Sin voto no hay dinero sigue sumando adeptos en el país. Parte I
HERMOSILLO, SONORA. MX.— Aunque lo ideal sería que los partidos políticos no recibieran recursos del erario público para la operación de sus actividades, pero, sobre todo para prolongar su inútil subsistencia –considerando que “siempre” actúan en función de sus propios intereses-, que distante de ser activos gestores e impulsores de causas justas en beneficio de la población, constituyen un pesado lastre que arrastra consigo mejores posibilidades de desarrollo en los diferentes sectores de la sociedad, los resultados saltan a la vista.
En el sitio Web del Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra una definición respecto de la función que tienen los partidos políticos, que, en teoría se lee interesante, pero, en el terreno de los hechos difícilmente es verosímil, particularmente por la creciente manipulación que éstas entidades de interés público hacen de su filosofía partidista, sin detrimento de las sucias maniobras empleadas antes, durante y después de una elección federal o local en que los topes de campaña regularmente son rebasados, el acarreo de electores es notorio y el sufragio no es libre, ni secreto, ni directo.
También se hace referencia al financiamiento público anual otorgado a cada Partido Político Nacional a partir de 1997 hasta la fecha de la última actualización (2017), cifras a lo largo de las décadas han sufrido un notable incremento en el sostenimiento de actividades ordinarias, así como en el rubro para actividades específicas de los partidos políticos, recurso financiero que ha sido autorizado mediante Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electora, aún cuando la participación de los ciudadanos registrados en el padrón electoral ha disminuido, consecuentemente la abstención ha aumentado y los votos nulos continúan asomándose de las urnas durante el conteo postelectoral.
En este sentido los diputados independientes Pedro Kumamoto (Jalisco) y Manuel J. Clouthier Carrillo (Sinaloa), presentaron -en su momento- la iniciativa “Sin voto no hay dinero, mediante la que buscan reducir el financiamiento a partidos políticos, toda vez, que éstos reciben $ 44. 5 pesos por cada persona registrada en el padrón electoral, sin importar si ejercieron su derecho a votar o no, o bien, en un intento por castigar el incumplimiento de promesas o decisiones contrarias al interés común los ciudadanos anulan su voto.
Por ello, considerando éstas variables es que sendos legisladores propusieron modificar la ecuación para que los recursos a las agrupaciones partidistas se entreguen “sólo a cambio de votos válidos emitidos en la elección”, lo cual, significa que el monto económico otorgado sufriría una notoria actualización y considerando los resultados de los comicios más recientes, lo más viable es que se presente una reducción en el financiamiento al excluir de la operación matemática a las personas que no hayan votado o que en su defecto anulen su papeleta.
El ahorro anual se prospecta en 2 mil millones de pesos, que equivale al 60 % menos en el presupuesto anual que se les otorga a nivel estatal a los partidos con registro federal, desde luego, una proporción nada despreciable, considerando la enorme crisis económica en que habitualmente se encuentra sumido nuestro país.
Desde luego, acostumbrados a los dispendios con recursos que emanan de los bolsillos de los contribuyentes, a los vacíos legales, a los acuerdos realizados en lo “oscurito” entre funcionarios y dirigentes de las agrupaciones partidistas y a la nula voluntad política para evitar derroche innecesario de dinero, “era de esperarse la reacción y la oposición de los grupos políticos acostumbrados durante años “a saludar con sombrero ajeno”.
De allí, que los partido opositores -Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido Nueva Alianza (PANAL) y el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)- a la reforma electoral, no hayan permanecido de brazos cruzados, no obstante, el tiro le salió por la culata, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la reforma en Jalisco, significando un gran triunfo para la ciudadanía.
Con la Ley Kumamoto se impulsa a que las personas evalúen el desempeño de los partidos políticos y si están en desacuerdo con su actuación, el resultado invariablemente será una reducción al presupuesto en el plano estatal.
Es importante destacar, que esta Ley, entrará en vigor en 2019 en el estado de Jalisco y dicha legislación establece que los partidos políticos nacionales en años no electorales serán financiados conforme al número de electores registrados en el padrón, multiplicados por el 20% del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Asimismo, por una parte la Constitución federal señala que el financiamiento se calcula multiplicando los electores del padrón por el 65% de dicha unidad y, por otro lado, la Constitución de Jalisco establece que en año electoral los partidos políticos serán financiados conforme al total de votos válidos obtenidos en la elección previa de diputados multiplicados por el 65% de la UMA.
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(Fecha de publicación 11092017)
