La ONU reclama una investigación «exhaustiva» por el menor arrojado por un carabinero en Chile

SANTIAGO, CHILE. — La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas se hizo eco de la protesta social del viernes y exigió «investigar y, si procede, juzgar y sancionar» a los responsables del empujón del adolescente de 16 años, que en consecuencia cayó al río Mapocho. El menor sufrió una fractura de las muñecas y traumas craneales, mientras que el agente acusado de «homicidio frustrado» y «omisión de socorro» permanecerá 120 días en prisión preventiva.

Parte de la ciudadanía chilena se encargó este sábado y domingo, con protestas, de visibilizar el actuar de un policía que habría empujado a un adolescente de 16 años a un río carente de agua desde el puente Pío Nono, durante una marcha en la capital Santiago. Pero hoy lunes, quien ha hecho de altavoz de lo sucedido, fue la propia Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al exigir una «investigación exhaustiva».

Más allá de interpretaciones de testigos o carabineros, un vídeo reveló quién fue el agente involucrado, al que se aprecia levantando y arrojando al menor. Por ello este domingo la Justicia chilena decretó prisión preventiva para el policía, al que, por sus antecedentes, el juez a cargo estimó que existió una voluntad deliberada de cometer los delitos de «homicidio frustrado» y «omisión de socorro».

La oficina de la ONU solicita «investigar y, si procede, juzgar y sancionar» para que ni la caída quede ahí, ni el acusado asuma toda la culpa, averiguando así «la eventual responsabilidad de los mandos a cargo de la operación, ya que resulta especialmente preocupante la omisión de asistencia por parte del cuerpo de Carabineros a la víctima, que tuvo que ser auxiliada por otros manifestantes y rescatistas civiles», increpa en su comunicado.

Y, de hecho, esa omisión se percibe en el vídeo y ha sido una de las reiteradas denuncias de los presentes. Al parecer, el joven no solo fue tirado al lecho casi seco del río Mapocho, desde una altura de más de siete metros y con una fuerza desmedida, en palabras de la Justicia, sino que tras la caída no recibió ayuda de la Policía, a la que se la culpa de haber intentado encubrir la acción del agente.

No obstante, nada inculpatorio ve en el vídeo la institución de Carabineros. Es más, su teniente coronel Rodrigo Soto lo valoró como una «fortuna», ya que a su modo de ver «muestra que este lamentable accidente se produjo en un contexto intenso de tensión de personas que causaban desorden y que ahora la Fiscalía deberá evaluar».

La protesta del viernes empezó como viene ocurriendo todo este año en Chile. Se originó en la plaza Italia, rebautizada como la plaza Dignidad, que es epicentro de las manifestaciones sociales, y derivó luego en enfrentamientos con la policía, hasta la «persecución y posterior embestida» al menor que, según los médicos, ha quedado con fracturas de muñecas y algunos traumatismos craneales.
Cientos de personas protestan en contra de la policía y en apoyo al menor de edad, arrojado presuntamente por Fuerzas Especiales de Carabineros al río Mapocho, en la entrada de la Clínica Santa María en Santiago, Chile, donde se encuentra ingresado, el 3 de octubre de 2020.

Pero para la oficina de la ONU, el caso del puente Pío Nono «no es excepcional», sino que se suma a una «extensa lista de otros casos de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden», cometidas en contexto de marchas sociales «que han sido documentadas en distintos informes a nivel internacional y nacional».

«Preocupa el continuo e incondicional respaldo a las fuerzas del orden», expresó Jan Jarab, el representante de ONU Derechos Humanos en el sur del continente, «pues son conductas reiteradas. Hago un llamado a que se identifiquen patrones y se analicen las causas que favorecen estas conductas». Y, según Jarab, lo ideal sería que, tras esa análisis, hubiera una «reforma profunda» de las fuerzas del orden y de la seguridad con una «formación de derechos humanos, subordinación a la autoridad civil y mecanismos de rendición de cuentas en todos los niveles».

La delegación de Human Rights Watch para las Américas coincide con la oficina en que el problema del cuerpo de Carabineros es «profundo» y «serio», y que se arrastra desde hace 30 años de democracia. Si bien, las que lo denunciaron este lunes marchando, fueron las madres de las decenas de víctimas que han dejado casi un

año de protestas.

«No se cayó, lo lanzaron»

Con el mismo cántico del fin de semana, «No se cayó, lo lanzaron», las madres de manifestantes solicitaron «Justicia» y la salida inmediata del alto mando del cuerpo policial, del que por ahora el ministro del Interior y de Seguridad, Víctor Pérez, ha evitado nombrar su renuncia. Sería, en este caso, la del director general de todos los Carabineros de Chile, Mario Rozas.

«Es impresentable que no quieran destituir a (Mario) Rozas, es una señal de que ellos siguen respaldando el accionar de los Carabineros y es violento para todos los que hemos sufrido», dijo a EFE la presidenta la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, Marta Valdés.
Un grupo de personas protesta por los heridos a manos de la policía, durante las protestas que han sacudido durante el último año a Chile, este lunes 5 de octubre, frente al Palacio de la Moneda en Santiago, Chile.

El grupo de mujeres también reivindicó lo ocurrido contra el adolescente frente al Palacio de la Moneda, sede gubernamental del presidente conservador Sebastián Piñera: «Venimos a pedir verdad por esta y todas las violaciones a los derechos humanos que ha provocado el Gobierno de Piñera». El mandatario ha condenado el hecho del puente Pío Nono. Pero también ha dado su respaldo a la actuación de los agentes, con base a los cuales ha modificado sus protocolos de «control» de las protestas.

A punto de que las manifestaciones cumplan su primer aniversario, una encuesta difundió este lunes que un 66% de los chilenos desaprueba la gestión de Piñera como presidente. Bajó un poco, incrementando en dos puntos su visto bueno (un 24%), en un mes que será de todo menos fácil y al que se suma el plebiscito constitucional.

«Sabemos que octubre va a ser un mes difícil. No solamente está a prueba el cuerpo policial de Carabineros o el Gobierno, sino que también está puesta a prueba la izquierda, para ver si es que justifican o no los actos violentos», declaró el portavoz gubernamental Jaime Bellolio al canal local ‘Tele13’.

Por ahora, en este panorama que se avecina, el agente acusado es el único que ha sido retirado de sus funciones como carabinero –la institución militarizada, tras negar el vídeo, decidió apartar al uniformado– y puesto en manos de la Justicia chilena, con 120 días de cárcel preventiva, por ser «un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad».

(PUBLICADO EL 06/10/2020/Janira Gómez Muñoz/EFE)