NOTAS SUELTAS. ¿Zapatero a tus zapatos?
“De nada sirve tener competencias si no se tiene la vocación de ejercerlas desde el compromiso con sus destinatarios últimos, que no son sino los propios ciudadanos” (William Brackdoor).
Siempre he pensado que la razón de que la seguridad pública debe depender de las autoridades civiles no sólo es una cuestión de forma sino de fondo. Lo anterior obedece a la necesaria separación entre el ámbito civil y el militar, donde el primero vertebra nuestras interacciones sociales en el marco del derecho, las costumbres, tradiciones y valores que la sociedad consagra como propios. Lo segundo hace referencia a la defensa de la Patria.
La seguridad pública nace del respeto y la sana convivencia que debe ser preservada por los propios vecinos, en este caso mediante la policía preventiva que depende de la autoridad municipal. Se entiende que la responsabilidad pública que la ley confiere al alcalde, pone en un lugar importante y prioritario la defensa de la paz interior y el contexto apropiado para la prosperidad de los negocios privados.
Siendo una función del Ayuntamiento, la policía cubre con sus acciones la totalidad del territorio municipal y, desde luego, responde por ellas ante la autoridad competente. Las fallas, errores u omisiones deberán ser juzgadas por quienes tienen el mando de la fuerza pública municipal, tanto como el reconocimiento de los éxitos y logros en su quehacer; de ahí que la labor de evaluar el desempeño de la corporación policial e implementar los correctivos que sean necesarios es esencial.
En la medida en que las relaciones intra y extra municipales se incrementan e intensifican, es claro que surgen nuevas necesidades operativas, habida cuenta de que no es muy probable que exista una buena prevención sin la inteligencia que la haga posible. Aquí se hace evidente la conveniencia de tener a disposición un aparato que permita no sólo el acopio de información sino su procesamiento y análisis para prevenir la ocurrencia de hechos delictivos en el espacio municipal.
Supongamos que se cuenta con un mapa de las zonas conflictivas de la ciudad y su entorno rural. Sabemos que los datos se deben estar actualizando constantemente, que debe haber una serie de formatos que los concentren, que deben ser procesados para convertirlos en información que actúe como insumo para la toma de decisiones; en consecuencia, debe haber un equipo de analistas pertrechados con los necesarios y suficientes recursos técnicos, materiales y financieros que garanticen su correcta y continua operación.
Por el lado de las autoridades, quienes toman las decisiones estratégicas y tácticas en materia de seguridad pública, deben tener no sólo la autoridad que emana de un nombramiento, sino la que confiere el conocimiento del entorno municipal, de su dinámica, de sus zonas problemáticas, de las tendencias delincuenciales, de la injerencia de agentes externos al municipio, de la forma en que la delincuencia maneja el espacio municipal estableciendo territorios y zonas de influencia, su soporte financiero y político si lo hubiera.
En repetidas ocasiones se ha dejado ver que la delincuencia maneja determinados espacios de nuestra geografía citadina, que hay un modelo de distribución territorial donde ciertos personajes se erigen señores de un nuevo feudalismo en Hermosillo y otras ciudades de Sonora. Se ha señalado que las corporaciones que debieran cuidar el orden y la aplicación de la ley son lo bastante porosas como para que se cuelen malandros y se establezcan redes de complicidades y de clientelas.
Es claro que la organización de las corporaciones policiacas hace imprescindible una estructura de control y supervisión de las operaciones ordinarias, de la confiabilidad de sus agentes tanto como su vulnerabilidad. Una buena estructura de seguridad pública implica ciudadanos responsables y honestos, tanto como mecanismos de control que permitan su eficiencia y eficacia operativa.
Como usted sabe, recientemente se hizo el cambio del encargado de la seguridad pública en Hermosillo, donde Luis Alberto Campa Lastra, un funcionario bien acreditado fue sustituido por un militar de alta graduación con amplio currículo donde destaca su experiencia en operaciones contra el tráfico de drogas. De entrada, alarma la sustitución si ésta obedece a un problema cuyo origen y gravedad tiene que ver con la operación del narcotráfico en nuestro municipio.
Por lo pronto, el nuevo Comisario, General de División DEM Gilberto Landeros Briseño, “asegura que tratará que los resultados en materia de seguridad pública se puedan ver lo más pronto posible en el corto plazo” (Kiosco Mayor, 15.08.2019).
Desde luego que se desean mejores tiempos para la ciudad y el municipio, pero es sabido que la preparación de los militares no necesariamente tiene que ver con las funciones de la policía preventiva. Por eso, de entrada, pensamos en eso de “zapatero a tus zapatos” y las razones por las que históricamente sean preferibles los mandos civiles a los militares en los asuntos de la seguridad pública. Justamente por esas consideraciones nos opusimos a la Ley de Seguridad Interior.
Independientemente de que el cambio se haya dado a raíz de las declaraciones del Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, en la reciente reunión celebrada en Guaymas donde se analizó la situación estatal en esta materia, y de las consideraciones legales acerca de la autonomía municipal y del ámbito de competencias que establece el artículo 115 constitucional, esperamos que el cambio de mandos en varios importantes municipios de la entidad y sus consecuencias en la vida cotidiana sean para bien.
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PUBLICADO EL 18/08/2019
