más tarde a retirarse del ejido contraviene disposiciones contenidas en todo orden jurídico.

Los comunicadores, quienes se encuentran ilesos, constataron que a través de gente armada bajo las órdenes de Rafael Pavlovich se vigila el predio y la operación de la mina, a pesar de que en noviembre del año pasado un operativo de seguridad desalojó a las personas ajenas al ejido,
El ataque perpetrado en contra de los periodistas se presenta en un contexto en el que Pavlovich Durazo tiene dos denuncias ante la Fiscalía del estado por la presunta desaparición del presidente ejidal, José de Jesús Robledo Cruz, y otros dos ejidatarios de El Bajío.

El texto difundido por el colectivo “Periodistas de a Pie”, concluye lanzando una solicitud a las autoridades competentes:

“los periodistas continúan en la región, por lo que se vuelve imperante que las autoridades locales asuman la responsabilidad de proveer un contexto de seguridad para que no se interrumpa la investigación periodística.

En relación a los lamentables hechos ocurridos en perjuicio de los comunicadores, ARTICLE 19, se pronunció contra la falta de condiciones para efectuar el trabajo periodístico en El Bajío, toda vez que impacta el flujo informativo no sólo en la dimensión individual de este derecho, sino de la ciudadanía sonorense a buscar y recibir información.

Desde luego, este borrascoso panorama obliga a que esta organización independiente y apartidista que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de expresión y acceso a la información de todas las personas, de acuerdo a los más altos estándares de derechos humanos demanden urgentemente al gobierno de Sonora y al gobierno municipal de Caborca que atendiendo a su calidad de garantes de la libertad de expresión, promuevan y refrenden la posibilidad de investigar y difundir información sobre el proceso que ha vivido la región durante los últimos años.

Al mismo tiempo, exigen a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión que conozca del caso e investigue diligentemente los hechos descritos y la aplicación del Mecanismo que de seguimiento al caso, además, que en el marco de sus atribuciones, protejan a los periodistas afectados.

Dirección electrónica: [email protected]
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(Fecha de publicación 18032018)