Se enfrenta la ONU y México por caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO. MX. — En al menos 34 de las 129 detenciones de personas involucradas –33 hombres y una mujer– en el caso de desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, existieron actos de tortura perpetrados principalmente por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y miembros de la Secretaría de Marina, afirmó Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México).

“De 129 personas detenidas en el caso, la oficina examinó 63 casos, en 12 de ellos no hubo ninguna información que indicara la existencia de tortura; mientras que en 51, la oficina sí tiene algunos elementos que señalarían a que los detenidos sufrieron malos tratos o tortura; pero de esos 51 casos, en 34 casos tenemos fuertes elementos de convicción sobre la existencia de tortura”, refirió.

“Según información contenida en el expediente, las autoridades involucradas en estos actos incluirían a personal de PGR, principalmente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y de la Agencia de Investigación Criminal, así como integrantes de la Policía Federal y de la Secretaria de Marina”, agregó.

Durante la presentación del Informe Doble Injusticia, el representante del organismo internacional explicó que esta convicción, al cual podría señalar los actos de tortura, están basados en seis pilares que rigieron el análisis del expediente, entre los que destacaron los exámenes médicos practicados a los detenidos: “en algunos de estos exámenes se certifican más de 30 lesiones, las lesiones son compatibles con actos de tortura”, señaló.

Dicho informe refiere que los métodos de tortura o tratos crueles más usados fueron los toques eléctricos en múltiples partes del cuerpo y zonas genitales. La violencia sexual también fue una de las formas, las cuales fueron clasificadas por penetración anal, que pudieron detectar en tres casos masculinos; así como amenazas de violación a familiares. Los sitios principales donde se desarrollaron estos actos fueron los medios de transporte durante el traslado, casas sin identificar, terrenos baldíos y oficinas en la PGR y la SEIDO. Si bien, Jarab exhortó al Poder Judicial a desechar las pruebas que hubieran podido obtenerse bajo tortura, aclaró que oponerse a estas prácticas “no significa estar de lado de los delincuentes”, y agregó que si son culpables los detenidos, las autoridades deben mostrar más evidencias que los incriminen.

Asimismo, señalo que este informe el cual no es otra cosa más que un análisis de lo que ya está asentado en el expediente del caso, tiene tres objetivos:

“Contribuir a la búsqueda de verdad y justicia en el caso Ayotzinapa; segundo, contribuir a la lucha contra la impunidad, las desapariciones y la tortura en México.

“El tercer objetivo es contribuir a la discusión pública, abierta, sobre la necesidad de la transformación de la PGR a una fiscalía general que indique, además de un cambio de nombre, una auténtica transformación hacia una institución independiente y profesional”, precisó.

(Fecha de publicación 16032018)