«Con dedicatoria a Claudia Pavlovich: Lo que mal empieza, mal acaba…»
“Cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer”.
Mahatma Gandhi
24112015.HERMOSILLO, SONORA.MX. MARTHA ELVA GONZÁLEZ PÉREZ.— Durante las jornadas de proselitismo, los políticos intentan a través de todos los medios posibles y, hasta imposibles, atrapar la atención de los electores, prometen ser la panacea a los problemas ocasionados por la administración anterior, pero, una vez, investidos con el poder, las promesas se olvidan, luego, la realidad rebasa los límites de lo inimaginable… Sonora, no es la excepción.
A Poco más de dos meses de la toma de posesión de Claudia Pavlovich Arellano como gobernadora, ésta ha dado muestra fehaciente del rumbo que tendrá su mandato, el cual, empieza a caracterizarse por la frialdad, la arbitrariedad y su escasa inteligencia para resolver los problemas en los que en múltiples ocasiones a referido tener el pulso.
El magisterio local, experimenta momentos de gran tensión, las presiones ejercidas por el gobierno federal y estatal, rayan en lo indecente.
La represión ejercida por del Estado, tendente a evitar que los sustentantes fueran persuadidos por la disidencia ha constituido una constante, la fuerza pública -gendarmería, la municipal, la estatal, la federal- tan sólo evidencia la enorme incapacidad de los estrategas del Gobierno de Sonora para responder con talento a las demandas sociales de los maestros, cuyas únicas armas son inteligencia, los conocimientos, la capacidad de reacción, su organización, los libros, los cuadernos y los lápices, nada más… pero, cierta e indudablemente las mejores herramientas para transformar la sociedad de la que forman parte.
¿Y, qué decir en materia de seguridad?
Se habla de un estado fallido, cuando, se advierte la utilización de todo el poder del Estado para controlar a través de la represión al magisterio, impidiéndole el ejercicio pleno de sus derechos a manifestarse pacíficamente y a transitar libremente dentro el territorio nacional, mientras dejan la puerta abierta para que la delincuencia haga y deshaga en Sonora lo que le venga en gana.
Apreciándose, en consecuencia, que el respeto irrestricto a las garantías y los derechos humanos, plasmados en el Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son solamente un sueño que no se vislumbra se concrete a corto plazo en el firmamento sonorense.
En este tenor, la estrategia dictada por la dupla conformada por Enrique Peña Nieto y Aurelio Nuño a la Jefa del Ejecutivo local, ésta ha constituido un severo fracaso, aún cuando la coacción contra los manifestantes está en su máxima expresión y el acoso ejercido -Secretario de Educación, Jefes de Área, Supervisores, Directores de los planteles escolares y, la pseudo representación sindical- en contra de los seleccionados se incrementó en intensidad durante las últimas semanas.
¿El propósito…?
Cierta e indudablemente, consistió en, “obligarlos” a presentar un examen –etapa postrera de la evaluación- a “todas luces” amañado, anárquico, antipedagógico y violatorio de las garantías y derechos humanos de los sustentantes, aunque, claro está, dicha pretensión quedó distante de alcanzar la meta del gobierno de la Pavlovich.
Aunado a ello, la propia Secretaria de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, las dependencias educativas y las coordinaciones locales en las entidades federativas, violaron el procedimiento previsto en la Ley que pretende dejar en completo estado de indefensión a los docentes del Sistema Educativo Básico y Medio Superior en México.
Sin duda, una aberración, que el gobierno federal y estatal pretende legitimar a como dé lugar con la asistencia de los profesores a un examen para el que previamente no existió información oportuna y suficiente, menos capacitación alguna, aún cuando es una obligación que posee el patrón (SEP), prevista en el Artículo 123 Constitucional, Apartado “B”. y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado «B» del artículo referido.
Por otra parte, es oportuno señalar que las prácticas ejercidas por las autoridades educativas y los dirigentes sindicales, tampoco han sido las materialmente correctas y adecuadas, todos, han sido proclives a dañar a los sustentantes –consciente o inconscientemente-, situación que más temprano que tarde, cobrará su factura al sistema, toda vez, que procedido de la persecución, agravio y/o presión psicológica ejercida y prolongada en el tiempo, tales prácticas, son emocionalmente aniquiladoras y, generadoras de una implacable disminución de la salud en las “docentes” elegidos como víctimas.
En este contexto, Schuster (1996), experto en acoso o mobbing, sostiene que es “una de las experiencias más devastadoras que puede sufrir un ser humano en situaciones sociales ordinarias, asimismo, sostiene que la víctima se convierte en un «ser objeto de agresión por los miembros del propio grupo social», y lo distingue de dos situaciones próximas: el rechazo social, en el que el individuo puede ser excluido por sus iguales de contactos e interacciones, pero no perseguido, y la desatención social, en la que el individuo es, simplemente, ignorado.
Por su parte, Cruz Blanco, periodista y autora de uno de los mejores artículos sobre acoso moral, sostiene que el fenómeno se desarrolla como un elemento propio de las condiciones de trabajo en los países desarrollados, -aunque también aplica para las economías emergentes-. Para la autora, el fenómeno representa una más de las caras del neoliberalismo y de la sociedad global donde la carrera por la obtención rápida del beneficio lleva a las empresas a prescindir de los trabajadores que no consideran útiles adoptando fórmulas crueles de alternativa al despido».
Se trata de una técnica de intimidación propia de empresas –públicas y/o privadas- que no quieren o no pueden proceder al despido (la Administración Pública posee el mayor número de casos) por la cual el hostigador utiliza su cargo superior para ir arrinconando y aislando al trabajador elegido hasta acabar por inutilizarlo, después de un lento proceso de desgaste del que, a diferencia del acoso sexual o la violencia física, no quedan huellas aparentes.
La maquiavélica actuación del gobierno federal, estatal y los consorcios televisivos dejan al descubierto su insano anhelo por apropiarse del “presupuesto” destinado a educación, pero, aún cuando la campaña emprendida contra la figura del maestro –buenos y/o malos- ha conseguido exacerbar los ánimos y, provocado un linchamiento público contra el gremio magisterial -por parte de un segmento de la población y el Estado Mexicano-, los docentes aunque disminuidos en su salud emocional y física, conservan la dignidad y un genuino deseo por defender sus prerrogativas.
Y, en virtud de que la SCJN se ha plegado al “capricho” del ejecutivo federal y el Congreso de la Unión al dictar criterios jurisprudenciales y tesis aisladas en contra de los derechos de aproximadamente un millón y medio de trabajadores de la educación, negando con ello, toda posibilidad de defensa por la vía jurídica en México, recientemente, el Dr. en Derecho por la Universidad Autónoma de México y profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, Manuel Fuentes Muñiz, ha expresado que de manera conjunta con un grupo de abogados están trabajando en la demanda que próximamente estarán presentando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar los abusos en que ha incurrido el Estado Mexicano en perjuicio de los maestros del país.
México está viviendo momentos de cambios, no más imposición, corrupción, impunidad, tráfico de influencias y… lo que se acumule, el magisterio demanda solución a sus demandas sociales, el letargo cede el paso al sensible despertar, el trabajo empieza a sumar voluntades, aumenta la participación ciudadana y propicia la fusión de la nación, que, hoy por hoy, renace comienza a despojarse del yugo opresivo y a respirar aires de libertad.
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