Presidencia y Senado atentan contra una Fiscalía autónoma y la consolidación del SNA

Se reproduce íntegro el comunicado conjunto que suscriben varias organizaciones y ciudadanos, tras la llegada de Arely Gómez a la Secretaría de la Función Pública y el nombramiento de Raúl Cervantes como nuevo procurador de la República, quien probablemente se convertiría en el titular de la nueva Fiscalía General de la República, en lo que se convertirá la PGR

«Las personas y organizaciones firmantes exigimos que estas designaciones sean transitorias, en particular en el caso del Procurador, pues consideramos que no son idóneas para los retos que enfrentan ambas instituciones, además de no contar con la legitimidad ni reconocimiento para encabezar la transformación hacia el mejor modelo de Fiscalía General de la República ni la consolidación del promisorio Sistema Nacional Anticorrupción».

Presidencia y Senado atentan contra una Fiscalía autónoma y la consolidación del SNA

Los nombramientos recientes de los nuevos Procurador General de la República y Secretaria de la Función Pública, son señales preocupantes para la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la construcción de una Fiscalía autónoma. En más de una ocasión, las personas y organizaciones firmantes hemos enfatizado la importancia de contar con procesos transparentes, abiertos y participativos para el nombramiento de las personas que encabezarán las instituciones más relevantes del Estado. Sólo así se logrará construir la confianza y legitimidad necesarias para este nuevo sistema y también asegurar el nombramiento de perfiles idóneos que garanticen independencia y profesionalismo.

Sin embargo, lo que acaba de suceder demuestra la discrecionalidad y una total ausencia de rendición de cuentas y criterios claros que sostengan las decisiones. El Senado de la República no cumplió con su papel de contrapeso y ratificó los nombramientos sin dar espacio a la reflexión crítica y el debate abierto. Estas prácticas debilitan la construcción de una Fiscalía autónoma y del Sistema Nacional Anticorrupción, asimismo es contraria a los compromisos públicos e internacionales hechos por la Presidencia en materia de gobierno abierto.

El nombramiento de la nueva Secretaria de la Función Pública viola el compromiso internacional hecho por Presidencia de la República en el marco del Tercer Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto. Para nombrar a las autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción, la Presidencia se obligó en septiembre de 2016 a conducir una consulta técnica con sociedad civil, academia y expertos para elegir al Secretario o Secretaria. Esta consulta nunca se realizó.

Por otra parte, el nombramiento del Procurador es la mayor muestra del divorcio entre la Presidencia y el Senado de la República y los sectores de la sociedad que sí reconocen una grave crisis del sistema de justicia penal en México. Tan sólo días después de que más de 200 personas y 50 organizaciones expertas y reconocidas en la materia exigieron un diálogo nacional para rediseñar el organismo autónomo procurador de justicia, diálogo que incluye la selección del perfil más adecuado que deberá operar éste, el Presidente, con el respaldo del Senado, designó inesperada y discrecionalmente un perfil con cuestionamientos sobre su independencia política y sin rendir cuentas sobre su idoneidad (por ejemplo, sobre su conocimiento del sistema penal, su probidad y su compromiso con el avance de los derechos humanos y la democracia).

Se debe recordar que el año pasado Cervantes Andrade fue considerado como posible integrante de una terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, como ahora, su perfil fue severamente cuestionado. La designación de un senador que quiso ser ministro pero ahora es procurador, daña severamente la división de los poderes públicos y corrompe la idea de pesos y contrapesos que deben existir entre estos.

Sirva lo anterior también como un extrañamiento directo y claro para el Senado de la República: su papel en la ratificación del Procurador anuló la naturaleza independiente que tiene del Ejecutivo Federal. Una designación del mayor impacto para la democracia y el Estado de derecho no debe realizarse como un simple trámite legislativo: en menos de un día el Senado de la República resolvió la designación presidencial.

Las personas y organizaciones firmantes exigimos que estas designaciones sean transitorias, en particular en el caso del Procurador, pues consideramos que no son idóneas para los retos que enfrentan ambas instituciones, además de no contar con la legitimidad ni reconocimiento para encabezar la transformación hacia el mejor modelo de Fiscalía General de la República ni la consolidación del promisorio Sistema Nacional Anticorrupción. Estamos absolutamente convencidos que los perfiles requeridos para estos órganos deben estar a la altura del contexto, las exigencias sociales y las necesidades de nuestro país. Estos dos nombres, sin embargo, no lo están.

Firman:

Organizaciones de la sociedad civil:

Alianza Cívica, Arkemetría Social, ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, CCiudadano Construcción y articulación de lo público, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC), Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, Colectivo por la Transparencia, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos AC – OMCT, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, Defensoría de los Derechos de la Infancia, Dejemos de Hacernos A.C., Equis Justicia para las Mujeres, Freedom House México, Fundación para el Debido Proceso, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Inclusión y Equidad, Consultora Latinoamericana, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Información Accesible y Rendición de Cuentas, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social INCIDE Social, Iniciativa Sinaloa, Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Instituto de Justicia Procesal Penal, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Justicia Pro Persona, México Unido Contra la Delincuencia, Programa de Derechos Humanos Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, Red en Defensa de los Derechos Digitales, Sonora Ciudadana, Visión Legislativa, WOLA (la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos).

Redes de organizaciones de derechos humanos:

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana:

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

A título individual:

Alberto Olvera, Aleida Calleja, Alejandro Madrazo, Alfredo Castillo Romero, Alfredo Lecona, Andrés Torres Checka, Aram Barra, Bosque Iglesias, Carlos Brito, Catalina Pérez Correa, Celso Alvarado, Claudia Magallanes Blanco, Denise Dresser, Erick Fernández Saldaña, Eugenia Legorreta, Fernando Belauzarán, Helena Varela Guinot, Isabel Hernández Medel, Iván García Gárate, Jenaro Villamil, Jorge Javier Romero, Julio Mena, Laura Rubio Díaz Leal, Lilia Vélez, Lucha Castro, Luis Daniel Vázquez, Maite Azuela, Martha Tagle, Miguel Sarre, Pablo Reyna, Paulina Gutiérrez, Ricardo Becerra, Roberto Ochoa, Sergio Aguayo, Silvano Cantú, Vladimir Chorny, Ximena Gallegos Toussaint

 
(Fecha de publicación 30102016)