En México se acumulan los gobiernos corruptos, e impunes
CIUDAD DE MÉXICO — Cuando las autoridades capturaron el fin de semana a Javier Duarte en el lobby de un hotel guatemalteco, el exgobernador mexicano, fugitivo, se dejó arrestar sin mucho furor.
Menos de una semana antes, la policía italiana había arrinconado a otro exgobernador de México, Tomás Yárrington, cuando terminaba de cenar en un restaurante en una plaza de Florencia; así terminaron cinco años de Yárrington como prófugo.
Se desconoce el paradero de al menos tres otros exlíderes estatales de México y más de media docena están bajo investigación o enfrentan cargos por corrupción. Cualquiera que sea la acusación, los gobernadores que adornan la galería de renegados comparten una característica: todos se comportaron como si fueran intocables.
“Las décadas de impunidad han generado un nivel de descaro y de ridiculez que nunca hemos visto en México”, dijo Max Kaiser, director Anticorrupción en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), una organización de investigación.
Los excesos son más públicos que nunca y han acercado a los mexicanos a un punto de quiebre.
Ciudadanos empoderados, leyes de transparencia y medios con mayores libertades han expuesto los esquemas que han utilizado los gobernadores para desviar fondos públicos para su uso privado. Sin embargo, aunque esto ha dejado un rastro de evidencia de las ofensas, son pocos los gobernadores que han enfrentado la justicia.
Los líderes locales controlan las legislaturas estatales, a los auditores públicos y a los fiscales de sus estados; es un dominio que les da el poder de un soberano.
Así, perseguir a los corruptos corre a cargo de los procuradores federales, pero la respuesta ha sido tibia.
“En la mayoría de los casos”, dijo María Amparo Casar, la presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se llega solo “a la denuncia o la orden de aprehensión”.
En sus investigaciones, la socióloga mexicana ha encontrado que solo 17 de 42 gobernadores o exmandatarios sospechosos de corrupción han sido investigados. Antes de las detenciones del último mes, solo tres estaban en prisión.
Los gobernadores “saben el altísimo grado de impunidad”, dijo Casar. Saben que los subordinados usualmente son los imputados, “o que el ministerio público no puede armar una buena carpeta o que se puede sobornar al jue
El exgobernador de Tamaulipas Tomás Yárrington fue detenido a principios de mes en Florencia. Está acusado de aceptar sobornos de la delincuencia organizada.
De todos los gobernadores, el más emblemático de la corrupción a nivel estatal es Duarte, de Veracruz, particularmente respecto a los casos vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al cual pertenece el presidente Enrique Peña Nieto.
El partido se volvió sinónimo de corrupción durante buena parte de los más de setenta años en los que gobernó México sin interrupción. Los casos de exgobernadores del PRI bajo la lupa están por todo el país.
Yárrington, el exmandatario arrestado en Italia, es buscado tanto en México como en Estados Unidos por cargos de que aceptó sobornos de carteles del narcotráfico para permitirles circular libremente por el estado de Tamaulipas, fronterizo con Texas.
Su sucesor, Eugenio Hernández, también era integrante del PRI, y enfrenta cargos de lavado de dinero en Estados Unidos. No ha sido visto en público desde junio.
En octubre, cuando llegó un nuevo gobierno de oposición a Tamaulipas descubrió que el gobernador priista saliente tenía asignados a ocho policías para proteger a Yárrington, y cuatro más para Hernández.
Rodrigo Medina, el exgobernador de Nuevo León, el estado manufacturero por excelencia de México, está libre mientras una corte revisa cargos de peculado y otros delitos en su contra.
Aunque ningún partido se libra.
Guillermo Padrés, quien gobernó el estado de Sonora (al noroeste de México) con la bandera del Partido Acción Nacional (PAN), está tras las rejas mientras se defiende por acusaciones de que desvió fondos públicos hacia negocios vinculados a su familia. El descubrimiento de una presa ilegal que Padrés había construido en su rancho, Pozo Nuevo, para abastecerse posiblemente haya sido de las denuncias que más impactó al estado desértico que gobernaba.
El descontento por los casos de corrupción llevó al congreso a aprobar un paquete de leyes anticorrupción. El recién instaurado Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción debe revisar hasta qué punto se han aplicado esas leyes.
Pero tardarán en entrar en efecto. En lo que sucede varios integrantes de la élite política ya encontraron al menos una manera de sabotear el sistema: han retrasado el nombramiento del fiscal anticorrupción.
Los activistas que impulsaron los cambios acusan que se han vuelto blancos de ataques. Han recibido amenazas por mensajes de texto y columnas y editoriales en los periódicos han cuestionado sus motivos. A principios de mes el grupo de combate a la corrupción Causa en Común acusó que fueron robadas las computadoras de sus oficinas centrales.
Por ahora, los arrestos de Duarte y Yárrington le han dado la oportunidad al gobierno de Enrique Peña Nieto de adjudicarse dos golpes decisivos contra la corrupción. El momento es idóneo, pues coincide con el el periodo electoral en el que la transparencia y la rendición de cuentas son demandas centrales de los votantes.
En junio, Estado de México, la entidad natal de Peña Nieto, elegirá a un nuevo gobernador en una contienda que es vista como definitoria para la elección presidencial de 2018. El estado es el bastión del PRI.
El mismo Peña Nieto llegó al poder en 2012 con la promesa de renovar el liderazgo de su partido; entre los gobernadores a los que enalteció como reformistas como él estaba Duarte.
Pero poco tiempo después quedó claro que Duarte dirigía un gobierno que operaba con una avaricia inusual.
Mientras crecía la deuda estatal, la Auditoría Suprema de la Federación dice que le pidió al gobernador que explicara a qué se debían las discrepancias presupuestales de alrededor de dos mil millones de dólares durante los últimos cuatro años. Los jubilados acusaron que se vació el fondo para el retiro y la estatal Universidad Veracruzana ha padecido una crisis económica por el impago de fondos del gobierno de Duarte.
Una investigación del medio digital Animal Político halló que desaparecieron más de 645 mil millones de pesos, alrededor de 35 millones de dólares al tipo de cambio actual. Los fondos destinados a programas sociales terminaron en las arcas de empresas fantasma.
Hasta el sistema de salud se vio afectado: el actual gobernador Miguel Ángel Yunes denunció que los hospitales habían administrado “quimioterapias falsas” y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios halló en una investigación posterior que el gobierno de Duarte había adquirido o utilizado medicamentos apócrifos para tratar el cáncer, así como medicinas caducas y pruebas de VIH falsas.
Y al aumento en la violencia, incluido el asesinato de diecisiete periodistas, se le ha sumado la desaparición de miles de personas y el hallazgo de fosas comunes. Duarte negó todas las acusaciones, pero la elección del año pasado cambió su suerte. En junio el PRI perdió seis gubernaturas, incluyendo Veracruz, a la oposición.
De pronto, Duarte se convirtió en una persona indeseada para su partido, lo que allanó el camino para que el gobierno federal investigara. Duarte desapareció en octubre, una semana antes de que un juez emitiera una orden de arresto por cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Desde entonces otros dos exgobernadores del PRI que perdieron su cargo a la oposición han seguido su ejemplo.
El exgobernador de Chihuahua César Duarte habría huido a El Paso para evadir una investigación de peculado. Credit Jose Luis González/Reuters
El nuevo mandatario de Chihuahua, Javier Corral, señaló en marzo que su predecesor, César Duarte, se había escapado a El Paso para evadir una investigación estatal por el desvío de fondos para fines de campaña. César Duarte —quien no tiene relación con el exmandatario veracruzano aunque compartan apellido— afirma ser inocente.
Roberto Borge, el exgobernador de Quintana Roo, donde se encuentra la ciudad turística de Cancún, también está prófugo.
La primera alerta sobre el trabajo de Borge surgió de grupos ciudadanos que descubrieron una serie de esquemas por medio de los cuales familiares y amigos del exgobernador se beneficiaban. Bajo uno de los esquemas, la junta local de conciliación y arbitraje imponía multas enormes a ciertas empresas por presuntos reclamos salariales de empleados fantasma. Para pagar las deudas, la junta despojaba terrenos y los revendía, según un reporte de la revista Expansión y el grupo Mexicanos contra la Corrupción.
Borge también vendió terrenos públicos a su madre, su abogado y sus amigos por montos menores a su valor real. Aunque la Procuraduría General de la República aseguró 25 de las propiedades, no se ha emitido ninguna orden de aprehensión contra Borge, que se cree está en Estados Unidos.
El grupo de activistas locales que pasó años buscando evidencia de las ventas de los terrenos teme que Borge nunca enfrente la justicia.
“Nunca esperaron que iban a perder y por eso fueron tan descarados”, dijo Fabiola Cortés, directora de Somos tus Ojos.
Cortés, quien pidió protección del gobierno federal bajo la “Ley de protección para defensores de derechos humanos y periodistas” después de recibir amenazas, dijo que la procuraduría ha actuado demasiado lento.
“Una tampoco se puede quedar con los brazos cruzados”, dijo. “Pero sería suicidio decir que todos los gobernadores del PRI son corruptos”.
En cambio, dijo Cortés, “están dosificando” las investigaciones “antes de las elecciones”.
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(Fecha de publicación 20042017)
