En Sonora debe fortalecerse la cultura de la prevención de la violencia y el delito Parte I
HERMOSILLO, SONORA. MX.— De acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), el concepto de seguridad pública debe entenderse desde una perspectiva más compleja que el enunciado en décadas pasadas, toda vez, que las amenazas de seguridad no se limitan a la esfera militar, sino que, estas incluyen problemas que presentan un impacto más directo en la existencia de las personas, provenientes de la violencia de pandillas, el crimen cibernético, el tráfico ilegal de drogas, las armas de fuego o de seres humanos. Para garantizar la seguridad de los pueblos, la Organización ha implementado como línea de acción la cooperación en varios frentes de seguridad, desarrollo de políticas regionales y diseño de estrategias para abordar una serie de amenazas.
Por otra parte, el sociólogo José Tapia Pérez en su estudio denominado “La inseguridad pública: causas y consecuencias” (El Cotidiano, núm. 180, julio-agosto, 2013, pp. 103-112), sostiene que la seguridad pública es un factor de atención que ha establecido procesos de política pública que incorpora la implementación de acciones policiales de “cero tolerancia” hasta la utilización de cuerpos de seguridad con militares, con las consecuencias que ello ha acarreado. Por lo que, se hace necesario establecer puntos de análisis de este enmarañado fenómeno social que no precisa soluciones fáciles ni inmediatas, sino acciones pensadas, que incorpore procesos de largo alcance que atiendan y solucionen las diferentes aristas que presenta el problema.
Sin duda, la inseguridad pública es un tópico que preocupa a la sociedad, constituye un tema de análisis entre investigadores y especialistas en la materia, conversación obligada entre las personas, es pues, un foco rojo que atrapa la atención de los ciudadanos por los alcances que presenta en las diferentes dimensiones de desarrollo del ser humano.
Los ciudadanos están hartos del clima de inseguridad, de la frustración que les produce experimentar violencia en su persona y en sus cosas, de saber que la justicia no es pronta, ni expedita, de observar que los delincuentes se pasean con total impunidad por las calles de la ciudad y de estar expuestos a ser re- victimizados.
En razón de ello, los ciudadanos, organizaciones no gubernamentales e instituciones decidieron salir a demandar que las autoridades “competentes” pongan freno a los altos índices de criminalidad que privan en la entidad, el problema no es exclusivo de Hermosillo, sino que, dicha problemática se extiende a diversos municipios de Sonora, lo que significa, que la articulación entre los diferentes órdenes simplemente no existe, o bien, sólo es simple simulación.
Resulta innegable, que e problema de inseguridad obedece a factores multidimensionales a los que el Estado mexicano debe responder sin demora, que pudiera ser, un plan emergente de acción, paralelo a la implementación de políticas públicas “reales” en materia de seguridad, las cuales, deberán ser orientadas a ofrecer alternativas de solución a la problemática expuesta por los ciudadanos.
Desde luego, políticas públicas que garanticen el cumplimiento de la obligación insoslayable que tiene el Estado frente a sus gobernados de proteger los bienes jurídicos que por naturaleza poseen los seres humanos.
En este sentido, se ha observado la falta de capacidad, talento y tacto político para combatir los altos índices delincuenciales en la entidad, NO BASTAN LAS BUENAS INTENCIONES, se precisa de acciones decididas para atacar la notable inseguridad que durante los últimos dos años se han disparado en Sonora.
El Observatorio Ciudadano de Convivencia y Seguridad del Estado de Sonora (OCCSES), destaca el comportamiento de nueve delitos de alto impacto que se presentaron en los principales municipios, durante el período que comprende de enero a octubre de 2016, como resultado del análisis de los datos duros, la agrupación ciudadana, resaltó la urgente necesidad de replantear las estrategias utilizadas para combatir la delincuencia, pues, distante de revertir la incidencia, ésta ha sufrido notable incremento.
El reporte presentando por el OCCSES, destaca datos interesantes, expuestos a continuación:
Hermosillo concentra el 34.44 % de las denuncias registradas en Sonora.
Ciudad Obregón inscribe la más alta tasa de homicidio doloso, sin que ello, signifique que el resto de los municipios escapan a esta problemática social.
La extorsión se incrementó en Hermosillo de manera alarmante (600%), mientras que el homicidio culposo aumentó su incidencia estatal en 9.54 % comparado para el mismo período el año anterior.
Los robos con violencia están a la alza, Sonora avanzó 17 posiciones, es decir, de la 20 pasó a ocupar la tercera posición en la estadística nacional.
En relación al robo a casa-habitación, Sonora ocupaba la posición 24 en 2015, sin embargo, para 2016 avanzó 16 posiciones, colocándose en el nada honroso octavo lugar. Naturalmente, en fechas próximas habrán de revisarse datos más recientes sobre la estadística criminal en la región y, sobre ellos, podrá realizarse en contraste de porcentajes por delito, tanto del fuero común, como del ámbito federal.
El reclamo de los ciudadanos no es fortuito, las autoridades gubernamentales -federal, Estatal y municipal-, se lo han ganado a pulso, puesto que el propio Estado los ha colocado en un plano de desigualdad, desventaja e indefensión social y jurídica, distante de ser simple percepción, puesto que la estadística criminal revela la cruenta realidad que se experimenta en Sonora.
Proporcionar seguridad dentro del marco de respeto a los derechos fundamentales es uno de los principales objetivos que debe tener presente el Estado, pero para ello es necesario implementar diversas acciones y estrategias.
Bajo esta premisa, Tapia Pérez (2013,), expone que: “el derecho penal ha jugado un papel fundamental como herramienta de control social. La planeación de la reacción del Estado contra la delincuencia existente en su territorio y contra los efectos generados por los fenómenos criminógenos recibe el nombre de política criminal, la cual es una sistematización sociopolítica y jurídica de las prioridades, actividades y medios dirigidos al control y eventual erradicación de los fenómenos delincuenciales suscitados en un territorio determinado”.
Sólo es posible captar el alcance garantista de la libertad personal cuando se analizan los espacios de legalidad que constitucionalmente tiene facultado el Estado para restringirla, porque constituyen los fundamentos jurídicos indispensables para motivar los alcances materiales de una detención legal.
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(Fecha de publicación 22052017)
