El prometer no empobrece. Los políticos ofrecen mucho cuando son candidatos

CIUDAD DE MÉXICO. MX. SANDRA RODRÍGUEZ NIETO. — Si en algo no confía Guillermina Hernández Alarcón es en las promesas de los políticos que ofrecen un Estado de México más seguro.

En búsqueda de su hija Selena Giselle Delgado Hernández desde hace más de siete años, la madre de familia ha visto ya pasar, sin resultados, campañas y ofrecimientos, tanto del hoy Gobernador Eruviel Ávila Villegas, quien era Alcalde de Ecatepec en el momento de la desaparición, como del hoy Presidente Enrique Peña Nieto, cuando era Gobernador del Estado de México.

A éste último, en un momento que desde 2014 había relatado a SinEmbargo, pudo acercarse en un acto de la campaña presidencial de 2012, cuando le entregó una carpeta con la información del caso de su hija y el entonces candidato priista se la dio a otra persona que, a su vez, la aventó en un bote de basura.

“Me dio mucho coraje, impotencia, me daban ganas de quererlo alcanzar, porque era mi hija”, dice ahora Delgado Hernández en entrevista. “Me esperé al último y me fui a buscar el fólder en la basura, y ahí estaba con más papeles; más peticiones”, agrega.

A Eruviel Ávila, dice, lo ha visto, junto con otros familiares afectados, en tres ocasiones distintas desde 2014; encuentros en los que el Gobernador, narra, ha acertado sólo a pedir que se tome nota de las necesidades que le plantean las víctimas. Entre éstas solicitudes, dice Hernández, estuvo un vehículo que ella pidió para el agente de la Policía Ministerial que investiga su caso y que por años ha tenido que hacer diligencias en transporte público.

“No trae carro. Yo se los he pedido, a Eruviel Ávila se lo pedí dos veces y [sólo dice] ‘anótalo y que le den el carro a este señor’, y no le dan nada”, dice Hernández.

Como otras madres de familia en búsqueda de sus hijos, Guillermina Hernández, de 47 años, relata haber enfrentado una serie de omisiones por parte de las autoridades investigadoras del Estado de México que, considera, han impedido por años que se esclarezca el paradero de su hija.

Deficiencias que se presentaron, dice, desde el primer momento que acudió a la oficina del Ministerio Público y tuvo que esperar por seis horas para que alguien tomara su denuncia. Era 30 de abril de 2010, recuerda, horas después de la primera noche en la que su hija, entonces de 14 años, no llegó a casa.

“El tipo que me recibió me dijo: ‘ay, señora, no se preocupe; usted está aquí bien preocupada y su hija, de seguro, está en Acapulco tomándose unas chelas”, recuerda.

También ahí vio cómo, luego de que preguntó al agente quién iniciaría la búsqueda y éste le respondió que no tenía personal, él mismo interrumpió su entrevista para atender a un hombre que denunció el robo de su “camioneta nueva” y para quien el representante social sí asignó agentes ministeriales.

Era además viernes, y en los días siguientes se sumaban los días festivos del 1 y 5 de mayo, por lo que la búsqueda de su hija, le informó el mismo servidor público, no iniciaría sino hasta que pasara el asueto.

“[Después de darle los datos de Selena] me dice: ‘eso es todo; nosotros la llamamos’. Le dije: ‘¿no van a buscar a mi hija?’. [Responde el agente] ‘No, es que no tenemos personal; como se da cuenta, por eso la tardamos mucho’; o sea excusándose de que habían tardado demasiado, y le dije: ¿Cómo que que no hay personal? Dice: ‘No, no tenemos quien la vaya a buscar”, relata.

Aun así, y como para madre de desaparecida o desaparecido no hay una escuela, dice Hernández, volvió a su casa y “lamentablemente” confió en que las autoridades harían su trabajo. Ella, mientras, se dedicó a buscar a Selena Giselle donde pudo y a difundir por todos los medios posibles su caso, con pesquisas, marchas y entrevistas.

Alrededor de julio de ese año, y a sugerencia de un familiar, fue a preguntar por el caso, para encontrar que la investigación, a cargo del agente del Ministerio Público que identificó como Nadín Zaragoza Jiménez, no había dado un solo paso.

“Nunca [la buscaron]; yo me confié, dije: ‘yo ya levanté mi denuncia; ellos ya la están buscando’, y cuál fue mi sorpresa: que no”, dice Hernández.

“La verdad, lo que me imaginaba, lo que a mí se me había más viable, yo lo hacía, confiada en que la policía la estaba buscando, y en julio me dicen: ‘no, es que como ella ya no vino, pensamos que ya la había encontrado y ya no hicimos nada”, agrega.

REVICTIMIZACION, PRÁCTICA COMÚN

La deficiencia en la investigación y las actitudes institucionales que “revictimizan”, como las relatadas por Hernández, lejos de ser un caso aislado, son un patrón de comportamiento en las oficinas del Ministerio Público del Estado de México.

De acuerdo con el más reciente Índice Global de Impunidad en México, elaborado por el Centro de Estudios sobre Inseguridad y Justicia de la Universidad de las Américas en Puebla (UDLAP), la entidad gobernada durante casi nueve décadas por el Partido Revolucionario Institucional presenta “importantes deficiencias” en la “dimensión estructural” del sistema de procuración de justicia.

Entre ellas, advierte el análisis, el contar con una cantidad de personal menor, en algunas áreas hasta en un 50 por ciento, que el personal promedio que emplea el resto de las procuradurías de la República, como 3.1 agentes del Ministerio Público por cada mil delitos cuando la media nacional es de 5.3 agentes; o sólo 105.3 elementos destinados a funciones de seguridad pública por 100 mil habitantes, contra 160.5 que es el promedio nacional.

“Las deficiencias no son únicamente en número de personal, sino también en estructura organizacional, pues se cuenta con apenas 1.1 agencias del Ministerio Público por 100 mil habitantes contra las 3.2 de la media nacional, y sólo el 3.2 por ciento de las agencias están especializadas en delitos graves, cuando a nivel nacional éstas alcanzan un 14.8 por ciento”, agrega el reporte de la UDLAP.

“Sobre el personal del sistema de justicia del Estado, encontramos una significativa carencia de personal en todo el aparato: se reportan 21.2 empleados en Tribunal Superior de Justicia por cada 100 mil habitantes (34.3 nacional), 2.3 Magistrados y jueces contra el promedio nacional de 3.5 por 100 mil habitantes y un probable cuello de botella en los procesos por alcanzar apenas 5.5 secretarios en Tribunal que contrastan con la media nacional de 11.9 por 100 mil habitantes”, agrega el mismo documento.

El resultado, de acuerdo con lo que indica el análisis, es un nivel de castigo a los delitos cometidos en el Estado de México que no sólo es menor que el promedio nacional [de un 67.42 por ciento de los ilícitos], sino que es también el segundo más bajo de todas las entidades de la República: de 76.48 por ciento, considerado como un “grado de impunidad muy alta”.

También en 2016, un estudio del Gobierno de Estados Unidos detectó estas ineficiencias en las oficinas de procuración de justicia y, enfocado en el análisis de las instituciones para perseguir la violencia contra las mujeres, reportó que en el Estado de México “la revictimización” es una práctica común.

Uno de los motivos, sugiere el Diagnóstico Sobre los Vínculos entre la Inseguridad Pública y la Violencia de Género en México, es el “diseño institucional” de las Agencias Especializadas para Delitos Sexuales (AEDS) del Estado de México y de las Agencias del Ministerio Público Especializadas en Violencia Intrafamiliar y Sexual (Ampevis).

“En el Estado de México hay 15 Ampevis que deben servir a los 125 municipios del estado. Algunas víctimas tienen que cruzar el estado para llegar a una Ampevis, y aun cuando llegan, pocas veces reciben los servicios que necesitan; tienen que viajar de nuevo hacia otra agencia del Gobierno del Estado de México, como el DIF. A menudo, las víctimas deben ir a varios sitios distintos y repetir sus testimonios”, dice el reporte, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Centrado en Ecatepec, el mismo estudio menciona que en este municipio hay sólo hay cuatro agentes del Ministerio Público capacitados para llevar casos de violencia contra las mujeres, y que las agencias especializadas reciben cerca de 80 casos al día, “lo que claramente excede la capacidad del personal actual para atender la demanda”.

LA MUJER, CONSIDERADA INFERIOR

Selena Giselle Delgado Hernández estudiaba el tercer grado en la telesecundaria Luis Donaldo Colosio, ubicada en el poblado de Santa María Tulpetlac, a unos 10 minutos de su casa, y hacia allá debió dirigirse la mañana del jueves 29 de abril de 2010, último día en el que fue vista por su madre.

Vivían entonces en una vivienda de dos pisos ubicada a un lado de la autopista que conduce de México a Pachuca, a la altura del antiguo poblado ubicado en el sur de Ecatepec.

Eran días en los que madre e hija habían tenido discusiones, sobre todo por las compañías de adultos que la adolescente frecuentaba por entonces y que había conocido, dice la madre, por quien era su dentista entonces.

Eran días también en los que el Estado de México destacaba ya a nivel nacional en los análisis de violencia contra las mujeres, como un reporte publicado en 2009 por la agencia con enfoque de género Cimac, que mencionó 877 casos de desaparición hasta entonces. La misma entidad, agregó el reporte periodístico, encabezaba ya “la lista de mujeres asesinadas en el país entre 2005 y 2008, con 573 casos”.

Las carencias en las instituciones del Ministerio Público como las presentadas en los informes son parte del problema, advierte Teresa Ulloa Ziáurris, directora general de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, su siglas en inglés).

“Es una de las causas por las que no se investiga ni se les da seguimiento a los asuntos; por eso quisiera saber qué hace el Gobernador para fortalecer las áreas de justicia cuando es el estado con el mayor índice de feminicidio y de desaparición de jovencitas”, dice Ulloa Ziáurris.

Otra problemática, agrega, es la falta de sensibilización en temas de género del personal ministerial, sobre todo entre policías que, con el cambio al sistema de Justicia Penal Acusatorio, tienen una mayor responsabilidad en la búsquedas y en la investigación. Y otro, agrega, es la corrupción por la cual agentes solicitan dinero a las familias hasta para gasolina.

“Es un problema de sensibilización, de corrupción y de constante cambio que se da en el personal, que no permite que se especialicen; y el hecho de que ellos mismos (los agentes) tengan una idea de que la mujer tiene un valor inferior”, considera Ulloa.

Así, el Estado de México es a la fecha el segundo estado de la República con la mayor cantidad de desapariciones de personas, con 3 mil 351 casos, de acuerdo con la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que lo ubica sólo detrás del estado de Tamaulipas.

Es, también, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), el estado de la República donde ocurren el mayor número de asesinatos de mujeres, con 406 casos en 2015 y el 17 por ciento del total de este tipo de ilícitos a nivel nacional.

“A partir de 2008 se aprecia un repunte progresivo. Sólo en los años 2010 y 2011, el mayor número de homicidios de mujeres registrados ocurrieron en Chihuahua (584 y 408, respectivamente)”, reportó el Inegi en noviembre pasado, a propósito de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Una investigación del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, estimó en 5 mil 163 el número de mujeres víctimas de asesinato en la entidad entre 2000 y 2015, o un 18 por ciento del total registrado en México en ese periodo.

Y, en 2016, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre enero y julio se registraron 550 asesinatos de personas del sexo femenino, aun cuando sólo un 18 por ciento fueron investigados como feminicidios.

La persistencia del problema es el resultado de la falta de esclarecimiento y de castigo en los casos anteriores, considera Guillermina Hernández cuando se le pregunta por el efecto de la impunidad.

Y tal impunidad, agrega, es a su vez el motivo de que, en lugar de encontrar descanso y dar con el paradero de su hija, viva con el temor de que otro crimen similar se cometa contra algún otro integrante de su familia.

“A mí me preocupa que mi hijo viene en la noche, que mi sobrina tiene que irse a la escuela temprano; o sea, ya no nada más es mi hija, es la hija de mi vecina, mi sobrina, los que están en la calle; no nada más es el dolor o estar pensando que mi hija no está, sino que qué tal si a mi hijo al rato le pasa lo mismo. O sea, ya no tenemos la seguridad de que ellos se vayan y ya”, dice Hernández en entrevista.

“Lejos de detenerse, cada vez hay más niñas y cada vez son más sádicos al matarlas; porque antes se oía que las violaron y las tiraban, no las mataban, y ahora las descuartizan, las violan, les hacen cosas horribles (…) Cada vez es más sádico; ahora ya hasta tienen nuevas técnicas para desaparecerlos. Nos han contado que hasta los cocinan, que los echan en ácido; o sea ¿cuándo vamos a encontrar así a nuestros hijos? ¿Cuando se va a detener todo esto? Lejos de que, bueno, ya pasó por nuestros hijos; ya se detuvo, ¡no! Ahora se oyen cada vez más casos de desapariciones, ya no son nada más las niñas, o las muchachas, las señoras; ya también son los muchachos, los niños. Incluso aquí en la colonia ahorita hay tres casos que son recientes, y no han hecho nada”, cuestiona.

(Fecha de publicación 06062017)