Siguen haciendo la lucha los conservadores para atajar los cambios en México.
LEÓN, GUANAJUATO. MX. — La jueza Noveno de Distrito con residencia en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, otorgó una suspensión definitiva a Ángel Castro Gómez, representante de la organización Uniendo Caminos México, de quien dijo sí tiene interés legítimo para impugnar el decreto por el cual la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional pasaría a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y ordenó devolver el control de la corporación policiaca a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La juzgadora determinó lo anterior al considerar que se trata de un defensor de derechos humanos.
Y es que el quejoso alegó que la norma reclamada potencia el peligro para el libre ejercicio de actividades dirigidas a proteger los derechos humanos, ya que la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena puede generar un efecto inhibidor y amedrentador de libertades sociales como la libre manifestación de ideas, expresión y reunión.
También porque la seguridad pública no es tarea de las instituciones castrenses pues es una función del Estado de naturaleza civil a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, de conformidad con el Artículo 21 de la Constitución.
La impartidora de justicia federal recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.
PUBLICADO EL 24/OCTUBRE DE 2022)
