“La gobernadora no nos ha ofrecido disculpas por su incondicional apoyo a los victimarios de nuestros hijos en la guardería ABC”
HERMOSILLO, SONORA.MX. PROFA. MARTHA ELVA GONZÁLEZ PÉREZ. — El anterior 5 de Junio, se conmemoró el SÉPTIMO ANIVERSARIO del fatídico episodio que segó la vida de 49 pequeños —25 niñas y 24 niños— y dejó a más de 70 menores con lesiones graves en la otrora Guardería ABC de la capital sonorense.
En el marco de la rememoración de la tragedia y la exigencia permanente de justicia, el Movimiento por la Justicia 5 de Junio, A. C., convocó a la población a sumarse a su sensible demanda, reclamo genuino que nace del deseo imperante de que los responsables de este crimen de lesa humanidad respondan por los terribles daños causados a la humanidad y a la niñez mexicana.
No está demás mencionar, que la convocatoria efectuada por esta Asociación Civil, reunió a cerca de diez mil personas, quienes ante la notoria actuación plagada de irregularidades de las “autoridades competentes”, para resolver de fondo los crímenes que se imputan a todos los involucrados —directos e indirectos— en la tragedia de la Guardería ABC, salieron a las calles a manifestar su solidaridad y expresar la enorme inconformidad que los embarga ante los escasos resultados presentados por las diversas “instancias gubernamentales”.
De allí, que el apoyo moral haya quedado patente en cada consigna lanzada, en cada tramo recorrido y, en cada paso dado a lo largo de la distancia que separa la estructura de la entonces Guardería ABC y el edificio que ocupa el Teatro Emiliana de Zubeldía en el centro de Hermosillo, Sonora.
¡La herida sigue abierta, no cerrará jamás!
¡La indignación colma cada centímetro de la piel de los marchantes…!
¡Perenne es la sed de justicia… como imborrable es el recuerdo de las víctimas fallecidas y el dolor de los lesionados!
Realidad ineludible
Una justicia demorada, equivale a justicia denegada, que, aún cuando se intuye ha sido el propósito de los “sujetos encumbrados en el poder”, suspicacia que se transforma en realidad al observar las distintas acciones emprendidas por quienes gobiernan, el caso más reciente es el mandatado por el gobierno de Sonora, encabezado por Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, quien ordenó reservar información del caso de la Guardería ABC, hasta 2026, bajo el argumento, desde luego, “inexistente” que el proporcionar dicha información pondría en riesgo la vida, la seguridad o la salud de los implicados en las averiguaciones, decisión, que no merma en el ánimo de los padres, madres, hermanos, tíos, abuelos, madrinas y padrinos de las víctimas, quienes son acompañados por la sociedad en su conjunto…
Resulta obvio, que la Pavlovich “quiere” estar tranquila durante su gestión, pretende evitar que “alguien” saque “los trapitos al sol” de las personas involucradas en la tragedia, más aún, cuando “alguno” de ellos, ostenta “algún” cargo en la administración pública, encabezada por priistas, como es el caso de Manuel Acosta.
Amén, que con la acción de reservar el expediente ABC, intenta ocultar lo inocultable, como son sus pésimas actuaciones y decisiones, sin menoscabo de las nefastas acciones impulsadas por sus correligionarios en las diferentes dependencias en el plano federal y municipal.
Aspirar a tapar el sol con un dedo, es un deseo poco menos que imposible, como ilusorio resulta creer que con reservar el expediente ABC, la sociedad olvidará que siendo la Pavlovich legisladora en el congreso local, extendió “cartas de recomendación” a Sandra Lucía Téllez Nieves y Gildardo Francisco Urquídez Serrano, dueños de la Guardería ABC, expresando que “su desenvolvimiento en nuestra comunidad invariablemente ha sido de honorabilidad”, no obstante, que por acumular riqueza proveniente del erario público dejaron de aplicar los recursos en el mejoramiento de las instalaciones, inversión en pago de salarios a personal y en proporcionar nutrimentos adecuados a los pequeños que acudían al recinto mortuorio.
Resulta más que evidente, que la impartición de justicia, no devolverá a sus familias a los físicamente ausentes, pero, sin lugar a duda, podría restituirles un poco de paz y tranquilidad a sus corazones y emociones el constatar que los criminales pagan con pena corporal por cada uno de sus delitos y, que aquellos que siguen desempeñándose como servidores públicos fueron inhabilitados de por vida por su participación en este repulsivo crimen de Estado.
¡Sirva entonces, la justicia para paliar el gran dolor experimentado por las familias afectadas por la catástrofe provocada por la negligencia de los tres órdenes de gobierno!
¡5 de Junio, Ni perdón, Ni olvido!
¡5 de Junio, Nunca más!
La exclamación… “no están solos” retumba a lo largo y ancho del territorio nacional, se lee en cada mensaje que llega a los deudos, se visualiza en cada detalle de apoyo a madres y padres en desgracia durante el doloroso viacrucis.
Por ello, a 7 años… la lucha sigue.
Señala, Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso García Duarte, víctima de la tragedia el 5 de junio:
“Siete años han pasado de los sucesos de aquella tarde negra que enluto nuestra vidas y, puso al descubierto una amplia red de corrupción y tráfico de influencias entre particulares y funcionarios de los tres órdenes de gobierno. Siete años, sin recibir una sola disculpa de la hoy gobernadora —Claudia Artemiza Pavlovich Arellano—por darles la espalda a las víctimas y apoyar a los victimarios”.
“Siete años durante los cuales se han acumulado otros agravios a la sociedad, asesinatos de periodistas, presos políticos y de conciencia, ejecución sumaria por parte de fuerzas armadas, represión y criminalización de la protesta social, despojo de las comunidades sagradas a las comunidades indígenas, desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, contaminación del Río Sonora y otros cuerpos de agua en el país, por parte de empresas mineras y Petróleos Mexicanos (PEMEX), represión y despido de maestros por la aplicación de la mal llamada “Reforma Educativa”, entre otros”.
“Siete años y, seguimos trabajando por justicia para las víctimas y sus familias”.
Con la indignación y el dolor, reflejado en el rostro, declara:
“Iniciamos el camino en la segunda instancia, hacemos un llamado al Tribunal Unitario a manejarse bajo un criterio ético e imparcial, pero enérgico en la aplicación de la Ley, recordamos que todo el pueblo de México espera y exige castigo para los responsables, seguimos trabajando para que así sea…”.
A siete años, los privilegios con que el poder político y empresarial ha cobijado a Eduardo Robinson Bours Castelo, Ernesto Gándara Camou, Juan Molinar Horcasitas (+), Daniel Káram, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella (prima de la “suspirante” a la presidencia de la república mexicana Margarita Zavala Gómez del Campo) y Gildardo Urquídez Serrano deben derrumbarse sin cortapisas, el sistema de impartición de justicia debe generar credibilidad en la población para que pueda recuperar la confianza en sus instituciones.
¡La participación ciudadana es contundente, las voces se escuchan al unísono en cada frase, la EXIGENCIA de JUSTICIA, es contundente… NUNCA MÁS ABC!
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(Fecha de publicación 13062016)
