Italia rechaza extraditar a Yarrington a México por violaciones a los derechos humanos en las cárceles
CIUDAD DE MÉXICO. MX. — La Corte de Casación de Italia ha rechazado la solicitud de extradición del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrigton Ruvalcaba, presentada por el Gobierno mexicano. El fallo argumentado por los magistrados es que no hay condiciones adecuadas en las cárceles mexicanas porque prevalece una sistemática violación a los derechos humanos. Tras este fallo, la Corte ha devuelto el caso al Tribunal de Apelación de Florencia. El exmandatario enfrenta acusaciones tanto en México como en Estados Unidos por delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude bancario.
Yarrington Ruvalcaba, que gobernó Tamaulipas entre 1999 y 2004, fue capturado el 9 de abril del año pasado en Florencia, Italia, cuando se encontraba en un restaurante. La búsqueda del político del PRI, el partido al que pertenece al presidente Enrique Peña Nieto, había comenzado oficialmente en noviembre de 2016 cuando la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) ofreció una recompensa de varios millones a quien brindara información que llevase a su captura.
En México Yarrington enfrenta al menos tres órdenes de aprehensión por delitos contra la salud, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). “Yarrington Ruvalcaba enfrenta acusaciones graves tanto en México como en los Estados Unidos, derivadas de hechos delictivos presumiblemente cometidos durante su gestión como gobernador del estado de Tamaulipas en territorio mexicano y en estadounidense”, informó la PGR en un comunicado el año pasado.
El pasado 21 de septiembre el Tribunal de Florencia había ordenado la extradición del exmandatario tras las peticiones hechas por los gobiernos de México y Estados Unidos. Posteriormente, la Corte de Casación italiana anuló la sentencia del Tribunal de Apelación de Florencia. La defensa del político ha argumentado que ninguna de las dos peticiones de extradición cuenta con los requisitos necesarios.
En el sexenio del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) las autoridades comenzaron a investigar a Yarrington por presuntos vínculos con narcotraficantes. En 2012, un juez federal libró dos órdenes de aprehensión contra el político de Tamaulipas. Una era por delincuencia organizada y otra por delitos contra la salud en la modalidad de fomento del narcotráfico. Pese a que ambas órdenes de captura se emitieron desde entonces, la Fiscalía emprendió su búsqueda cuatro años después, en 2016. Según la investigación de la PGR, el tamaulipeco cobraba sobornos al cártel del Golfo y Los Zetas. Posteriormente el dinero obtenido era blanqueado con prestanombres del sector inmobiliario, según los testimonios de testigos protegidos citados por medos mexicanos en ese entonces.
En mayo de 2012, fiscales federales en Estados Unidos acusaron al exmandatario de recibir millonarios sobornos de los cárteles del narcotráfico mexicano. Según las investigaciones utilizó a varios prestanombres para invertir el dinero en el sector de las bienes raíces. Estas acusaciones dieron origen a que se le confiscaran propiedades en EE UU, según información de la Fiscalía de aquel país dada a conocer por el diario Reforma en 2012.
Una vez que Yarrington fue detenido en Italia y el Gobierno mexicano comenzó a plantear la solicitud de extradición, la Fiscalía (PGR) planteó en abril del año pasado, que tras un acuerdo entre autoridades mexicanas y estadounidenses, se había acordado que en caso de que el gobierno de Italia concediera la extradición de Yarrington a EE UU, se autorizara en el mismo acto la extradición temporal a México a fin de que enfrentara a la justicia por los delitos imputados, una vez que fuera procesado y sentenciado por las autoridades americanas.
(Fecha de publicación 10042018)
