EDUCACIÓN. Hacia una nueva escuela mexicana
Con el proyecto de decreto de Reforma Educativa que presentó el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ante Oficialía de Partes de la Cámara de Diputados el doce de diciembre de 2018, se vislumbran cambios trascendentales en materia educativa en beneficio de la población.
En la exposición de motivos el Jefe del Ejecutivo Federal, realiza diversas consideraciones jurídicas, políticas, sociales y económicas que justifican las modificaciones a los artículos 3, párrafos 1, 2 y 3, fracciones II –derogación del inciso “D”-, III, IV –adición de un segundo párrafo-, V, VII, VIII y IX; 31 y 73, fracciones I y XXV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Todo parece indicar, que con esta propuesta la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), aprobados y publicados el 11 de septiembre de 2013, tienen los días contados, consecuentemente el INEE y la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, así como las Coordinaciones en las entidades federativas, instrumentos de persecución y ejecución de las arbitrarias decisiones del Estado para tranquilidad de los trabajadores de la educación se encuentran en la antesala de su extinción.
Para sustituir a estos organismos, se contempla la creación del Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua en Educación, organismo que sólo tendrá autonomía técnica −sin personalidad jurídica, ni patrimonio propio− compuesto por un Consejo directivo de siete miembros, designados por la Secretaría de Educación Pública, docentes distinguidos, madres y padres de familia y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
La puesta en marcha de la política educativa del gobierno federal actual, plantea que los niños, adolescentes y jóvenes son el tema central de la educación, por ello, el artículo 3º Constitucional consagrará el principio de obligatoriedad de la educación superior y se añadirán los principios de integralidad, equidad, excelencia y universalidad en la educación que imparte el Estado, atención prioritaria a los sectores más vulnerables, un trato incluyente y diferenciado en relación a la identidad regional y énfasis en la educación indígena.
En este contexto, es oportuno señalar que en las zonas que se encuentran en condiciones de desventaja socioeconómica se implementarán acciones de carácter alimentario mediante políticas incluyentes y de carácter transversal de manera gradual a partir de lo que establezca la legislación secundaria, en concordancia con el artículo octavo transitorio de la iniciativa en comento.
También, entre los proposititos de esta iniciativa de Ley, e encuentra la anulación de la punitividad de la evaluación del desempeño y la permanencia en la función docente, se medirán resultados no sólo del magisterio, sino de las autoridades educativas y el sistema educativo nacional. Además se garantiza la gratuidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, a la par, que revalora la función del magisterio, reconoce la labor del docente como agente de cambio social y se ofrecerá un sistema permanente de formación continua para los docentes y apoyo a las escuela normales.
Cabe destacar, que en consonancia con el artículo 135 de la Constitución Mexicana, para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las modificaciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.
Sin duda, esta propuesta de Reforma Educativa se acerca más al cumplimiento de los deberes vinculantes en derecho internacional en cuestiones relativas al respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos, impulsados por La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
Principales responsabilidades de los Estados
Los Estados son los titulares de los deberes que impone el derecho internacional en materia de derechos humanos y poseen la mayor parte de responsabilidad en cuanto al suministro directo del derecho a la educación y les impone tres niveles de obligación: respetar, proteger y cumplir el derecho a la educación.
Desde luego, esta clasificación ha sido avalada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus Observaciones Generales 13 y proporciona un marco analítico útil para considerar las obligaciones de los Estados en lo relativo al derecho a la educación, cuyos elementos distintivos son: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.
1. Las instituciones y programas de enseñanza tienen que estar disponibles en cantidad suficiente (edificios, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes capacitados que reciban salarios competitivos a escala nacional, materiales de enseñanza).
2. Las instituciones educativas han de ser accesibles para todos, sin discriminación, en el derecho y en la práctica.
3. La forma y el fondo de la educación han de ser aceptables tanto para los estudiantes como para los padres, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad.
4. La educación ha de ser flexible, adaptable a las necesidades de sociedades en transformación y responder a las necesidades de los estudiantes en contextos sociales y culturales variados.
Componentes principales del Derecho a la Educación
Los Estados deben principalmente, ofrecer una enseñanza primaria gratuita y obligatoria, establecer que la enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluyendo la enseñanza secundaria técnica y profesional, sea generalizada y se haga accesible a todos por cuantos medios sean apropiados, y en particular con la implantación progresiva de la educación gratuita, disponer que la enseñanza superior sea igualmente accesible sobre la base de la capacidad individual, por cuantos medios sean apropiados y en particular con la implantación progresiva de la educación gratuita. Debe alentarse o intensificar “la educación fundamental” para las personas que no han recibido o terminado el ciclo completo de la enseñanza primaria, formular normas mínimas y mejorar la calidad de la educación, desarrollar el sistema de las escuelas en todos los ciclos de enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente, prohibir las discriminaciones a todos los niveles de los sistemas educativos, así como garantizar la libertad de elección.
Los Estados también quedan sujetos a los principios de no regresión y a la mayor cantidad posible de asignación de recursos disponibles al ámbito educativo.
Tiempos de cambio legislativos
El camino, aunque sinuoso permite avanzar en los cambios que el país y la educación demandan, para lo cual se construye el puente que permita la convergencia de ideas, en este sentido, las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados convocaron al Secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán el lunes −28 de enero de 2019− para exponer cuestionamientos e inquietudes que seguramente resolverá con magistral audacia el titular de la dependencia educativa federal.
Del resultado de esta reunión será pieza clave para conducir a buen término la Reforma Educativa propuesta por Andrés Manuel López Obrador, claro está, enriquecida con el aporte de los miembros de ambas comisiones de legisladores, organismos internacionales, escuelas normales, universidades y del Instituto nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), autoridades educativas federales y estatales.
En el sitio Web de la Cámara Baja se publicita el programa de actividades para la realización de las audiencias públicas y las bases para la participación de los interesados a que convoca la LXIV Legislatura de la Paridad de Género en el Palacio Legislativo de San Lázaro, debiendo enviar su solicitud durante los días 28 de enero al 1 de febrero del año en curso, el cupo será limitado, sujeto al aforo de las salas y a los protocolos obligatorios de seguridad y protección civil
Las siete audiencias públicas se realizarán del 6 al 16 de febrero, los días miércoles, viernes y sábado, con la intención de prever que obstaculicen el desarrollo de las sesiones del pleno de la Cámara Baja. De esta forma, se prevé discutir y aprobar el dictamen en el pleno durante la primera quincena de marzo o a más tardar en abril.
Por lo pronto, el Presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo ha convocado a los integrantes de la Comisión Permanente a la sesión que se efectuará el viernes 1 de febrero de 2019 a las 10:00 horas en el Salón Legisladores de la República.
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