Mexicali: el hartazgo (Reportaje Especial de PROCESO)
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. MX. JENARO VILLAMIL. PROCESO.— “La gente manda”, rezaba el lema de Francisco Kiko Vega Delamadrid durante su campaña en 2013. Ahora, y en menos de un mes, el sexto gobernador panista de Baja California –desde Ernesto Ruffo en 1989– ha visto que su frase publicitaria es usada en las redes sociales para convocar a las marchas que demandan su renuncia y está a punto de terminar su periodo como lo hizo hace tres décadas el último mandatario priista en la entidad, Xicoténcatl Leyva: en el descrédito.
El ciclo de los gobiernos panistas en Baja California se agotó en medio de acusaciones de corrupción, negocios turbios con el agua y una planta de desechos peligrosos, ineficacia e indolencia de Kiko Vega, señalado públicamente de tener vínculos con grandes negocios inmobiliarios y dejar al estado fronterizo en bancarrota.
Ante esta situación, desde finales del año pasado se gestó un movimiento de rebelión cívica que se inició con protestas contra el reemplacamiento, contra el incremento a las tarifas de luz y contra la estatal Ley de Agua aprobada en diciembre de 2016, hasta desembocar en tres manifestaciones multitudinarias contra el gasolinazo los días 12, 15 y 22 de enero –la última con más de 45 mil personas– que sorprendieron a los observadores locales y nacionales.
Después de la manifestación más concurrida en la Plaza Cívica, grupos de jóvenes que pertenecieron al movimiento Yo Soy 132, ambientalistas, maestros, activistas de derechos humanos, académicos, amas de casa y sindicalistas decidieron bloquear los accesos a las oficinas del Poder Ejecutivo, el Congreso estatal, el Palacio del Ayuntamiento y las oficinas de recaudación de rentas, en demanda de diálogo público con Kiko Vega y la resolución de 11 puntos.
El bloqueo a los accesos de las oficinas gubernamentales culminó la madrugada del 30 de enero con un despliegue de más de 500 policías estatales y ministeriales que llegaron a la Plaza Cívica a las 2:30 de la madrugada, encabezados por el subsecretario de Gobierno, Francisco Iribe Paniagua, y por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Daniel de la Rosa Anaya.
Los integrantes del movimiento decidieron dar acceso a los burócratas y funcionarios a las oficinas públicas, pero continuaron con los plantones, actos cívicos y culturales de protesta, en demanda de diálogo público con el gobernador, con el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez, también panista, y con el Congreso local, dominado por los 13 legisladores de Acción Nacional.
Fragmento del reportaje publicado originalmente el 05 de febrero y que se publica en la edición 2101, ya en circulación.
