La renuncia de Leonardo Curzio revive el debate sobre el vínculo entre el gobierno y los medios
CIUDAD DE MÉXICO — El jueves pasado, como lo ha hecho durante más de una década, el programa de radio de Leonardo Curzio ofreció un acalorado debate. En esta ocasión, sus analistas criticaron duramente un par de iniciativas propuestas recientemente por, entre otros, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto.
Los analistas del ciclo consideraban sospechosa la oportunidad de estas iniciativas. Una tiene como objetivo destinar los recursos públicos del presupuesto de las campañas de la elección del próximo año a las víctimas del sismo del mes pasado y, la otra, eliminar a los diputados plurinominales (designados por los partidos) en el congreso.
“Las dos medidas me parecen absurdas, populacheras, baratas, en donde muestran las ganas que tienen ellos de ganarse este aplauso social fácil”, dijo María Amparo Casar, colaboradora del programa y respetada politóloga, al criticar las propuestas del PRI, que se espera enfrente una dura batalla en las elecciones presidenciales del próximo año.
Ricardo Raphael, el otro colaborador de Curzio, fue aún más directo; un abordaje peligroso en un país en donde los medios de comunicación dependen de la publicidad comprada por el gobierno. “Lo que me parece mezquino hasta el tuétano es, a propósito de la emergencia, querer ganar ventaja política”, dijo.
La respuesta llegó rápidamente. Al día siguiente, Curzio fue llamado a presentarse ante el presidente ejecutivo de NRM Comunicaciones —grupo propietario de la estación Núcleo Radio Mil—, Edilberto Huesca Perrotín, quien le exigió que despidiera a Casar y a Raphael.
Los argumentos para el despido por parte de NRM Comunicaciones eran los bajos niveles de audiencia y la necesidad de hacer recortes al presupuesto. Pero Curzio, quien ha desarrollado una gran reputación como presentador de noticias durante sus dieciocho años en la compañía, se burló de la explicación.
Curzio sospechó que la verdadera razón era la denuncia que habían hecho sus colaboradores sobre las medidas del gobierno, una acusación que el gobierno ha negado. El conductor se rehusó a despedir a sus colegas y después dio un paso excepcional en el agitado escenario de los medios mexicanos: decidió renunciar en protesta.
“Yo no tengo ninguna evidencia de que alguien del gobierno pidiera sus cabezas o terminar el programa, pero me sorprendió muchísimo que me pidieran dejar de transmitir un programa político que goza de gran aprobación en términos de rating, especialmente en un año electoral”, dijo el viernes. “Es como si te pidieran que eliminaras la sección de deportes de un periódico durante un mundial”.
La renuncia de Curzo ha indignado a los medios y la clase política mexicana, y él y sus colaboradores denunciaron la influencia del gobierno sobre los medios en México en entrevistas recientes.
En México, el gobierno representa el 38 por ciento de la inversión en publicidad televisiva (2016), y más del 16 por ciento de la publicidad radiofónica, lo que genera que muchas compañías de medios dependan en gran medida de los recursos gubernamentales.
La publicidad pagada en los medios nacionales por las autoridades federal, estatales y locales sumó alrededor de 2000 millones desde 2013 hasta 2016, los primeros tres años completos del gobierno de Peña Nieto, de acuerdo con datos proporcionados por el mismo gobierno.
Este dinero, dicen los críticos, es una de las restricciones más severas a la libertad de expresión de los medios en el país, ya que a menudo somete a los reporteros y editores a la influencia del gobierno, con despidos a los periodistas abiertamente críticos, censura a las historias negativas y barreras al periodismo de investigación.
“La relación desequilibrada y de dependencia entre el gobierno y los medios en México es como la diabetes. Es una enfermedad que te impide llevar una vida normal”, señaló Curzio. “Genera una sensación alarmante de que así es como funcionan las cosas, así es el establishment“.
El gobierno niega ejercer tal control.
“El gobierno federal respeta y valora plenamente la libertad de expresión que caracteriza a la democracia mexicana y, por esa razón, no interviene de manera alguna en las relaciones laborales o las políticas editoriales de los medios”, consignó un comunicado de Presidencia.
El comunicado aseguraba que la oficina de Comunicación Social y el vocero de la Presidencia reconocían el valor de las contribuciones profesionales de Curzio, Casar y Raphael, y recibían con agrado sus puntos de vista críticos en diversos medios, incluido un canal del Estado donde todos ellos continúan colaborando (Canal Once).
Raphael, por su parte, dice que las razones de su salida no tienen sentido. Él y Casar cobraban solo 1500 dólares al mes por su colaboración en el programa, no es una cantidad de dinero que desequilibraría el presupuesto de una estación de radio de esa magnitud.
De acuerdo con datos recopilados por Fundar, una organización de investigación sin fines de lucro, NRM Comunicaciones recibió alrededor de 7 millones de dólares en inversión publicitaria de parte del gobierno durante 2016.
“Ese fue un mensaje a todos los demás analistas”, dijo Raphael, un reconocido periodista y escritor, quien describió el antiguo programa como políticamente de centro.
Los tres exempleados de NRM dicen que no tienen evidencia concluyente de que el gobierno estuviera detrás de la cancelación del programa. Sin embargo, no es la primera vez que su trabajo cuestiona al gobierno.
Casar Pérez, por ejemplo, es cofundadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una organización sin fines de lucro que ha denunciado el accionar inapropiado del gobierno de diversas maneras. El propio presidente de México ha intentado presionar a su cofundador, Claudio X. González, para que suavice sus críticas.
El gobierno también inició seis auditorias de varias organizaciones sin fines de lucro con las que González está asociado, incluida Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
La Oficina de la Presidencia rechazó las afirmaciones de que trató de intimidar a la familia González, o a cualquier crítico del gobierno en México.
Casar Pérez enfatizó que ella no podía probar que se había ejercido coerción o presión por parte del gobierno federal, dijo que “en efecto suena como censura”.
“Todo este asunto tiene que ver con la relación poder-medios desbalanceada, donde la mayoría de los medios dependen y viven de la publicidad oficial”, dijo Casar Pérez. “Somos un país donde no hemos cultivado las virtudes de la democracia, que son la libertad de expresión, el debate y la deliberación pública”.
(Fecha de publicación 09102017 con información de Azam Ahmed y Paulina Villegas )
