El INEE propone, el gobierno dispone y el magisterio contrapropone en la defensa de sus derechos… Parte I
12012016. HERMOSILLO, SONORA.MX. MARTHA ELVA GONZÁLEZ PEREZ.— Al término de la primer quincena de diciembre de 2015, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) publica en su sitio Web que la Unidad de Normatividad y Política Educativa (UNPE) a través de la Dirección General de Directrices para la Mejora de la Educación aprobó por Acuerdo de la Junta de Gobierno SEJG/23-15/06,R, en sesión extraordinaria la PROPUESTA DE DIRECTRICES a ser emitidas en 2016.
De acuerdo con la información divulgada, la selección de la temática se realizó a partir de las prioridades y retos expuestos en el Informe del INEE 2014 “El derecho a una educación de calidad” con el propósito de revertir la inequidad educativa de los grupos más vulnerables, entre ellos los jornaleros agrícolas migrantes, siendo esta directriz una de las tareas más urgentes que debe emprender el Estado Mexicano.
¿Qué es una directriz?
El Diccionario de la Real Academia Española define el término “directriz”, como el “conjunto de instrucciones o normas generales para la ejecución de algo”,
Por su parte el Diccionario Oxford -versión en español-, establece que el vocablo “directriz” es una “norma o conjunto de normas e instrucciones que se establecen o se tienen en cuenta al proyectar una acción o un plan”.
En este orden de ideas, el INEE en el Micrositio de Directrices difunde su concepción sobre la definición de directriz, señalando que esta constituye un principio que provee orientación, la cual, se construye con base en evidencia y apoya la toma de decisiones informada. Es una norma técnica.
Añade que la validez de la directriz se fundamenta en las conclusiones de las evaluaciones, en el conocimiento probado disponible sobre el tema en cuestión, en la revisión de las decisiones del pasado que han mostrado su pertinencia y efectividad; y, en la legitimidad de su proceso de construcción y, para fortalecer este último se consulta a diversos actores clave, quienes ayudan a valorar su alcance, contenidos y viabilidad.
Asimismo, señala que una directriz —o bien un conjunto de directrices— se presenta en un enunciado formal, establece propósitos y plantea aspectos clave de mejora. Define las problemáticas, debilidades o riesgos a atender para resolver o enfrentar un problema específico, llenar un vacío o solventar un déficit educativo particular.
La selección de las temáticas de directrices a ser emitidas en 2016 considera uno o más de los siguientes criterios fundamentales:
1) la disponibilidad de información o evidencias que permitan determinar la existencia de un problema, debilidad o riesgo educativo;
2) el abordaje o atención pública de la temática o problema en el marco la política educativa actual, con la consecuente consideración de la ruta de atención y los recursos asignados para ello; y,
3) La existencia de evaluaciones o investigación educativas que ayuden a valorar su grado o nivel de rezago y su impacto en la calidad y equidad educativa, en el marco del sistema educativo nacional.
Según el contenido del Acuerdo aprobado en diciembre pasado, durante el 2016 la UNPE tiene como propósito trabajar más de cerca con la Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional (UESEN), para que, una vez que se cuente con el análisis de las evaluaciones realizadas en 2015, a saber, las enmarcadas en el Plan Nacional para la Evaluación del Aprendizaje (PLANEA) y en la Evaluación de las Condiciones para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA), y se tengan liberadas las bases de dichas evaluaciones, se puedan afinar las prioridades de agenda en materia de directrices.
Asimismo, expone que se trabajará de manera cercana con la Unidad de Información y Fomento a Cultura de la Evaluación (UIFCE) para recuperar la información y evidencia disponibles sobre distintos indicadores de acceso, permanencia, eficiencia interna y resultados del sistema educativo nacional que sirvan para determinar la relevancia de problemas educativos y de diversos factores asociados.
También menciona que se trabajará de manera conjunta con esta Unidad para realizar los análisis de gasto y comportamiento presupuestal en el ámbito sectorial y, de manera particular, en cada uno de los temas seleccionados.
Los proyectos propuestos para la emisión de directrices 2016 son los siguientes:
1) Directrices para mejorar la atención educativa dirigida a niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras agrícolas migrantes.
2) Directrices para mejorar la atención educativa dirigida a niñas, niños y adolescentes que viven en comunidades indígenas.
3) Directrices para abatir la deserción escolar en el nivel de medio superior.
4) Directrices para mejorar el programa de tutorías a docentes de nuevo ingreso en el marco del Servicio Profesional Docente.
5) Directrices para mejorar el diseño e implementación de la política de formación continua en el marco del Servicio Profesional Docente.
En dicho documento, se expone a grosso modo cada uno de los proyectos referidos en correlación con los criterios señalados, entre ellos:
Directrices para mejorar la atención educativa dirigida a niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras agrícolas migrantes
Las niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras agrícolas migrantes enfrentan fuertes barreras para el acceso a la educación. La alta movilidad entre campos agrícolas en la búsqueda de una fuente de ingresos de muchas familias se traduce en el abandono de la escuela, derivado de la falta de servicios educativos, los cuales no solo se encuentran alejados de los campos de cultivo, sino que no siempre pueden tener la flexibilidad para adaptarse a los ciclos agrícolas y a las necesidades y características sociales y educativas de población migrante. En este grupo poblacional, el trabajo infantil obstruye la escolarización de 20 de cada 100 menores (Rojas Rangel, 2011).
En esta directriz se reconoce la existencia de un desfase entre el ciclo agrícola y el ciclo escolar, lo cual provoca ciclos escolares truncados. Se carece de un sistema único de control escolar, que ayude al tránsito fluido de estudiantes entre los diferentes servicios educativos; ello también provoca repetición, extra edad y, finalmente, el abandono -esta población con frecuencia necesita documentación de identidad y de acreditación escolar-.
La reducción en el presupuesto del Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM), ahora Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE), implicó, entre otras cosas, la desatención de esta población, escrito en que se señala una severa disminución de los estudiantes atendidos en 2012 (53,679) con respecto al 2015 (a menos de 30,000) (Morales Garza y Hamilton Vélez, 2015; INSAD, 2013).
Esta cobertura, aun sumando la que atiende el CONAFE , es pequeña, si se toma en cuenta que hay alrededor de 272,199 niñas, niños y adolescentes, de 6 a 18 años, pertenecientes a familias de jornaleros agrícolas migrantes (SEDESOL, 2011).
Se hace entonces necesario visibilizar el grave problema de este grupo poblacional a la educación, pues es sin duda, una de las poblaciones más invisibles.
También se examina que la información que arrojan varias evaluaciones hechas al PRONIM y al CONAFE da cuenta de la necesidad de realizar un diagnóstico oportuno que permita definir la dimensión del problema y ubicar a la población potencial y objetivo a partir de información confiable. De igual modo se señala un déficit en la coordinación interinstitucional, principalmente, entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), la SEP y el CONAFE y, derivado de ello, muchas niñas y niños no pueden tener una trayectoria educativa fluida por la falta de información, coordinación y modelo de atención a migrantes común entre las instituciones.
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