Sonora en Equipo. Días de furia en México: ¿López Obrador reactiva guerra contra el narco? MUNDO

CIUDAD DE MÉXICO. MX. — En enero pasado López Obrador había dado por cerrada la guerra contra el narcotráfico inaugurada en 2006 por el expresidente Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional. Desplegó desde entonces la retórica de «abrazos, no balazos» que se estrella contra los hechos de esta semana –una sucesión de episodios sangrientos-. La nueva ofensiva del narco lo obligó a actuar a contragolpe y dio por tierra con su afirmación.

Inconsistencias, montaje de escenas del crimen, contradicciones en las versiones oficiales, enfrentamientos con cárteles, estados de sitio virtuales, fueron la tónica de una semana abrumadora que evidenció que la militarización como estrategia de seguridad no constituye una salida ante las intricadas redes del crimen organizado.

A simple vista, se ve una situación que parece haberse salido de control: el último episodio fue el operativo para detener a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de el Chapo Guzmán, reclamado por Estados Unidos para su extradición. Sin orden de cateo, sin orden de aprehensión, sin medir la posible respuesta del cártel. Operativo que se ve mal y se vive peor, como lo han sentido los habitantes de Culiacán, capital de Sinaloa.

Desde Washington dieron la orden de detención de Guzmán López. Los ejecutores fueron la Guardia Nacional –integrada por militares, marinos y policías-, elementos del Ejército y policías locales. Todo salió mal. El Cártel de Sinaloa parece haber perdido apoyo entre las autoridades estadounidenses y en México no amarraron acuerdos a su gusto ni con el gobierno estatal ni con el gobierno federal, pero no perdió poder operativo ni suministro de armas. De ahí la fuerza de más de 70 balaceras y bloqueos en la capital sinaloenses.

Más allá de la superficie, se despliegan las versiones contradictorias del gobierno mexicano, el tráfico de armas, el tráfico de drogas y como telón de fondo, la permanente subordinación de México al imperialismo estadounidense.

Contradicciones y servilismo en bandeja de plata

Falta de certeza: las distintas versiones gubernamentales dinamitan la credibilidad de López Obrador y sus funcionarios. Que la identificación de Guzmán López no era un operativo, que fue un patrullaje de rutina, que sí era un operativo con orden de extradición del hijo del Chapo, que no dan cifras de muertos y heridos de una jornada donde llovieron las balas. Las evasivas impresentables de López Obrador. Su desdén por un supuesto “surrealismo” cuando en Culiacán se ordenó a la gente guardarse en sus casas y no salir. El halo de impunidad que rodea la liberación de Guzmán López.

“Los soldados son pueblo uniformado” repitió el presidente una y otra vez para lavar la mala imagen del ejército que sembró muerte en nombre de la guerra contra el narcotráfico, y que es uno de los responsables materiales y políticos de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de innumerables masacres, desde Tlatelolco a Iguala, y después Tlatlaya y una pléyade nefasta de ejecuciones que no tienen fin.

Con ese discurso para garantizar la impunidad de los asesinos uniformados, López Obrador pugnó por la creación de la Guardia Nacional, la corporación más reciente cuya principal ocupación ha sido frenar el paso de migrantes de Centroamérica y África que buscan llegar a Estados Unidos. Cumple fielmente las órdenes de Donald Trump, el presidente a quien nadie respeta en su tierra, pero que es tenido en gran estima por el presidente mexicano, especialista en obsecuencia ante el amo del norte.

Bandoleros del siglo XXI: con y sin uniforme

El rifle AK-47, llamado WASR-10 y fabricado en Rumania, conocido en tierras mexicanas como “cuerno de chivo”, es reconfigurado en Estados Unidos. Hay importadores y empresas que lo modifican. Y hay traficantes que lo distribuyen. Obviamente, sin el concurso de un sector de las autoridades esto no sería posible.

El gobierno mexicano “exige” a EE. UU. que cese el tráfico de armas. Dieron a conocer que el 70 % de las armas provienen de ese país vecino. ¿Qué callan? Que desde hace años se sabe que militares así como policías federales, estatales y municipales están involucrados en el negocio, como señala una investigación de InSight Crime.

La industria armamentística estadounidense arma a los cárteles, algunos de los cuales pueden hacer acuerdos con los gobiernos mexicanos de turno –una relación prácticamente simbiótica, uno no puede existir sin el otro- y otros no. Los díscolos son los que protagonizan las escaramuzas y los enfrentamientos con los asesinos uniformados. Todos despliegan un clima de terror y violencia que busca mantener acallada la protesta social. A veces lo consiguen, a veces no.

Mientras tanto, la militarización se sostiene en México desde 2006 hasta ahora. Más de 250 mil personas ejecutadas, 40 mil desaparecidos, decenas de miles de desplazados, violencia en ascenso contra las mujeres, los defensores ambientales y los periodistas críticos, es la consecuencia.

Crimen organizado, fuerzas represivas y trasnacionales

Vale delinear una analogía histórica: el caso de las bandas de la mafia china y las autoridades de la concesión francesa de Shangai a inicios del siglo XX. Lo que dinamizaba todo era el tráfico de opio. Uno de los jefes de la mafia, Du Yuesheng (el Chapo de esos días), era muy cercano amigo de Huang Jinron, el oficial de mayor rango en la concesión francesa.

Shangai, por la cercanía del río Yangsé y sus afluentes, era una ruta comercial estratégica para las potencias europeas en la década de 1920. Gracias a las buenas relaciones entre las fuerzas del orden de la Concesión Francesa y la Green Gang (el equivalente al Cártel de Sinaloa), el tráfico de opio prosperó. Las autoridades recibían parte de las ganancias generadas por el trasiego de esa droga (1). Los capos mafiosos sirvieron también al poder imperialista francés como fuerza de choque contra las y los trabajadores de la región. El Kuomintang, partido nacionalista chino de la época, los contrataba para atacar reuniones sindicales y romper huelgas.

En México, en pleno siglo XXI, algunos de los estados con más actividad conocida del crimen organizado tienen puertos de comercio internacional por donde entra y sale el tráfico de drogas, de personas y de armas (Sinaloa: Mazatlán; Guerrero: Acapulco; Michoacán/Colima: Lázaro Cárdenas/Manzanillo). A su vez, son estados donde mineras transnacionales tienen gran interés en operar. Según una investigación de Connectas, en 2015, el empresario canadiense Rob McEwen declaró: “Los cárteles están activos en esa región, y en general, tenemos buenas relaciones con ellos”. Más claro imposible.

Según la investigación citada “En 11 de los 18 municipios de Sinaloa se han desplazado por violencia al menos 234 comunidades, de 2006 a 2018; de las cuales, 230 se encuentran en territorios donde se presenta actividad en exploración y explotación minera, aunque no siempre las causas se atribuyen a la minería.”

En nuestros días, las transnacionales despliegan también al crimen organizado contra huelgas obreras, como sucedió en enero de 2018 en la mina Media Luna, cuando Torex Gold Resources organizó un operativo integrado por burócratas de la CTM, gendarmes y civiles armados con los fusiles AK-47.

Por una salida ante la violencia de la militarización y el narcotráfico

La continuidad de la militarización y posibilidad de una nueva fase de la guerra contra el narcotráfico sólo traen muerte y zozobra para la clase trabajadora, los jóvenes, las mujeres, los pueblos originarios y las comunidades campesinas.

Hay experiencias en zonas rurales como la de Cherán, en Michoacán, donde el pueblo organizado expulsó a los cárteles y a los partidos patronales, que vale la pena analizar.

En zonas urbanas, donde se desarrollan las actividades industriales y de servicios estratégicas para el modo de producción capitalista, sólo la organización de los de abajo puede dar una salida a favor de las mayorías. Debe ser una organización impulsada por los sindicatos que se reivindican democráticos, donde en espacios asamblearios se defina cómo enfrentar la violencia.

Nucleados por centro de trabajo, de estudio, por colonias, las y los trabajadores y los sectores populares pueden poner en cuestión el supuesto monopolio de las armas por parte del Estado –supuesto monopolio porque el crimen organizado tiene libre acceso– y tomar las medidas que consideren

necesarias para garantizar su seguridad.