Padres de los 43 desaparecidos exigen la entrega de información clave
CIUDAD DE MÉXICO. MX. — Casi nueve años después de que 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa fueran vistos por última vez, sus padres exigen la entrega de información por parte de las Fuerzas Armadas del país, que sería crucial para determinar qué ocurrió con sus hijos y, para ello, piden una reunión con el presidente del país Andrés Manuel López Obrador.
“Nos urge decirle que no se vale jugar con 43 padres, con los compañeros que nos apoyan, que México entero tiene el derecho de saber qué pasó, si el presi no nos da la apertura para que Marina y Sedena (Secretaría de Defensa) nos entreguen eso, ¿quién podría hacerlo? Si el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente», afirmó Mario, padre de uno de los estudiantes desaparecidos.
El nuevo llamado llega luego de que, según el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado el pasado martes 25 de julio, miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) participaron en la desaparición de los jóvenes.
Pero el documento no solo concluye la intervención de la Sedena en la desaparición de los estudiantes, sino también su obstaculización para esclarecer los hechos. Ante la imposibilidad de seguir avanzando con las investigaciones, el GIEI anunció su retirada del país, instando a autoridades a continuar con las indagaciones.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, clamó al unísono la marea de manifestantes que transitó el miércoles 26 de julio por la Ciudad de México, para reiterar sus reclamos. La mayoría de quienes participaron son padres y madres que llevan 9 años recorriendo el país en búsqueda de sus hijos.
Cientos de personas, incluidos los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, volvieron a las calles el miércoles para elevar su voz de protesta. «El Ejército lo sabe, Ayotzinapa resiste», señalaron algunas de las pancartas con las que los manifestantes marcharon por la ciudad.
El GIEI se retira: ¿qué sigue para el caso Ayotzinapa?
En 2016, el GIEI anunció su primera salida de México debido a la obstrucción de las investigaciones por parte de las autoridades mexicanas.
Posteriormente, en un esfuerzo conjunto, madres y padres de los 43 desaparecidos junto a organizaciones civiles, exigieron tres puntos clave: la asignación de un fiscal que fuera de confianza para los padres, el regreso del GIEI a México y la voluntad política de esclarecer los hechos expresada en un documento oficial.
A pesar de que las tres condiciones se cumplieron durante un tiempo, en septiembre 2022 el fiscal especial para el caso Ayotzinapa Omar Gómez Trejo, quien gozaba de la confianza de los padres y madres, presentó su renuncia tras haberse dado a conocer el retiro de 21 de 83 órdenes de aprehensión dictadas. La decisión del retiro de las órdenes de captura fue dictada por la Fiscalía General de la República.
Ahora, sin un fiscal especial en quien confíen los afectados, con el GIEI anunciando su segunda y definitiva retirada de la nación- dada la inefectividad de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ), que pretendía garantizar el avance de las investigaciones sin obstáculos- los padres de Ayotzinapa no ven más vías a la Justicia que una reunión directa con el presidente AMLO.
Los familiares buscan un diálogo que conduzca a la apertura de los archivos plenamente identificados como posibles probatorios en el sexto informe del Grupo Interdisciplinario.
Pese a que pocos días antes del sexto informe del GIEI el Estado capturó a 8 presuntos culpables de los hechos de Iguala, el caso no está cerca de ser resuelto y el Gobierno mexicano no puede presumir que no hay impunidad. Las madres y padres de los 43 exigen que la investigación no se detenga y continúe por las directrices establecidas por los diferentes informes de investigación entregados por el GIEI.
Guerrero, una tradición de desaparición forzada y militarización
La desaparición de los 43 normalistas, que conmocionó al mundo entero en 2014 por los niveles de crueldad e impunidad en el caso, tuvo lugar en un contexto de violencia sistemática con altísimos índices de desaparición y desaparición forzada en el país.
“Es duro pensar que las instituciones que están obligadas a cuidarnos, a proteger a los ciudadanos, son las primeras en desaparecer a las personas, ¿en qué mundo estamos viviendo?”, comentó el padre de César Manuel González, uno de los estudiantes desaparecidos.
Los antecedentes para comprender los hechos en Iguala son tan extensos que es innegable que en el estado de Guerrero, al que pertenece la localidad de Ayotzinapa, existe una historia de larga data de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Situaciones que la región ha afrontado desde los procesos guerrilleros de las décadas de 1960 y 1970, reavivados en el contexto de la llamada guerra contra el narco, a partir de la década de los 2000.
Lo anterior queda evidenciado en los casos de desaparición forzada ‘Rosendo Radilla Pacheco vs. México’ y ‘Alvarado Espinosa vs. México’, resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el primero, los expertos determinaron que la desaparición de Radilla- a manos de las Fuerzas Armadas mexicanas en 1974-ocurrió en un contexto de violencia sistemática, como parte de la represión estatal del movimiento campesino liderado por el maestro rural Lucio Cabañas, egresado de la normal de Ayotzinapa.
En el caso de la desaparición de miembros de la familia Alvarado espinosa en 2009, la Corte estableció que respondía a la existencia de un patrón de desapariciones e impunidad en el país, en el que los casos atribuibles a agentes estatales adquirieron el carácter de violencia sistemática implicada en la militarización como estrategia de seguridad pública. Todo en el marco de la guerra contra el narcotráfico, declarada por Felipe Calderón en 2006.
En la siguiente Administración, de Enrique Peña Nieto, que gobernó entre 2012 y 2018, la continuidad de tales políticas de seguridad generaron un aumento en el número de bases militares de “operaciones mixtas”, conducidas también por mandos policiales y del Ministerio Público. Según informes de la prensa local, para 2013 en Guerrero ya había más de 50 de ellas.
PUBLICADO EL 27 DE JULIO DE2023/
