Exigen a Claudia Pavlovich saque las manos del Ejido El Bajío Parte 1
HERMOSILLO, SONORA. MX.PROFA. MARTHA ELVA GONZÁLEZ PÉREZ.— El concepto de Estado de derecho, surge en el ámbito-jurídico alemán entre los siglos XVIII y XIX, su nacimiento obedece a la necesidad de oponer un Estado respetuoso de la ley y las libertades del ciudadano a la arbitrariedad impuesta por el Estado absolutista.
La esencia de este concepto, reside principalmente en impulsar el bienestar del individuo, asegurando su libertad y propiedad en aras de conformar su carácter como “ente común.
Se trata pues, de la expresión clara y llana del reconocimiento de los derechos del hombre, la separación de poderes, la garantía de que las leyes producidas y promulgadas conforme a los procedimientos debidamente establecidos, deben ser garantía de la aplicación de un orden estatal justo, que no distingue o discrimina por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Luis Villar Borda (2007), afirma que “el Estado de Derecho es aquel que al mismo tiempo formula prescripciones relativas al ejercicio de su potestad administrativa, asegura a los administrados, como sanción de dichas reglas, un poder jurídico de actuar ante una autoridad jurisdiccional con objeto de obtener la anulación, la reforma o por lo menos la no aplicación de los actos administrativos que la hubieran infringido”.
En tanto, Carré de Malberg (1948), sostiene que “el régimen del Estado de derecho se establece en interés de los ciudadanos y tiene por fin especial preservarlos y defenderlos contra las arbitrariedades de las autoridades estatales”
Un Estado de derecho es un modelo de orden para el país, que se rige por un sistema de leyes escritas e instituciones, ordenadas en torno de una constitución, autoridades, funcionarios y servidores públicos y toda decisión de los órganos de gobierno deberá estar fundada y motivada por la ley y guiados por absoluto respeto a los derechos fundamentales.
Lo anterior viene a colación, porque en Sonora hablar sobre el Estado de derecho, pareciera una utopía difícil de materializar, sobre todo, después de los hechos ocurridos el anterior 3 de septiembre, fecha en que el señor José de Jesús Robledo Cruz, Comisariado del Ejido El Bajío, fue levantado de la puerta de su casa en Puerto Peñasco, acción que se atribuye a Rafael Pavlovich Durazo, personaje que en diversas ocasiones profirió amenazas en su contra.
El Lic. Francisco Javier Cabrera Castro, miembro de la mesa directiva de la Central Única de Trabajadores de Sonora (CUT/ representante legal del Ejido) y Roberto Hernández Lozano, vicepresidente del Comisariado, expusieron en conferencia de prensa celebrada durante la primera quincena de septiembre, al tiempo que exponen los múltiples agravios que padecen los lugareños, se hace mención a que “no es la primera vez que Robledo Cruz es privado de su libertad, después de ser amenazado por Pavlovich Durazo”, quien es tío de la gobernadora Claudia Artemiza Pavlovich Durazo, por lo que lanzaron un llamado a la primera autoridad en la entidad para que aplique el ausente Estado de derecho, particularmente en la región de Caborca.
De cara al pasado
En el recuento de los sucesos que se presentaron en el Ejido El Bajío, el abogado Cabrera Castro, expresa que 67 lugareños demandaron la nulidad de contratos contra la Minera Penmont, litigio que se resolvió a favor de los ejidatarios en 2013, en las pretensiones expresadas en el escrito de demanda se exigió el pago de una indemnización por el usufructo de 16 años de la explotación realizado en el complejo minero “La Herradura, Dipolos y La Soledad”, importante productor de oro a tajo abierto en el noroeste.
Cabe mencionar, que la Minera Penmont, es subsidiaria de Industrias Peñoles, compañía minera que aspira a ser la empresa mexicana más reconocida a nivel mundial en su sector, cuyo accionista mayoritario es la familia Bailléres González con el 69 % del capital.
El representante legal de los ejidatarios, narra que Alberto Bailléres González −el segundo hombre más rico en México−, arribó en 1993 a la región y realizó contrato con los integrantes de la mesa directiva del Ejido, sin que hubiese acuerdo de la Asamblea que legitimara a las partes, irregularidad que se combatió ante las instancias legales a través del juicio de “nulidad de contratos”, que después de varios años se resolvió a favor de los ejidatarios, dictándose la inexistencia de los mismos.
Posteriormente, en 2016, el Tribunal Agrario No. 28, otorgó la posesión material de los terrenos a 5 parcelarios –que habían perdido sus derechos como ejidatarios- y se emitió un “acuerdo” para incorporar a su sexto posesionario, quien tiene por nombre Rafael Pavlovich Durazo, sujeto al que nadie conocía o había visto en la comarca, su inclusión, sin duda, fue un acto de corrupción del Magistrado Benjamín Arellano Navarro, miembro del Tribunal Unitario Agrario que corresponde al Distrito 28, ubicado en la capital sonorense.
En abril de 2016, el señor Pavlovich Durazo interpone denuncia penal por despojo contra los ejidatarios, sin ser dueño de los terrenos, −propiedad que debe acreditarse ante el Ministerio Público para que proceda la acción−, no obstante, en quince días se libra la orden de aprenhensión y detienen a 5 ejidatarios, confinándolos al CERESO.
Con dicho proceder, se advierte que detrás de la celeridad con que el Ministerio Público procedió existe una marcada corrupción, tráfico de influencias e impunidad, que evidentemente beneficia al tío de la gobernadora de Sonora y, de paso, le allanan el camino para que consiga su propósito, adueñarse de terrenos que no le pertenecen.
En consecuencia, los titulares de los terrenos en que se asienta la mina, presentan una denuncia penal por despojo contra Pavlovich Durazo, pero, curiosamente el trámite no ha caminado, se encuentra parado, no ha avanzado, ni un ápice.
¿A qué obedece la paralización del trámite?
Ojalá, las autoridades encargadas de velar por la prevalencia del Estado de derecho en Sonora puedan responder a esta interrogante y, sobre todo puedan accionar el sistema de impartición de justicia a favor del de los titulares del derecho, es decir, a beneficio de los ejidatarios, legítimos propietarios de los terrenos.
Los afectados con el despojo, señalan que el pariente de la gobernadora se ha posesionado de las instalaciones de la mina y temen esté extrayendo el valioso y codiciado metal, con la inconformidad, preocupación y desazón reflejada en el rostro, exponen:
“Nadie se puede acercar para allá, el lugar está resguardado por un grupo armado, anteriormente era un grupo de trabajadores con rifles de alto poder, pertenecientes a una empresa de seguridad, ahora, trae una banda de matones, incluso, los mismos ejidatarios no se pueden acercar a sus tierras porque son amenazados y expulsados del lugar, se han quedado con sus casas y con sus pertenencias”.
“El poblado está lleno de sicarios, de gente armada, que no deja vivir en el ejido, han quemado casas, destruido hogares y se han apropiado de aquéllas que están más o menos, la gente tiene mucho miedo, ahora, quedan como 6 familias, las demás se han retirado a otros sitios, ya sea, ejidos o campos agrícolas.
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(Fecha de publicación 04102017)
