Peña pisotea valores constitucionales

CIUDAD DE MÉXICO. MX.ARACELI DAMIÁN. ARISTEGUINOTICIAS.— Amurallado en el emblemático Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro, donde sesionó el Congreso Constituyente que dio vida a nuestra Constitución de 1917, Enrique Peña Nieto encabezó este domingo 5 de febrero la conmemoración de su centenario. Afuera, en distintas partes de la ciudad y sin posibilidad de acercarse al recinto, diversos grupos sociales se manifestaban por la carestía, el gasolinazo y las reformas estructurales que han desvirtuado los principios revolucionarios plasmados en nuestra Constitución.

Al tiempo que Peña hacía un llamado a la unidad basado “en torno a los valores de la Constitución, los valores de nuestra ley fundamental: soberanía, libertad, justicia, democracia e igualdad”, un grupo de manifestantes representaban un fusilamiento con imágenes de Peña Nieto, de Luis Videgaray, del gobernador de Querétaro y del presidente municipal de esa ciudad, a quienes acusaron de “traición a la patria” (La Jornada, 6 de febrero de 2017).

Desde el de Miguel de la Madrid, los gobiernos federales han mostrado un absoluto desdén por los cinco valores constitucionales mencionados. La pérdida de la soberanía nacional se inició, sobre todo, con la crisis de los años ochenta, cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial condicionaron la renegociación de la deuda a que el gobierno realizaralas llamadas “reformas estructurales de primera generación”.

De manera abierta, los gobernantes sostuvieron la necesidad de sujetar nuestro destino como nación a las exigencias del mercado internacional, pero sobre todo a las de Estados Unidos. El gobierno y los académicos orgánicos pasaron de un discurso y acciones para desarrollar nuestra propia industria y lograr la soberanía en material alimentaria, a los llamados para establecer una nueva “estrategia” cuyos principios básicos son el de la autodeterminación, el retiro del Estado de la actividad económica, la privatización de las empresas públicas, todo ello a favor del “libre” comercio, aprovechando las “oportunidades” de crecer a la sombra de Estados Unidos, convertida nuestra economía en una gran maquiladora.

Al hacer este llamado, el gobierno olvidó que con el país vecino hemos tenido una historia de guerra y de violaciones constantes a nuestra soberanía (invasiones, pérdida de territorio, etc.), y pretendió forzarnos a dejar de ser latinoamericanos, para convertirnos en “norteamericanos”, embarcándonos en una política de desprecio y olvido de nuestra historia con los países del Centro y Suramérica, muchos de los cuales han resistido los embates neoliberales.

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se inició una era de reformas constitucionales de gran envergadura. La realizada al artículo 27 constitucional, es de las más emblemáticas porque se contrapone fuertemente a las ideas revolucionarias plasmadas en la Carta Magna, en torno al reparto y restitución de las tierras a los campesinos. La reforma desapareció la tradición milenaria mexicana de la propiedad comunal, eliminando también la figura de las tierras ejidales inalienables, incorporándolas al “libre” mercado de tierras, favoreciendo su concentración. Una de las consecuencias más dramáticas de esta reforma fue la posibilidad de que la nación otorgara concesiones para la explotación de minerales a empresas privadas, y en la actualidad, 25% del territorio está en manos las mineras nacionales privadas y extranjeras, las cuales pagan montos ínfimos de derechos en comparación con las ganancias obtenidas por la extracción de metales.

Las llamadas reformas estructurales se realizaron, la mayoría, sin modificaciones a la Constitución. Aun así, la venta y desmantelamiento de empresas nacionales agudizaron la pérdida de nuestra soberanía. Con Fox y Calderón este proceso se profundizó, en dos sentidos. Por un lado, Fox abrió la puerta a la producción privada de energía eléctrica, violando la Constitución, bajo el argumento de que se requería mayor inversión para mejorar la productividad en el ramo y que el gobierno carecía de los recursos para ello. Si bien la entrada de capital privado en la producción de energía eléctrica se da desde Zedillo, es con Fox y Calderón que se da una franca privatización, al pasar la producción privada de electricidad de 0.7% del total en 2000, a 30% con Calderón y actualmente a 35%.

Por otro lado, la pérdida de soberanía ocurrió con la firma por parte de Calderón de la Iniciativa Mérida, mediante la cual recibimos recursos de Estados Unidos a cambio de volvernos los policías de la frontera sur de Estados Unidos. La iniciativa intensificó de manera vedada la intervención en operativos contra el narco de miembros de la CIA y la DEA en nuestro país, como se ha documentado ampliamente en la prensa nacional.

Las últimas estocadas a la Constitución han sido letales para sus principios rectores originales. La reforma laboral de Calderón (como regalo para Peña), que legaliza la subcontratación y reduce los derechos laborales de los trabajadores; la reforma energética de Peña (art. 25, 27 y 28), que legaliza y amplía la participación de empresas privadas en materia energética, incluyendo la extracción de petróleo y gas, y la reforma educativa, que lacera derechos laborales del magisterio y no contribuye al mejoramiento de la calidad educativa, ni amplía la cobertura de la misma.

Peña pisoteó nuestra soberanía al ocultar lo que se negoció en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, del cual Trump nos salvó al retirarse unilateralmente. La pisoteó al ocultar lo que realmente conversó con el presidente de Estados Unidos, en relación con un eventual envío de tropas a México, al grado que ahora Trump dice que Peña parece muy dispuesto a recibir ayuda de EU.

Los diferentes gobiernos priístas y panista han exigido del pueblo de México comprensión, unidad y disciplina ante las reformas que, según ellos mejoraría el futuro que nunca llega. Las reformas a nuestra Constitución sólo han contribuido al aumento de la pobreza, la desigualdad y la violencia.

(Fecha de publicación 07022017)
Araceli Damián

Es Diputada Federal por Morena y preside la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados. Es Profesora-Investigadora con licencia del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es Doctora en economía urbana por la Universidad de Londres, Inglaterra.