Investigan a jefa de la DEA por supuestos contratos millonarios otorgados de manera irregular
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. — Un auditor federal está investigando si la agencia antidrogas estadounidense, durante la gestión de Anne Milgram, otorgó contratos millonarios por adjudicación directa a antiguos colegas de Milgram de manera indebida, según personas informadas sobre el tema han revelado a The Associated Press.
La Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia investiga los contratos otorgados por la DEA, incluyendo uno que asciende a 4,7 millones de dólares para la «planeación y comunicación estratégica», y que aparentemente involucra el reclutamiento de personas que Anne Milgram conocía durante su tiempo como fiscal general de Nueva Jersey y profesora de derecho en la Universidad de Nueva York, por una tarifa mayor que la que se paga a los funcionarios públicos.
Un grupo de aproximadamente doce individuos, entre ellos miembros cercanos al círculo social de Milgram, han sido favorecidos con estos contratos, los cuales incluyen trabajos relacionados con inteligencia, análisis de datos, servicios comunitarios y relaciones públicas. Estos trabajos suelen ser realizados por los 9 mil empleados de la DEA y generalmente requieren autorizaciones especiales de seguridad.
También se investiga un pago por 1,4 millones de dólares a un despacho de abogados de Washington por un análisis reciente de las escandalosas operaciones de la DEA en el extranjero, criticado ampliamente por desestimar casos de mala conducta de agentes y cómo prevenirlos.
El análisis fue hecho por Boyd Johnson, antiguo mano derecha de uno de los amigos más cercanos de Milgram, Preet Bharara, cuando fue el poderoso fiscal federal de Nueva York. El propio Bharara obtuvo un puesto en el despacho, WilmerHale, al mismo tiempo que se realizaba la revisión.
Algunos de estos tratos parecen muy pantanosos”, aseguró Scott Amey, abogado del grupo apartidista Project on Government Oversight. Amey señala que las reglas para la contratación federal deben conducirse sin tratos preferenciales, evitando incluso la insinuación de un conflicto de intereses. También se prohíbe que los contratistas desempeñen “funciones que corresponden al gobierno”, como dirigir a empleados federales.
Nunca se deben asignar contratos a partir de a quién conoces”, dijo Amey.
PUBLICADO EL 19 DE ABRIL DE 2023
