La Ley “Chayote” legaliza malas prácticas en la contratación de publicidad oficial
HERMOSILLO, SONORA. MX. — En fecha reciente, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el pre-dictamen de la Ley General de Comunicación Social, con 205 votos a favor emitidos por el bloque PRI-PVEM-Panal y 168 en contra del PAN- Morena, PRD y MC, legisladores que calificaron el documento como “Ley Chayote’’.
Con la aprobación del pre-dictamen de la Ley de Propaganda de Publicidad Oficial, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados está cumpliendo con la formalidad de expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, con la creación de la ley en cuestión, aún no se resuelve nada, respecto de combatir los gastos excesivos que se destinan a publicidad oficial en medios nacionales y locales.
Cabe recordar, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2017, dictó por mayoría de votos una sentencia histórica que ampara y protege a “Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A.C. contra la omisión del Congreso de la Unión de expedir la citada ley reglamentaria” que los obliga a generar una Ley que combata el problema de publicidad oficial antes del 30 de abril.
Probablemente se cumpla con los tiempos establecidos por el Máximo Tribunal de Justicia en México, pero, el proceder de ciertos legisladores y los intereses que se ocultan detrás de las decisiones efectuadas durante los últimos días, permiten entrever que son proclives a mantener al erario público como rehén de prácticas inadecuadas en beneficio de la cúpula gubernamental y su comparsa en el Congreso de la Unión.
Es importante destacar, que el contenido del predictamen aprobado no considera las propuestas de la pluralidad de fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, sino que, de último momento –otra vez- se optó por analizar la propuesta del PRI-PVEM-Panal, derivado de dicha decisión se advierte la legalización de la impunidad a través del manejo discrecional de dichas erogaciones a corporativos que ceden a la tentación de captar millonarios ingresos a cambio de ocultar o difundir información que convenga a los intereses de los personajes que operan desde la administración pública.
Propuesta del bloque Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza
La propuesta se inclina en la creación de un padrón nacional de medios para hacerse con pauta. El PRI no plantea la creación de un ente regulador de la pauta publicitaria. Establece la fijación de criterios para garantizar el desarrollo de la libertad de expresión, sin condicionantes de la propaganda oficial. La difusión de los logros de programas sociales no serán considerados propaganda, sino comunicación gubernamental. Además, NO FIJA topes al gasto del gobierno federal por contratación de pauta en medios.
Derivado de lo anterior, se advierte que con la aprobación de esta ley, el recurso público podría ser utilizado en la realización de campañas de promoción personalizada, manejo arbitrario de publicidad oficial y su contratación como parte del botín de la negociación política, aunado a ello, se legalizan malas prácticas al retomarse lineamientos ineficientes que existen a nivel federal desde hace tres sexenios.
Sin duda alguna, con esta simulación del cumplimiento de ejecutoria que se desprende del amparo concedido a la organización Artículo 19 y Fundar, se compromete la garantía a la libertad de expresión y se violan los acuerdos que el parlamento ha adoptado con la sociedad.
¡Vaya, pues…!
Con el pre dictamen aprobado, las diputadas y diputados pretenden mantener la discrecionalidad con la que los gobiernos y dependencias otorgan dinero público a un puñado de medios de comunicación a cambio de que «se cuente lo bueno que casi no se cuenta», aunque realmente NO EXISTE NADA bueno que contar.
Desde luego, el fin NO JUSTIFICA los medios y resulta más que claro, que los diputados del bloque que aprobaron el predictamen de la Ley General de Comunicación Social sólo obedecen a sus primitivas miserias humanas, aunque de ninguna manera el fin justifica los medios.
Por ello, resulta importante señalar que con la aprobación del predictamen, se recupera el contenido de una sola iniciativa que reproduce al idéntico y no contempla a las demás propuestas de las y los diputados, menos aún, el decálogo de la sociedad civil.
Consecuentemente, no constituye un esfuerzo de síntesis de TODAS las iniciativas presentadas, al incorporar solamente la iniciativa presentada el 13 de marzo por los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza.
De allí, que se considere que dicha ley le da la espalda a las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil. “No hay criterios serios para la asignación de recursos públicos; no fomenta la participación democrática; no pone un tope en comunicación social en el presupuesto, tampoco considera la atención a los problemas que supone la publicidad oficial como ser un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales, la asignación discrecional de recursos públicos millonarios o su utilización para fines proselitistas o electoreros, entre otros”. Además, deja fuera las sanciones a los excesos y mantiene las malas prácticas que atentan contra la libertad de expresión.
Organizaciones de la Sociedad Civil
La reacción por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, periodistas y personas no se hizo esperar, son 133 los firmantes que expresan su completo rechazo a la aprobación del predictamen y señalan estar preocupados ante la ausencia de apertura de la Comisión de Gobernación al diálogo con la sociedad civil y expertos en la materia, expresando que el predictamen no retoma ninguna de las iniciativas propuestas por los demás partidos ni toma en cuenta el decálogo que presentó el colectivo #MediosLibres el pasado siete de febrero.
Peor aún, el documento institucionaliza malas prácticas y atenta directamente contra un estado democrático y de derecho pues las disposiciones previstas en él violan directamente la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte. A continuación, compartimos algunos de los puntos críticos de este predictamen.
1. El predictamen incentiva el uso proselitista de la publicidad oficial.
2. El predictamen sigue permitiendo la ineficiencia y discrecionalidad en el uso de los recursos.
3. El predictamen centraliza más el control del gasto en publicidad oficial.
4. Ausencia de fomento al pluralismo y la diversidad.
5. El predictamen no propone transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating.
El resultado de esta cerrazón es que el predictamen no cumple con los mínimos necesarios. La mayoría del contenido del dictamen retoma los lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública federal que existen desde hace más de quince años sin lograr revertir las malas prácticas del uso de la publicidad oficial. En pocas palabras, esta propuesta es una simulación.
Por cierto, durante el presente sexenio se han gastado más de 40 mil millones de pesos para promover la imagen del Jefe del Ejecutivo Federal.
¿Por qué tanto derroche inútil…?
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(Fecha de publicación 22042018)
