Myanmar condena a siete años de cárcel a periodistas que investigaban masacre de rohinyás
Rohingya refugee boys shout slogans during a protest rally to commemorate the first anniversary of Myanmar army's crackdown which lead to a mass exodus of Rohingya Muslims to Bangladesh, at Kutupalong refugee camp in Bangladesh, Saturday, Aug. 25, 2018. Thousands of Rohingya Muslim refugees on Saturday marked the one-year anniversary of the attacks that sent them fleeing to safety in Bangladesh, praying they can return to their homes in Myanmar and demanding justice for their dead relatives and neighbors. (AP Photo/Altaf Qadri)
RANGÚN, MYANMAR.— Este lunes, la justicia de Myanmar condenó a siete años de cárcel a dos periodistas de la agencia Reuters acusados de “vulnerar el secreto de Estado”, tras haber investigado sobre la masacre de los rohinyás, perpetrada el año pasado por el ejército de Myanmar.
Como ambos vulneraron el secreto de Estado, se les condena a siete años de cárcel a cada uno”, declaró el juez Ye Lwin, ante una sala de audiencia abarrotada de periodistas y diplomáticos.
Hace unos días la ONU estableció que existen elementos de “genocidio intencional” en la operación militar efectuada hace un año en el estado de Rakáin, en Myanmarcontra la minoría rohinyá, y que los responsables de las fuerzas armadas deben ser investigados y juzgados por un tribunal internacional, además criticó a la líder de facto del país, Aung San Suu Kyi, de pasividad.
Los factores que apuntan a esta intencionalidad incluyen, a juicio de la Misión de Naciones Unidas, el “contexto opresivo más amplio y la retórica del odio” contra la minoría musulmana rohinyá, así como “declaraciones específicas” de mandos y autores directos.
El máximo responsable de las Fuerzas Armadas o “Tatmadaw”, el general Min Aung Hlaing, dijo durante la fase más intensa de la ofensiva militar contra los rohinyás, hace un año en Rakáin, que el problema de esa minoría étnica se había convertido “en un trabajo sin terminar” y que su Gobierno tomaba mucho interés en “resolverlo”.
La Misión también señaló que incluyó políticas de exclusión, además del genocidio intencional hacia los rohinyás para, entre otras cosas, “alterar la composición demográfica del estado de Rakáin”, y enfatizó en que el nivel de organización de la operación militar, emprendida en agosto del año pasado, apunta a “un plan para la destrucción”, y el “alcance extremo de la brutalidad de la violencia”.
El 25 de agosto de 2017 se produjo un ataque de insurgentes del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA), contra puestos policiales y militares en la zona que causó más de un centenar de muertos, la mayor parte guerrilleros, y que desató una nueva campaña militar en la región de la que han huido a Bangladeshunos 725 mil rohinyás durante el último año.
Los expertos, quienes también han establecido crímenes de guerra y contra la humanidad en Rakáin y los estados de Kachin y Shan -también objeto de estudio- elaboraron una lista de presuntos autores de las atrocidades cometidas contra los rohinyá.
Apuntan a Min Aung Hlaing, y a su número dos, Soe Win; al comandante de la Oficina de Operaciones Especiales-3, teniente general, Aung Kyaw Zaw; al responsable del Mando Militar de la Región Occidental, general Maung Maung Soe; al general de brigada de la 33ª División de Infantería Ligera, Aung Aung; y a su homólogo de la 99ª División de Infantería, Than Oo.
La Misión entregó una lista más larga al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para que la custodie.
Los expertos criticaron además a la líder de facto birmana, la nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, al afirmar que “no utilizó su cargo, ni su autoridad moral para frenar o prevenir los acontecimientos en el estado de Rakáin”.
Por todo ello, los expertos instan al Consejo de Seguridad de la ONU a referir el caso a la Corte Penal Internacional (CPI) o a crear un tribunal internacional penal “ad hoc” para juzgar los crímenes cometidos por las fuerzas armadas, mientras tanto sugirieron que debe crearse un mecanismo independiente e imparcial para consolidar, preservar y analizar las pruebas reunidas.
Finalmente agregaron que deben imponerse sanciones individuales contra los presuntos responsables y un embargo armamentístico contra Myanmar.
(FECHA DE PUBLICACIÓN.03/092018 //
