Guantánamo y la «criminalización» de migrantes

La Isla de Guantánamo no es una base naval estadounidense más. Aunque en la década de 1990 se haya detenido allí a migrantes haitianos y cubanos interceptados en el mar, su nombre se asocia principalmente a la prisión instalada allí tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en el marco de la lucha antiterrorista.

Este es uno de los motivos del impacto que causó la orden de Donald Trump de habilitar en Guantánamo un centro para «detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que son una amenaza para el pueblo estadounidense». Según el jefe de la Casa Blanca, «algunos son tan peligrosos que ni siquiera confiamos en sus países de origen para que se los queden, porque no queremos que regresen. Así que los enviaremos a Guantánamo», consignaron las agencias de noticias.

De un preocupante «discurso de criminalización de las personas migrantes» habla Stephanie Brewer, directora para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). «Con el antecedente de Guantánamo, que ha estado asociado no solo a abusos y graves violaciones de derechos humanos contra personas detenidas en el marco contra el terrorismo, sino también de personas migrantes, todo esto nos pone en alerta ante la posibilidad de detenciones prolongadas, injustificadas, en condiciones inadecuadas y con falta de acceso a medidas de debido proceso”, indica a DW.

Ariel Dulitzky, profesor de derechos humanos de la Universidad de Texas, observa también «un contexto de hostilidad hacia los migrantes en general». En conversación con DW, destaca dos tendencias, a su juicio muy peligrosas. «Por un lado, está la idea de asociar a migrantes con el crimen; y, por otro, algo, mucho más grave: el centro de detención en la base naval de Guantánamo está asociado a personas acusadas de terrorismo. Entonces, se asocia la migración con el terrorismo. Ese es el mensaje simbólico. Incluso si no se lleva a cabo, exacerba el contexto de hostilidad hacia los migrantes», afirma.

En este sentido, la especialista de WOLA complementa que «equiparar cruzar la frontera sin papeles a delitos violentos, que son los que se suelen invocar, para dar la imagen de que prácticamente toda persona migrante es un peligro, genera miedo, xenofobia, y es una suerte de desinformación».

Política simbólica de «mano dura»

Para Gabriel Echeverría, profesor de sociología de las migraciones en la Universidad Complutense de Madrid, «la iniciativa de Trump se inserta en una serie de estrategias que las derechas están ensayando a nivel global, en su intención de mostrar mano dura con la inmigración». Hace notar que, desde el punto de vista electoral, parece dar resultado. «Desde el punto de vista de la gestión migratoria, en cambio, creo que es una propuesta que se demostrará en el tiempo ineficaz», dice a DW.

Puntualizando que habrá que ver cómo reacciona el sistema judicial de Estados Unidos, subraya que el problema es mucho más complejo, y argumenta: «La propuesta de Trump es poner en Guantánamo máximo 30.000 migrantes… Si hacemos rápidas cuentas y pensamos que hoy se estiman más de 10 millones de migrantes irregulares en Estados Unidos, nos damos cuenta de que esta operación no va a resolver el problema de la inmigración irregular. Lo que va a hacer simplemente es violar el derecho de estas 30.000 personas, usarlas como chivo expiatorio, pero también como mensaje político». Por eso, opina que se trata de una política simbólica, que intenta desviar la atención.

Muchas dudas legales

Uno de los temores de los expertos en derechos humanos es que los migrantes afectados caigan en una especie de limbo legal. «En el pasado, se ha argumentado que en Guantánamo, como no está ubicado en Estados Unidos, no serían aplicables todos los derechos y garantías estadounidenses. Esa fue una de las fuentes de violaciones de derechos de personas detenidas en Guantánamo en otros contextos», advierte Stephanie Brewer. Este argumento se refiere al hecho de que la base naval de Guantánamo se halla en territorio ocupado por Estados Unidos en la isla de Cuba.

Por su parte, Ariel Dulitzky agrega además otras dudas que se plantean en cuanto al respeto de la presunción de inocencia y al debido proceso. «No hay abogados en la base naval de Guantánamo y las restricciones para entrar en una base naval son mucho más grandes que en otros lugares de detención. Entonces, el acceso a la defensa jurídica va a ser mucho más difícil. Todo esto hace también más difícil el acceso de la prensa y el control de cómo son las condiciones de detención”, subraya.

Y remarca también otro punto relevante: «Esta es una base naval controlada por las fuerzas armadas de Estados Unidos no por los agentes civiles. No está claro quién va a tener el control de la detención de los inmigrantes que sean enviados allí, de modo que podrían quedar bajo control militar, pese a que son civiles. Eso nunca debería suceder, de acuerdo con el derecho internacional y los derechos humanos».

Muchas interrogantes siguen abiertas. Stephanie Brewer reconoce tener en este momento «más preguntas que respuestas sobre qué es lo que pretende y cuáles serían, supuestamente, las bases legales para este tipo de acción completamente fuera de lo normal».

Fecha de publicación viernes 31 de enero de 2025/DW