En Sonora endurecen castigo a quienes maltraten a adultos mayores
HERMOSILLO, SONORA. MX.— En un asunto de justicia social dirigido a un sector de la población que constituye un grupo vulnerable de características especiales, como lo son los adultos mayores, legisló este día el Congreso del Estado, al aprobar endurecer los castigos a quienes incurran en maltrato hacia estas personas, además de establecer nuevas penalidades a quienes cometan un nuevo tipo penal de fraude.
Ambos decretos fueron dictaminados por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que estudió las iniciativas presentadas por los diputados David Homero Palafox Celaya y Moisés Gómez Reyna, a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Sonora.
En el primero de los casos se trata del Decreto que reforma los artículos 234-A, cuarto párrafo; 234-B, segundo párrafo; 264, segundo párrafo y 272, segundo párrafo, todos del Código Penal, mediante el cual se busca proteger a los adultos mayores contra toda clase de maltrato que ponga en riesgo su integridad emocional o física, considerando, incluso, los riesgos de maltrato que pongan en peligro su vida.
“Endurecer los castigos en contra de quien maltrate a los adultos mayores, como se propone en la iniciativa, es un asunto de justicia social, ya que este sector de la población constituye un grupo vulnerable de características especiales, que a diferencia de otros grupos sociales e, independientemente de sus aportaciones al engrandecimiento de nuestra sociedad, son vistos como una carga o desecho social”, establece uno de los considerandos del Decreto.
El diputado Palafox Celaya expuso que en Sonora se cuenta con la Ley de los Adultos Mayores y con la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, que si bien representan grandes avances en la materia, aún y con las recientes reformas a dicha Ley para ampliar los alcances de dicha Procuraduría, falta establecer las herramientas necesarias en el ámbito penal para castigar adecuadamente a quienes los maltraten.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos consideró como viable y positiva la iniciativa, ya que con su entrada en vigor se contará con penas más severas para los delitos que puedan ser considerados como maltrato en contra de un adulto mayor y que se constituyen con las conductas ilícitas que más afectan a las personas que integran este grupo vulnerable.
El Decreto incluye las penalidades en los delitos de violencia intrafamiliar, lesiones y abandono de personas, con la aclaración de que si la conducta se cometiera en contra de un adulto mayor, aumentará la pena que corresponda hasta en una tercera parte. La sanción va de seis meses a seis años de prisión.
En el segundo Decreto se establece que tiene como propósito crear un nuevo tipo penal, el cual consiste en castigar como fraude a toda aquella persona que reciba dinero, valores o cualquier otra cosa por concepto de ahorro o inversión, y ofrezca a cambio el ingreso a un sistema formal o informal de ahorro o de inversión.
El diputado Moisés Gómez Reyna planteó el caso de que se generen a favor del ahorrador o inversor, intereses o rendimientos de lo entregado, cuando no haga entrega de los intereses o rendimientos pactados, así como de la cantidad ahorrada o invertida, en el término de 15 días naturales después del vencimiento del plazo pactado, y propuso adicionar una disposición para que a quien incurra en dicha conducta se le impongan una pena que aumente en función del monto fraudado, es decir, del daño patrimonial causado.
“Consideramos justificable el hecho de castigar a todas aquellas personas que se aprovechen de las necesidades de otras para obtener un lucro indebido, puesto que los tiempos que hoy se viven definitivamente son difíciles para sacar adelante a la familia, y no es válido que quienes engañan a los demás, con la promesa de hacerles ganar dinero, no sean castigadas con todo el rigor de la Ley”, destaca uno de los considerandos del Decreto.
La dictaminadora concluyó que no existe un tipo penal específico que castigue el fraude realizado mediante un esquema piramidal, ya que dicha conducta se castiga como si se tratara de fraude genérico, con una sanción leve en comparación a la propuesta del legislador, por lo que consideraron que ésta viene a dar respuesta a un problema cada vez más frecuente en el Estado.
Serán castigados con prisión de hasta trece años y multa de diez a 250 Unidades de Medida y Actualización, quienes reciban dinero, valores o cualquier otra cosa por concepto de ahorro o inversión, y ofreciendo el ingreso a un sistema formal o informal de ahorro o inversión piramidal en el que se generaría a favor del ahorrador o inversor intereses o rendimiento de lo entregado, mismas que se incumplan en los plazos pactados.
Aprueban Acuerdo y turnan iniciativas
En el desarrollo de la sesión ordinaria, el Pleno aprobó un Acuerdo para que se concluya la integración del expediente del proyecto de decreto de declaración de Área Natural Protegida denominada “Sierra Pinta”, en los municipios de Puerto Peñasco y Plutarco Elías Calles, y en su caso emitan la resolución definitiva que corresponda.
A nombre del grupo parlamentario del PRI, el diputado José Luis Castillo Godínez dio lectura a la iniciativa con exhorto que está dirigida a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT; y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP. El Acuerdo se aprobó por unanimidad.
La Presidencia turnó a comisiones dictaminadoras tres iniciativas, la primera presentada por los integrantes de la Comisión del Agua, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo a la fracción VI del Artículo 108 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y se turnó para estudio a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El diputado Rodrigo Acuña Arredondo informó que la misma tiene por objeto establecer un periodo en el nombramiento de los directores generales de los organismos paramunicipales de la entidad, con el afán de darle seguimiento a los proyectos iniciados por dichos funcionarios, de manera que duren cuatro años en el cargo, previa consulta que se realice a los organismos de la sociedad civil especializados en materia hidráulica.
La Primera Comisión de Hacienda estudiará por su parte la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, presentada por el grupo parlamentario del PAN.
La diputada Lisette López Godínez sostuvo que la idea es que el Presupuesto de Egresos no sea manejado de forma discrecional por parte del Ejecutivo y se respeten las disposiciones del Congreso del Estado de Sonora, además de establecer que las modificaciones al mismo que sean mayores al 3 por ciento sean consensadas con el Poder Legislativo.
Y a la Comisión de Protección Civil se envió para estudio la iniciativa presentada por el diputado Carlos Manuel Fu Salcido, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora.
De lo que se trata, indicó, es de proteger la integridad física de las personas vulnerables frente a cualquier desastre natural, para lo cual se emitirían protocolos de actuación por parte de las autoridades, distribución de manuales de actuación en caso de desastre y la creación del dictamen estructural que los establecimientos tramitarían para garantizar la seguridad de sus instalaciones.
Antes de clausurar la sesión y citar para la próxima este jueves 26 de octubre, a las 10:30 horas, el diputado José Armando Gutiérrez Jiménez presentó un posicionamiento en relación a la designación de los consejeros electorales municipales por parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por lo que hizo un llamado a reponer el procedimiento ya que, dijo, se designaron perfiles con militancia en el PRI.
(Fecha de publicación 24102017)
