NOTAS SUELTAS. El tema de la impunidad
“Muchas veces se hace el bien para poder hacer impunemente el mal” (Francois de la Rochefoucauld).
Como usted habrá notado, la impunidad ahora no es problema sino “tema”. Todos los personajes públicos hablan o piensan hablar de ella, como si al pronunciar la palabra “impunidad” estuvieran declarando su adhesión a la justicia y al imperio de la ley y librándose de las sospechas y las consecuencias morales y estrictamente legales de leperadas cometidas o por cometer.
La impunidad es un feo baldón social en un contexto en el que todos hablan de la transparencia y la rendición de cuentas, de la honestidad y la probidad de los funcionarios públicos y los políticos con aspiraciones y, quizá por eso, hay que exorcizar los demonios de la curiosidad pública en asuntos que se puedan fraguar desde las cómodas y auspiciosas esferas del poder. Como se sabe, la corrupción es una especie de Sida moral que aqueja, atosiga y atrapa a quienes ocupan cargos y posibilidades de salir de pobres mediante el cada vez más empresarial ejercicio de las funciones públicas. Muchos entran al puesto con una mano atrás y otra adelante, pero en la medida en que aprenden a tocar las teclas apropiadas y conocen las claves y conexiones del poder empiezan a desarrollar no sólo relaciones problemáticas sino acciones de indudable ilegalidad. Muchas riquezas al vapor se han amasado gracias al voto de usted, de los descuidos intencionales de la autoridad competente y del arte de simular lo que no se es.
Recuerdo con signos de admiración la declaración de fe en la legalidad del entonces alcalde Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (“Maloro” para efectos mediáticos), referida a la “administración anterior” correspondiente al panista Alejandro López Caballero, a la sazón investigado por desviación de fondos públicos. “Nosotros no vamos a dejar nada, ninguna actuación ilegal que lo tenga que hacer el Ayuntamiento, eso (investigación de Alejandro López Caballero) lo está viendo la Contraloría y el Director Jurídico” (El Sol de Hermosillo, 13-02-2016); o la declaración de Natalia Rivera, Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, referida a los expedientes “mal cerrados” del gobierno de Guillermo Padrés Elías, correspondientes al caso del ISSSTESON y del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (Femot), donde “coincide” con el fiscal Odracir Espinoza: “Debe generarse alguna responsabilidad sobre el funcionario que haya cometido alguna ilegalidad, que entiendo es exactamente la misma opinión que tiene el fiscal y la comparto” (misma fuente).
Como se ve, los funcionarios, estrellas luminosas en el firmamento de las coyunturas, casualidades o veleidades políticas, se sienten obligados a pronunciar el mantra de lo políticamente correcto, sea porque tienen responsabilidad ejecutiva o porque se suman a quienes legalmente la tienen, aunque es justo aclarar que el simple pronunciamiento no obliga, previene ni mucho menos disuade de ninguna conducta delictiva al declarante, como queda claro a los hermosillenses que deben esperar sentados que se haga justicia en el caso del ISSSTESON o del exalcalde López Caballero, entre otros.
En nuestro medio tenemos la costumbre de criticar la deshonestidad y una vez cumplido el ejercicio de nuestras facultades de aparentar lo que no somos o creemos cerramos el expediente y nos vamos a otra cosa, independientemente de que sigamos con ojos absortos el devenir noticioso de la comunidad y nos regodeemos de las nuevas trapacerías de los personajes del pasado reciente o los que están de turno porque, como buenos ciudadanos, “los estamos vigilando”.
La impunidad y la corrupción son aspectos oscuros que volvemos visibles sólo en caso de tener necesidad de expiación de culpas a través de la flagelación ajena, de darse baños de honestidad gracias a la exhibición del otro, de ese cabrón canalla que robó, huyó o es visto por las calles gozando de su botín y de su bien ganada fama de pillo apalancado, protegido en los hechos por la generosidad de la autoridad en turno, la laxitud acomodaticia de los nuevos juzgadores, la muy calculada ineptitud del sistema de justicia y la magia que transforma el delito, la infracción o el crimen en un “tema”, dejando de ser lo que es: un problema legal y social de enormes consecuencias para todos.
Me pregunto ¿cuándo nos decidiremos a ser una sociedad que ponga sus deberes y obligaciones legales, políticas y sociales por encima de los compadrazgos, parentelas, complicidades y afinidades políticas? La respuesta no está en las palabras de ocasión sino en el compromiso y acciones de las autoridades competentes por cumplir y hacer cumplir la ley y procurar justicia. ¿Será mucho pedir?
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(FECHA DE PUBLICACIÓN.14/10/2018 //
