NOTAS SUELTAS. Nuevamente de lengua me como un taco.

03022016. HERMOSILLO, SONORA.MX.— Nuevamente los ciudadanos sienten que la realidad es un accidente, cuando no un caso especial de la visión y expectativas de los personajes que gobiernan. El absurdo nuestro de cada día se expresa mediante discursos que permiten asomarse un poco a las intrincadas tramas del poder ejercido a periodicazos, desplegados e inserciones pagadas disfrazadas de noticia.

Los registros periodísticos revelan que mientras que los gobernadores y el Ejecutivo federal se empeñan en combatir la inseguridad a punta de iniciativas que lesionan al federalismo mexicano, muchos presidentes municipales piensan que el mando único no debe establecerse como una medida general, sino que, en todo caso, pudiera responder a situaciones particulares. No todos los municipios están en las mismas condiciones ni todos los presidentes municipales son serviles al gobernador en turno.

El problema de las disposiciones generales que se tratan de imponer es que se topan con barreras como la Constitución de la república, de suerte que cuando se le tuerce el brazo a la Ley Suprema también se violenta la historia política y administrativa de estados y municipios. El mayoriteo en los congresos estatales en la línea que traza el centro no sirve para otra cosa más que para demostrar, con peras y manzanas, que aún no entendemos lo que es la vida republicana bajo los supuestos del modelo federal, adoptado en 1824, restablecido en 1857 y ratificado en 1910.

Los pujos centralistas de quienes impulsan reformas claramente lesivas para nuestra vida y coexistencia civilizada, en los términos del marco normativo federal, revelan una ignorancia supina o, en su defecto, un ánimo depredador que pretende hacer legal renunciar a los logros políticos del pueblo mexicano.

Si la sola idea de reducir el ámbito de competencia del municipio, establecido en el artículo 115 constitucional federal y en el Título Quinto de la constitución local, es ridícula, también lo es pretender combatir la pobreza mediante acuerdos y pactos. Es evidente que por la visión asistencialista del gobierno jamás va a pasar la idea de fortalecer las finanzas municipales y los ingresos familiares mediante políticas de generación de empleo permanente, bien remunerado y con seguridad social.

¿Tiene sentido, más allá del manejo mediático, sentarse y firmar acuerdos cuya única finalidad es la de repartir becas y apoyos a familias económicamente desfavorecidas? ¿La pobreza se combate con discursos, pasarelas y buenas intenciones debidamente publicadas en los medios informativos? ¿La miseria es necesaria para el ejercicio del poder? ¿Por qué no impulsar la creación de empleos en empresas sonorenses o nacionales que respondan a criterios de responsabilidad social, protección ambiental y justicia laboral? ¿Tienen que ser maquiladoras las únicas unidades productivas que se promuevan e instalen? ¿Por qué no atraer inversiones que no afecten el ambiente, considerando que la disposición del agua en Sonora debe privilegiar el consumo humano, de acuerdo a las más estrictas normas sanitarias?

Es un hecho reconocido y documentado que el desempeño económico de Sonora ha sido no sólo bajo sino lamentable, pero, aun así, de ninguna manera se ven esfuerzos serios por superar los problemas ocasionados por una conducción errónea del gobierno, basada en ocurrencias. La ausencia de plan y programas dignos de ese nombre persiste a pesar de haber cambiado las siglas del partido en el poder. Con esto queda claro que el problema no es de partidos sino de visión política, de proyecto de nación y de entidad federativa. Ayer fue el PAN y ahora es el PRI, dos caras de la misma moneda. Dos enfoques o variaciones del mismo tema: la reducción del espacio público en beneficio de lo privado. La disminución de lo público trae aparejada otra cuya gravedad es evidente: la democracia sufre condicionamientos y limitaciones impuestas por el mercado.

El incremento en la tarifa del agua y el hecho de convertir en obligatorias las aportaciones que antes eran voluntarias, hacen más complicado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales para la mayoría de los ciudadanos. Quizá en algunos casos no sea lo más significativo el monto, pero cabe considerar que, para muchos, cualquier carga adicional trastorna el presupuesto familiar. Lo anterior genera no sólo malestar sino evidentes cuadros de marginación social por razones económicas.

El aumento en los precios de los bienes y servicios no es necesariamente una solución al problema de liquidez del gobierno, siendo que una función importante de los impuestos debiera ser la de servir como mecanismo de redistribución del ingreso. Lamentablemente, la administración pública no ha dado señales de capacidad para ofrecer servicios con calidad y cobertura suficiente para los ciudadanos, a quienes se empuja a asumir el papel de clientes.

La reducción del espacio público lo es también de las condiciones de igualdad y equidad en el acceso a los servicios públicos, con acento en la educación, la salud y la seguridad pública. En este sentido, la sociedad se convierte en expulsora de sus miembros menos favorecidos, generando con ello las condiciones objetivas de la pobreza, la enfermedad, la desintegración familiar, la deserción escolar, la delincuencia y la criminalidad.

Me parce que antes de pensar en el mando único o la policía única, debiera pensarse en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, en su empoderamiento efectivo no sujeto a la dádiva condicionada del gobierno, sino a la apertura y acceso a oportunidades de empleo e ingreso decentes, que hagan posible el restablecimiento de la confianza y el fortalecimiento de la esperanza, basados en el respeto y la valoración de la acción ciudadana en la construcción de una sociedad más justa e incluyente.

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