Se suma el Poder Legislativo a demandas de movimiento

HERMOSILLO, SONORA.MX.— Conscientes de la situación que actualmente se vive a nivel local y nacional, pero sobre todo, preocupados por el bienestar de los sonorenses, los integrantes de la LXI Legislatura se sumaron a la exigencia del movimiento «No al Gasolinazo Sonora» y aprobaron solicitar al Congreso de la Unión la abrogación de las reformas estructurales, entre otras demandas.

Al inicio de la sesión ordinaria, la presidenta de la mesa directiva, diputada Brenda Elizabeth Jaime Montoya, dio a conocer a la asamblea que en el orden del día se incluyó una iniciativa que atiende varios temas de los solicitados en el pliego petitorio presentado por dicho movimiento.

También informó que se convocó para estar presente en la sesión, al licenciado Alberto Ramos, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para dar constancia del respeto a las garantías de los presentes en el desarrollo de la plenaria.

Mediante un punto de Acuerdo firmado por sus 33 integrantes, esta Soberanía resolvió exhortar a ambas cámaras, a efecto de que si lo consideran procedente, lleven a cabo las acciones legislativas necesarias para la abrogación de las reformas estructurales y la eliminación de las pensiones vitalicias a ex presidentes, senadores, diputados, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Hemos decidido sumarnos a esa exigencia ciudadana para asumir este reto del sistema político mexicano para recuperar la confianza de los ciudadanos, toda vez que, como lo establece nuestra Constitución Federal en su Artículo 39, ´la Soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo”, leyó el diputado Rodrigo Acuña Arredondo.

En el exhorto también se incluye la petición para eliminar los impuestos que se aplican a los sueldos de los trabajadores, la desaparición de la figura de los legisladores plurinominales y la reducción del número de diputados y senadores del Congreso de la Unión.

En la exposición de motivos del Acuerdo destaca que las denominadas reformas estructurales que se han hecho a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los últimos años, así como la creación de nuevas legislaciones en el ámbito federal en materia energética, competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión; hacendaria, financiera, laboral, educativa y transparencia, han provocado opiniones divididas en los mexicanos, algunas a favor y otras en contra.

“Sin embargo, las reformas estructurales que han venido causando la mayor polémica y descontento entre los diversos sectores de la sociedad, son las relacionadas a las materias fiscales, político-electoral, educativa y la energética, siendo esta última la más reciente”, establece.

Las reformas fiscal y energética han provocado una efervescencia que se ha reflejado en todo el país, a través de diversas marchas en las que los mexicanos han dado una clara señal de descontento e inconformidad por el costo actual de las gasolinas, suceso que ha desencadenado una serie de aumentos en los precios de los productos y servicios que más consumen millones de mexicanos en el país, establece la exposición de motivos.

“En pocas palabras, hay un descontento generalizado en contra del sistema político y de gobierno que actualmente impera en nuestro país, lo que nos ha hecho reflexionar a profundidad sobre el rumbo que va a tomar el desarrollo de nuestra nación, de seguir así”, agrega.

Si no se hacen los cambios necesarios y a profundidad que la sociedad reclama, se augura un ambiente político, social y económico poco prometedor en el corto, mediano y largo plazos, destaca la iniciativa.

Fue con base a la premisa establecida en la Constitución de que la Soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, que los legisladores sonorenses han llevado a cabo diversas medidas legislativas y presupuestarias acordes precisamente a la realidad que se vive actualmente, entre las que se encuentran diversas leyes y decretos que han modificado el marco jurídico de las instituciones del Estado, recordó Acuña Arredondo.

Destacó la aprobación de las leyes 96 y 102, con la finalidad de reformar la Constitución local para establecer un Sistema Estatal Anticorrupción, con autoridades dotadas de autonomía que combatan e inhiban la corrupción de los servidores públicos, así como la aprobación de diversas iniciativas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.

Ahora las mujeres gozan de las mismas prerrogativas que tienen los hombres, de participar en la vida política, social, económica y cultural del Estado, dijo, además de que para este ejercicio fiscal, los diputados sonorenses implementaron un programa de austeridad que permitirá al Poder Legislativo tener un mayor ahorro de recursos públicos para destinarlos en beneficio de los sonorenses.

En esta sesión ordinaria, la asamblea aprobó un Acuerdo dirigido a la titular del Ejecutivo estatal y a los titulares de las secretarías de Salud Pública, de Infraestructura y Desarrollo Urbano, de Desarrollo Social y de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

El diputado Ramón Antonio Díaz Nieblas presentó la iniciativa respectiva, la que tiene por objeto que dichas autoridades contemplen, dentro de los proyectos de infraestructura a realizar este año, la construcción de una clínica hospital en la zona Fuerte Mayo del municipio de Huatabampo.

Expuso que dicha clínica es necesaria para la atención y estabilización de la salud en beneficio de los habitantes de esta región y de quienes viven en comunidades colindantes a los municipios de Álamos y Navojoa, así como a quienes requieran de atención o sufran algún accidente en el tramo de la carretera internacional México 15 que comprende dicha región. A este exhorto, que se aprobó por unanimidad, se sumó el diputado Juan José Lam Angulo.

También fue aprobado el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Tiene por objeto que dentro del catálogo de bienes del dominio público, además de encontrarse los inmuebles que se utilizan para prestar un servicio público municipal, también se incluyan aquellos inmuebles propiedad del Municipio que sean destinados para prestar un servicio público, ya sea federal o estatal.

A nombre de la comisión, la diputada Flor Ayala Robles Linares dio lectura al dictamen con base a una iniciativa presentada por el Ayuntamiento de Hermosillo, que también incluye que los bienes del dominio privado que no sean adecuados para la prestación de un servicio por parte de las dependencias o entidades de la administración municipal, puedan permutarse con las entidades o dependencias del Gobierno Federal y estatal.

Durante el desarrollo de la sesión, la Presidencia turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales dos iniciativas, una presentada por los diputados Jorge Luis Márquez Cázares y Ramón Antonio Díaz Nieblas, y la otra por la diputada Lisette López Godínez.

Los legisladores presentaron la iniciativa con proyecto de ley para la delimitación territorial de los municipios del Estado de Sonora, por considerar que, no obstante cada Municipio cuenta, históricamente desde su fundación, con una delimitación territorial, se han presentado conflictos por límites territoriales entre éstos.

Un caso que se suscitó en 2002 entre los municipios de Cajeme y Navojoa fue el del ejido “Santa María El Buaraje”, que resultó formar parte del primero y no del segundo, así como otro conflicto entre ambas municipalidades, ya que la autoridad de Cajeme reclamaba que se le quitaba su delimitación territorial en el área correspondiente al “Arroyo Cocoraque”, sostuvo el diputado Márquez Cázares.

Agregó que en la entidad no existe una Ley secundaria que establezca con claridad y precisión cuál debe ser el procedimiento que debe llevar este Poder Legislativo para resolver este tipo de conflictos, lo que hace necesario contar con una legislación que otorgue una mayor certeza jurídica a los municipios que se encuentren en un conflicto de tal naturaleza.

La iniciativa consta de 37 artículos divididos en tres capítulos denominados: Disposiciones generales; Disposiciones comunes a los procedimientos; y De los procedimientos para señalar o modificar límites entre los municipios”.

En su oportunidad, la diputada Lisette López Godínez expuso ante el Pleno que su propuesta busca satisfacer necesidades de suelo para vivienda, y que por imperativo legal se agregue al documento en el que conste la enajenación efectuada, la cláusula relativa a la disposición testamentaria.

“Ante la nueva realidad que impera en lo que respecta a la conformación de la familia mexicana, es que resulta obligatorio para nosotros como legisladores adecuar el marco jurídico para que no se violenten los derechos humanos de persona alguna, y contrario a ello, garantizar el acceso, de manera igualitaria y equivalente, a los servicios y beneficios que otorga el Estado mexicano, por conducto de cualquier orden de gobierno”, expresó.

López Godínez propuso establecer en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, de manera clara y sin lugar a dudas, que el término familia, además del parentesco consanguíneo, civil o por adopción, para estos efectos pueda y deba entenderse como las personas que cohabiten en el inmueble a enajenar, emparentados entre sí, sin limitación de grado.

Ambas iniciativas serán estudiadas por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. La próxima sesión del Pleno se citó para el martes 28 de febrero, a las 11:00 horas.
(Fecha de publicación 23022017)