Pide INE establecer mecanismos para evitar que la desinformación afecte a la democracia

CIUDAD DE MÉXICO.- “Los regímenes democráticos enfrentan diversos retos para consolidar y preservar sus instituciones y normas fundamentales; uno es la desinformación o noticias falsas que nos impuso la irrupción del internet y de las redes sociales en la vida pública y privada”, dijo.
Precisó que la democracia es una construcción colectiva, por lo que el reto es lograr que las redes sociales sean funcionales a la democracia.

Ante el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (DIDH), Edison Lanza y de la secretaria técnica del Instituto de Investigaciones Jurídica (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México, Issa Luna, Córdova Vianello mencionó que hoy se discute en el mundo si tiene que haber o no una regulación externa distinta a la autorregulación.

Ante la “tentación fácil y delicada de regular” explicó que hay países, como Francia, que han optado por enfrentar este fenómeno criminalizando las noticias falsas. Y expuso el “modelo mexicano” del INE, que en las elecciones del 2018 enfrentó la desinformación con información.

El Consejero Presidente celebró que en el Instituto de Investigaciones Jurídicas se lleve a cabo esta discusión, pues el dilema es “cómo defendemos la democracia sin una regulación que puede rayar en la censura; cómo defendemos la democracia con más democracia y no echando mano de lo que son las prácticas y las herramientas de los regímenes autoritarios”.

Mencionó que la velocidad con la que fluye la conversación en las redes sociales, su volatilidad, el uso de plataformas digitales por parte de partidos políticos y autoridades, la facilidad que se tiene para distorsionar imágenes, noticias y la forma en que pueden contribuir a posicionar o minar instituciones o actores políticos, son desafíos transversales que impactan la vida pública, la privada y, por tanto, la organización de las elecciones.
Para que la democracia funcione, aseveró el Presidente del INE, se requiere de la corresponsabilidad de múltiples actores, de las autoridades electorales, de los partidos políticos, de los candidatos, de los gobiernos, de los medios de comunicación, de la sociedad civil y de la academia. “Si no nos asumimos todos como corresponsables de la defensa de la democracia, mañana probablemente estaremos todos lamentándonos que no hicimos lo suficiente para defenderla”.
En su intervención, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza sostuvo que el fenómeno de desinformación o noticias falsas, afecta a la democracia, la deliberación pública, el derecho de los ciudadanos a recibir información y la organización de los procesos electorales.

Sin embargo, mencionó que este tema no se pueda solucionar sólo con herramientas jurídicas, por lo que se requiere una serie de dispositivos que involucran a distintos actores: partidos políticos, candidaturas, medios de comunicación, autoridad electoral, academia y sociedad en general.

Se requiere una estrategia nacional para el desarrollo de una cultura democrática

Posteriormente, en la mesa “El Impacto del Internet y las redes sociales sobre la cultura política y el comportamiento político-electoral”, la Consejera Claudia Zavala consideró que se requiere una estrategia nacional para el desarrollo de una cultura democrática.

“Que la sociedad red no devenga en un estado de guerra de todos contra todos, y que eso tenga efectos negativos en la sociedad real, depende de nuestra capacidad de implementar acciones conjuntas y significativas en favor de la cultura democrática”, subrayó.

En el panel moderado por Gerardo de Icaza, Director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA, donde estuvo acompañada del Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza; de la analista principal de políticas para América Latina en la Fundación Frontera Electrónica, Veridiana Alimonti y el Investigador del IIJ, César Astudillo, Zavala rechazó que la criminalización sea la respuesta a la desinformación.

“En la sociedad red existe también una impresionante lucha por el poder que impacta cada vez más sobre la sociedad, pero cuyo fundamento no descansa en la legitimidad democrática, sino en la capacidad de ciertas corporaciones para imponer a la sociedad su propia versión de los valores relevantes de acuerdo con sus propios intereses”, alertó.

Ante ello, la Consejera Claudia Zavala consideró que “lo que tenemos que hacer todos quienes desde distintas trincheras buscamos garantizar y ampliar el libre ejercicio de nuestros derechos fundamentales, es asumir que esa eventual forma de manipulación y dominación basada en el poder de quienes programan y difunden masivamente contenidos tendenciosos está actuando ya en la arena pública, que los procesos electorales son uno de sus principales objetivos y que la mejor forma de contener esos intereses implica emprender una estrategia nacional permanente y colaborativa para el desarrollo de la cultura democrática”.

Fortalecer a la ciudadanía como sociedad crítica informada

En la mesa “Redes Sociales digitales y su impacto en la construcción de ciudadanía, en la participación ciudadana y en la ampliación de derechos”, el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, consideró que se deben trazar políticas públicas sobre el combate a la desinformación y la promoción de la educación y la alfabetización digital.

Acompañado del encargado de Política Pública de Twitter, Hugo Rodríguez; del director de Políticas Públicas para México y Centroamérica de Facebook, Iñigo Fernández; de la Jefa de Políticas Públicas y Asuntos Centroamericanos de Google, Eleonora Rabinovich, y de la investigadora del IIJ, María Marván, planteó que las redes sociales que fueron vistas como una ventana a la democratización de la información y el libre debate informado, con sus cualidades de absoluta libertad y no intervención que permitieron su crecimiento, puedan ser la dinámica que las conduzca a su desvanecimiento. El Secretario Ejecutivo mencionó que, de acuerdo con cifras de la Red Internacional de Verificadores de Información, 42 gobiernos despliegan acciones anti desinformación en todo el planeta. La mayoría proponiendo soluciones que criminalizan o están cerca de criminalizar la producción o reproducción de información falsa, el lenguaje de odio o la intervención extranjera.

Edmundo Jacobo subrayó que, si se quiere que prive la información sobre la censura, se requiere la participación de todos los involucrados: empresas, partidos políticos, autoridades electorales, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación “para que desarrollen las reglas básicas de operación –que deben ser muy pocas- y, sobre todo, acciones compensatorias permanentes para nivelar los desequilibrios generados en redes sociales”.

En suma, puntualizó, se requiere fortalecer a la ciudadanía como sociedad crítica informada.

Fecha de pubicación 25/04/2019