Javier Duarte no paga los más de 2 mil millones, la Universidad Veracruzana lanza SOS a la ONU
27042016. CIUDAD DE MÉXICO.MX.SINEMBARGO.— La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) pidió hoy la intervención del Relator sobre el Derecho a la Educación del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kishore Singh, y del Representante Adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ante el adeudo de más de 2 mil millones de pesos que el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa tiene con la institución.
“Nuestro caso ha alcanzado visibilidad nacional y ha sido hecho del conocimiento del Presidente de la República [Enrique Peña Nieto] y del Secretario de Educación del país [Aurelio Nuño Mayer], sin que hasta el momento se haya dado ninguna intervención oficial, sobre todo del Secretario de Educación que es en quien recaen deberes de cargo al respecto. Razón por la cual consideramos que las autoridades federales están siendo omisas en torno a sus deberes de protección y garantía del derecho a la educación en el nivel superior”, denunció la casa de estudios.
En una carta enviada al organismo internacional, Adolfo Martínez Palomo, Eduardo Matos Moctezuma, Elena Rustrián Portilla, Federico Roesch Dietlen, Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari, Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora, María Soledad Loaeza Tovar, Ricardo Corzo Ramírez y Roberto de Jesús Olavarrieta Marenco, integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad, pidieron al Relator entablar una comunicación con el Estado mexicano en torno al adeudo millonario y “respecto a las medidas que las autoridades mexicanas tomarán para reconducir esta situación”.
La Junta de Gobierno informó que el envío de la misiva fue notificado a Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública; Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores; Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado; Hortensia Aragón Castillo, presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y Carlos Ernesto Hernández Hernández, presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado de Veracruz.
La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz adeuda subsidios a la UV por 2 mil 092 millones de pesos, 451.7 millones son de recursos federales y mil 640.8 millones de recursos estatales, los cuales incluyen montos adeudados que datan desde el año 2008. En enero pasado, el monto por subsidios no ministrados por el Gobierno del estado pasó a ser de 2 mil 144 millones de pesos.
El pasado 2 de febrero, la Universidad, a través de su representante legal, interpuso dos denuncias penales por la falta de pago completo y oportuno. Una de ellas fue hecha ante la Agencia del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR) por el adeudo de 451.7 millones de pesos por el concepto de Subsidio Federal Extraordinario. La otra denuncia se presentó ante la Coordinación de la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz por el adeudo de mil 625.1 millones por concepto de subsidio estatal ordinario y extraordinario.
La Universidad Veracruzana presentó también el 2 de febrero de 2016 una demanda de amparo por inconstitucionalidad de leyes ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Mixta de Xalapa por la emisión del Decreto Número 623 del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, a través del cual se disminuyó el subsidio estatal ordinario en un 7 por ciento respecto al presupuesto autorizado en el año 2015.
La autoridad educativa precisó en la carta enviada al Relator Kishore Singh que el incumplimiento en los pagos ha repercutido en el incumplimiento de compromisos institucionales, en su mayoría por retenciones de impuestos. Refirió que al 31 de enero de este año, la institución adeudaba al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el Impuesto sobre la Renta (ISR) retenido a trabajadores por 934.5 mdp, de los cuales 102.7 corresponde a recargos y actualizaciones.
La UV dijo que esta situación también ha puesto en riesgo algunas de las certificaciones y acreditaciones con las que cuenta esa casa de estudios así como como el desarrollo y difusión de proyectos de investigación, la renovación y actualización tecnológica, el sostenimiento de contrataciones o la promoción de plazas académicas y administrativas requeridas para el óptimo desempeño de las entidades académicas, la realización de eventos académicos y culturales, el apoyo a la movilidad e intercambio estudiantil y académico, y la promoción de la evaluación y el registro de programas de posgrado en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad.
La Universidad dijo que por todo lo anterior afecta “la adaptabilidad y disponibilidad de la educación” ya que no es suficiente con la generación de planes de estudio, sino que, explicó, éstos deben ser dotados de recursos “que reflejen las necesidades contemporáneas de los estudiantes en un mundo en transformación y deben contar con aulas, materiales de estudio, recursos para la formación de maestros y con las condiciones de empleo para éstos recogidas en la Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior de la UNESCO”.
La institución educativa dijo que ante la exigencia del pago, el Gobernador Javier Duarte de Ochoa “ha expuesto diversas posiciones que van desde negar la deuda pendiente, acusar de forma falsa a la Universidad de adeudos al IPE [Instituto de Pensiones del Estado] y de ser responsable de que dicha entidad no pague puntualmente a los trabajadores retirados”. Indicó que incluso ha aceptado el adeudo y, “contradictoriamente”, ha advertido públicamente que sólo pagará a la Universidad los 450 millones de los recursos federales.
“El Ejecutivo del Estado ha argumentado que el financiamiento a la UV es un subsidio, que no es obligatorio y que depende de las posibilidades presupuestales de la entidad federativa. No obstante, el posicionamiento gubernamental soslaya tres elementos clave: primero, que la determinación de los aportes a la educación superior pública de Instituciones de Educación Superior (IES) autónomas es convenido de forma tripartita; segundo, que el acuerdo obedece a las disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y descansa en la voluntad de las partes y la disponibilidad de recursos; y, tercero, que la determinación de los montos se realiza con base en la disposición presupuestal que al ser plasmados en la leyes generales de egresos federal y local tiene carácter y fuerza legal”, dice la misiva enviada al Relator Kishore Singh.
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA EDUCACIÓN
Por todo lo anterior, la Junta de Gobierno de la UV manifestó al representante de Naciones Unidas que el gobierno de Veracruz ha violado su obligación de respeto al derecho a la educación en el nivel superior porque al incumplir con el pago de los subsidios “interfiere y obstaculiza la prestación de los servicios educativos del nivel superior a cargo de la UV y, por ende, en la efectiva realización del derecho a la enseñanza superior”.
La Institución dijo que en lo que respecta al Estado mexicano, éste incumple su obligación de protección a través de su poder legislativo al no generar el marco jurídico propicio que prevenga la violación de este derecho “tanto por los particulares como por parte de sus propios agentes”.
“El derecho interno respecto al caso que le planteamos es omiso respecto a las sanciones a aplicar a los funcionarios que incumplan deberes de cargo, no determinan de forma clara el monto a asignar al sistema de educación superior público del país ni las reglas de asignación, lo que ha dado pie a la discrecionalidad en la celebración de convenios y a un trato inequitativo entre las IES [Instituciones de Educación Superior] del país”, dice la carta.
A decir de la Junta de Gobierno, la negativa del estado de Veracruz a cubrir su adeudo puede constituir una práctica discriminatoria ya que en términos de la Observación General número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se afecta a los sectores juveniles más necesitados y marginados del Estado y que no cuenta con recursos para acceder a la educación superior privada.
Indicó que el Estado también viola su obligación de cumplir el derecho a la enseñanza superior porque “su actuación no ha integrado todas las medidas positivas necesarias que permitan el disfrute pleno del derecho y, por el contrario, está generando un obstáculo para el mismo”. Refirió que en lugar de facilitar, se ha obstaculizado el ejercicio de tal derecho a todos los estudiantes de la UV que no pueden, por razones ajenas a su voluntad, poner en práctica el derecho a la enseñanza superior por sí mismos con los recursos a su disposición, razón por la cual también está fallando a su obligación de proveer.
“La conducta estatal contraviene su obligación jurídica concreta de respetar, proteger y llevar a efecto las características fundamentales de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de la enseñanza superior”, dice el documento.
En este contexto, la Universidad Veracruzana pidió al Relator Kishore Singh “encarecida y respetuosamente” lo siguiente:
Entable comunicación con el Estado mexicano en torno al asunto que le planteamos y respecto a las medidas que las autoridades mexicanas tomarán para reconducir esta situación.
Visite México, Estado que mantiene invitación abierta y permanente a los mecanismos internacionales de derechos humanos, para constatar de manera directa el estado de cosas que priva en la temática de nuestro interés.
En su momento, emita el informe que considere procedente.
Los miembros de la Junta de Gobierno de la UV también se presentaron en la oficina del Representante Adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para dar seguimiento al caso.
Mediante una solicitud de seguimiento, los integrantes de esa casa de estudios pidieron a Jesús Peña Palacios Representante Adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coadyuve, en su ámbito competencia!, para que el Estado mexicano dé seguimiento y solución al adeudo en atención a los compromisos internacionalmente asumido.
Asimismo instó a que en el ámbito del diálogo y la cooperación que tiene con el Gobierno federal, manifieste la necesidad de crear un nuevo marco jurídico que asegure la calidad, autonomía, gratuidad y responsabilidad del Estado en la educación superior.
